Baltasar Garzón

Baltasar Garzón

Algunos medios de comunicación empezaron a informar sobre la posibilidad de que el juez de la Audiencia Nacional de España Baltasar Garzón sea llamado a trabajar como asesor de la Ley de Víctimas. María Ángela Holguín, la canciller colombiana, no desmintió la versión según la cual se estarían dando pasos largos para concretar esta colaboración.

27 de enero 2011 , 12:00 a.m.

Al parecer, la ministra española de Asuntos Exteriores, Trinidad Jiménez, habría hecho la propuesta a su homóloga colombiana y Bogotá habría respondido que sí, a condición de que no fuera Colombia quien pagara los honorarios del actual asesor de la Corte Penal Internacional.

La noticia fue publicada por el diario ABC y difundida en la prensa colombiana. Esto hizo revivir las antipatías que provoca la figura a veces excesivamente mediática del controvertido jurista, pero no borró el hecho de que él es uno de los más tenaces defensores de la internacionalización de la justicia.

Habría que recordar que, en octubre del 2008, Garzón "se declaró competente para investigar la desaparición de víctimas del franquismo en tanto que crímenes contra la Humanidad". Pocos meses después, el Tribunal Supremo de España admitió una querella contra Garzón, interpuesta por el sindicato ultraderechista Manos Limpias.

A la querella se sumó el coro de otras organizaciones falangistas y tardofranquistas. Las investigaciones de Garzón podrían conducir a cementerios de víctimas y a la reavivación de la memoria histórica, congelada en más de 30 años de "convivencia" democrática.

Si la iniciativa de Garzón tomaba vuelo, la ultraderecha española, envalentonada por la derecha institucional de un Partido Popular en la oposición, volvería a ser protagonista en un juicio histórico que la vincularía con crímenes de Estado cometidos a partir de 1939, final de la guerra civil y comienzo de un régimen que terminó en 1975 con la muerte del Caudillo.

Hay motivos para creer que Garzón no será bienvenido en sectores de la derecha colombiana incrustada en el uribismo, en la 'parapolítica' o en sectores que temen a la justicia internacional. Garzón no tendría poder de decisión, pero su asesoría irritaría a quienes temen la aprobación de la Ley de Víctimas, una de las dos o tres iniciativas democráticas del gobierno Santos.

Quienes no quieren a Garzón tendrán otro motivo para creer que Juan Manuel Santos no ha hecho más que convocar en alianza a los enemigos ocultos o visibles del anterior presidente. No tanto porque la presencia del juez de la Audiencia Nacional Española pueda ayudar a fortalecer el tejido de una ley necesaria, sino por el temor de que venga a Colombia a acumular pruebas posteriormente útiles en investigaciones de la Corte Penal Internacional.

A Garzón no lo suspendieron porque no fuera posible investigar las desapariciones y crímenes del régimen franquista, sino porque se declaró competente para hacerlo desde la Audiencia Nacional. La venganza contra el hombre que ordenó en 1998 la detención del dictador Augusto Pinochet adquirió apariencia jurídica con la decisión de suspenderlo por "prevaricato".

Las circunstancias de esta sanción empezaron a ser malinterpretadas en Colombia. Y lo serán más a medida que se concrete la propuesta de tener a Garzón como asesor de la Ley de Víctimas, no tanto porque Rodríguez Zapatero le consiga puesto a un juez incómodo y temido en las investigaciones sobre derechos humanos, sino porque esta asesoría hace parte de los mensajes diferenciadores que Santos ha estado enviando a la comunidad internacional.

salypicante@gmail.com

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