Estrenando la ley de salud

Estrenando la ley de salud

21 de enero 2011 , 12:00 a.m.

Después de mucho padecer los problemas de financiación, calidad, cobertura y oportunidad del sistema de salud, el país estrenó ayer, por fin, la legislación que lo reforma. Resulta lógico que los colombianos se pregunten hoy si la Ley 1438, sancionada el pasado miércoles por el presidente Juan Manuel Santos, resolverá la profunda crisis que mantiene al borde del colapso a este sector.

Lo primero que hay que reconocer es que la norma contiene algunos beneficios para los usuarios, dignos de destacar. Entre ellos se cuentan la posibilidad de que una persona sea atendida en cualquier lugar del país, independientemente del sitio en el que se haya afiliado, y la prohibición expresa, a aseguradores y prestadores, de imponer limitaciones de cualquier tipo que bloqueen el acceso de la gente a los servicios de salud. También se eliminan las multas que se imponían a los usuarios y quedó sentado que los planes de salud (POS) por fin serán actualizados, de manera regular.

Nadie puede poner en duda la buena intención, plasmada en el texto de la norma, de darle un viraje a la forma de asumir la salud pública, privilegiando lo preventivo sobre lo curativo y brindando atención preferente a la infancia y la adolescencia (incluida la gratuidad para niños con discapacidad o afectados por enfermedades catastróficas o ruinosas).

Es necesario resaltar, asimismo, el compromiso del Gobierno de perseguir a los corruptos que durante años han desangrado el sistema, amparados en el desorden administrativo imperante a todo nivel, así como la búsqueda de nuevas fuentes de recursos.

Sin embargo, es evidente que muchos de los 145 artículos de la ley son enunciados que no podrán llevarse a la práctica si no media un riguroso y equilibrado proceso de reglamentación. Sin eso, hasta los aspectos más positivos de la 1438 pueden quedar en el aire, como ocurrió con muchos de los postulados de la Ley 100 de 1993.

Sobra decir que no es una tarea fácil, si se tiene en cuenta que al sistema de salud -que mueve más de 30 billones de pesos al año- lo rondan hambrientos y poderosos intereses, que no están dispuestos a ceder los beneficios que han ganado. Dicha realidad afloró durante el proceso de construcción de la reforma.

Por esta razón, la reglamentación debe estar claramente mediada por la concertación y un norte imperdible: la defensa de los usuarios. Quizás algo de esto faltó en la discusión de esta nueva apuesta legislativa. Quedó demostrado con la abierta descalificación que de la normatividad hicieron los médicos y profesionales de la salud, encabezados por la Academia Nacional de Medicina, órgano consultor del Gobierno en estos temas.

En sus manifestaciones, han dicho que la flamante ley no resuelve problemas estructurales del sector y que aún no queda claro por qué, pese a las enormes inversiones, la salud de los ciudadanos y la atención que reciben siguen sin mejorar.

Se quejan, además, de que sus advertencias y observaciones al respecto no fueron tenidas en cuenta. Es lamentable que los legisladores y el Gobierno no les hubieran dado la debida importancia.

Estas diferencias deben superarse, si lo que se quiere es enfrentar con altura la reglamentación de la 1438 y la discusión de la ley estatutaria, que regulará el derecho a la salud de los colombianos, en cumplimiento de lo ordenado por la Corte Constitucional.

El país -que quede claro- no se puede equivocar otra vez ni desperdiciar la oportunidad de darle forma a un sistema que beneficie de verdad a la gente, que se mida por indicadores de salud y en el que los recursos tengan un manejo justo y transparente.

En la reglamentación de las nuevas normas, así como en el debate de la ley estatutaria, reposa la oportunidad para modelar un sistema de salud digno y eficiente

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