Defensores de militares llevarán sus casos a CPI

Defensores de militares llevarán sus casos a CPI

Al mediodía del lunes 15 de abril de 1996, 45 militares del batallón Cabal se desplazaban en un convoy por el páramo Santa Rosa, en Puerres (Nariño), luego de prestar vigilancia en el Oleoducto Transandino. Hablaban de lo que iban a hacer cuando terminaran de prestar su servicio militar, 20 días después.

11 de enero 2011 , 12:00 a.m.

En medio de la charla fueron sorprendidos por el ruido de las explosiones.

Cerca de 300 guerrilleros del bloque Sur de las Farc los atacaron con más de cien canecas de plástico cargadas con dinamita. Luego, cuando los militares intentaban salir de los vehículos, los guerrilleros les prendieron fuego: 31 de ellos murieron incinerados.

Por este hecho, que fue el inicio de una escalada guerrillera sin precedentes contra la Fuerza Pública no hay un solo sindicado. El proceso sigue en etapa preliminar y está a punto de prescribir.

Este y otros ataques a militares en estado de indefensión, así como secuestros y desapariciones, motivaron a que un grupo de abogados, asociados en Demil (Defensoría Militar), crearan la Oficina de Soldados Víctimas del Terrorismo, que se encargará de llevar los casos ante la Corte Penal Internacional (CPI).

Las cifras "Si bien es cierto que ellos estaban prestando un servicio al país como combatientes, sus familias también tienen derecho a la reparación y la justicia y a que los victimarios sean castigados", señala uno de los abogados de Demil.

El grupo de defensores, que ya ha recibido amenazas -por lo que elevó una solicitud de medidas cautelares ante la OEA- tiene documentados 10.248 casos de muertos, heridos (mutilados y lisiados), desaparecidos y secuestrados. Las cifras corresponden a hechos ocurridos entre el 2003 y el 2009.

En el último semestre, Demil elevó 9.000 derechos de petición para conocer el estado de los procesos y el 90 por ciento, según el organismo, está en la impunidad ya que todos los casos siguen en etapa preliminar; esto quiere decir que no hay vinculados ni condenas contra los victimarios.

A esta lista se suman varios casos ocurridos desde 1996, como el de Puerres, en el que los abogados lograron constatar que los uniformados no murieron en combate sino que fueron asesinados, muchos de ellos fusilados.

De los que no se sabe nada Pero otro es el caso de los que literalmente se los tragó la tierra. En el listado de la Defensoría Militar hay 127 uniformados desaparecidos. Sin embargo, sumando los casos de la década de los 90 la lista podría llegar a 300. Por ejemplo, nadie supo que pasó con los soldados Hermes Escobar Correa y Jhon Freddy Parra Acevedo, quienes estaban en El Billar (Caquetá), el día de la toma, el 3 de marzo de 1998.

"Por ellos, y por los otros de los que nunca se supo nada vamos a llevar sus casos ante las cortes internacionales por denegación de justicia. Ellos también merecen la verdad total", agrega otro abogado.

Por ahora ya hay dos denuncias ante la CPI: una por minado indiscriminado y otra por reclutamiento de menores.

jinbed@eltiempo.com.co.

Estragos de las minas MAYORÍA DE VíCTIMAS SON POR EXPLOSIVOS.

Uno de los puntos centrales de las denuncias de Defensoría Militar (Demil) ante la CPI será por heridos mutilados por acción de las minas sembradas por la guerrilla.

Entre las solicitudes que Demil hará en las demandas está el de incentivar un mecanismo que mantenga una memoria histórica sobre los responsables de las minas, ya que en el caso de los militares no hay un solo condenado por este delito.

"Pedimos igualdad de derechos", recalca Demil

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