ECONOMÍA BAJO FUEGO

ECONOMÍA BAJO FUEGO

El jueves pasado, a las 10:30 de la noche, hombres del frente 19 de las Farc ubicaron estratégicamente un cargamento de dinamita en la vía férrea por la que la multinacional Drummond transporta millones de toneladas de carbón cada año.

01 de julio 2001 , 12:00 a.m.

El jueves pasado, a las 10:30 de la noche, hombres del frente 19 de las Farc ubicaron estratégicamente un cargamento de dinamita en la vía férrea por la que la multinacional Drummond transporta millones de toneladas de carbón cada año.

Quince metros de rieles quedaron retorcidos y las operaciones de transporte de carbón entre las minas de la Jagua de Ibirico (Cesar) y el puerto de Parare (Magdalena) se congelaron durante nueve horas.

Ya van siete atentados contra la Drummond este año. Su taxímetro de pérdidas marca 25 mil millones de pesos y, extraoficialmente, se habla de que las maletas de varios de sus ejecutivos están listas para salir de Colombia.

Hace menos de cuatro días, también en el Cesar, la guerrilla asesinó a sangre fría a cuatro ganaderos de la región. Ya son 143 los muertos que este gremio ha puesto en los últimos cuatro años.

En su sombrío balance, los ganaderos- a través de la Federación de Ganaderos de Colombia- también incluyen el secuestro de 2.223 de sus miembros- 223 este año-, el pago de más de 2.655 millones de pesos por cuenta de secuestros, extorsiones y costos de inseguridad y una menor productividad del sector que alcanza el 38,5 por ciento acumulado.

En julio, Caño Limón, el segundo campo petrolero más importante del país, completará cuatro meses de estar prácticamente paralizado. El año pasado alcanzó a bombear 115 mil barriles de petróleo al día. Hoy, escasamente se extraen 2 mil barriles diarios de ese pozo.

Las pérdidas superan los 380 millones de dólares, más de 500 personas han perdido su empleo por la parálisis y las arcas de municipios y departamentos han dejado de recibir más de 180 mil millones de pesos en regalías. El tubo no aguanta una voladura más. En el 2000 hubo 96 explosiones, este año la cuenta va en 106.

No es extraño entonces que en el primer trimestre del año, el volumen del petróleo exportado disminuyó en 22,5 por ciento.

Hombres de camuflado, con brazaletes de las Farc o del Eln son el denominador común de estas tres tragedias que en plata blanca han constado más de un billón de pesos e irreparables pérdidas en vidas humanas.

Fuga e impacto.

Esto podría parecer una escena del país que se ha repetido una y otra vez en los últimos años. Sin embargo, el episodio de la posible pérdida de la sede de la Copa América- a raíz del secuestro del dirigente deportivo Hernán Mejía Campuzano- más allá del dolor patrio y de la frustración de los hinchas, dejó una gran preocupación sobre la nueva gama de consecuencias que está provocando la guerra en Colombia.

Esta bofetada al país que tiene en vilo a medios de comunicación, empresas de turismo e, incluso, a vendedores de camisetas y banderines que le apostaron a la Copa unida a las extorsiones, el boleteo, los bombazos y el sabotaje a empresas, desencadenaron en muchos ciudadanos la sensación de que, por primera vez, en los más de 40 años de enfrentamientos, se resquebraja seriamente la otrora sólida coraza que cubría a la economía colombiana.

Según el Consejo Gremial Nacional, de no existir el conflicto armado, el crecimiento de la economía en los últimos diez años habría sido el doble del obtenido y el desempleo que hoy afecta a 2i 654.000 personas sería de la mitad.

Pero el conflicto existe y expertos calculan que el freno que le está poniendo a la economía representa para el país el 5 por ciento de su Producto Interno Bruto, calculado por el Consejo Nacional de Política Fiscal en 87.700 millones de dólares.

Ese estancamiento afecta desde el nivel promedio de vida de la población hasta los avances de indicadores sociales en materia de educación, salud e ingresos, entre otros.

Pero esa es tan solo una parte de la historia. Las acciones de 20 mil hombres- cerca de 15 mil de las Farc y 5 mil del Eln- , en un país de 38 millones de habitantes, también han desencadenado la fuga de capitales que no encuentran en Colombia terreno fértil para su desarrollo.

Según cifras de la Asociación Bancaria, la inversión de colombianos en el extranjero se ha disparado en el primer semestre del 2001. Mensualmente salen 39 millones de dólares.

Además, los 1 100.000 colombianos que han salido del país en los últimos tres años- dice la Dian- se han llevado consigo cerca de 5.000 millones de dólares, cifra que equivale a cinco planes Colombia.

Muchos de los que sacan sus capitales son empresarios o personas naturales que ya no soportan la extorsión. Y es que desde la expedición de la llamada ley 002 de las Farc, hace poco más de un año, el boleteo ha tomado un inesperado crecimiento.

En un día de fin de semana la Policía puede llegar a interceptar y devolver a Bogotá hasta 12 personas que toman la carretera hacia las montañas de Cundinamarca con el único propósito de ir a pagar el impuesto que les han fijado las Farc.

Los montos varían, hay quienes hablan de 2.000 millones y hasta de 3.000 para multinacionales. A marzo de este año, los organismos de seguridad estimaban que la organización subversiva había recaudado más de 250.000 millones por esta vía.

Las autodefensas no se quedan atrás. Les cobran a los finqueros por cada hectárea que tengan. La tarifa varía según la zona del país y según su uso. En Urabá se dice que cobran a algunos industriales 50 centavos de dólar por cada caja de banano que se exporta.

Lo que es peor es que los verdaderos efectos del conflicto, si se sigue degradando, se sentirían con mayor rigor en el largo plazo: cálculos económicos indican que dentro de 30 años los colombianos podrían ser ocho veces más pobres de lo que lo son ahora.

Grandes y pequeños.

Pero los daños que deja la violencia no se sienten únicamente en las oficinas y cuentas de multinacionales. Grandes, medianas y pequeñas empresas han visto cómo sus negocios son afectados o, incluso, quiebran por cuenta de acciones de la subversión.

El hostigamiento contra las distribuidoras de bebidas gaseosas y jugos- en el norte del Tolima, suroccidente del Huila y sur de la Costa ha llevado a que la comercialización de estos productos se restrinja.

Incluso, hay zonas vedadas para la venta de productos de empresas que, como Postobón, se han negado a pagar extorsiones. A esa sola organización le han quemado o tirado a los abismos más de 200 camiones distribuidores y le han cerrado el ingreso a mil de las 50 mil zonas que mensualmente cubren.

La pena por el no pago es la voladura de plantas y fincas. Por ejemplo, hace tres semanas guerrilleros del frente 41 de las Farc dinamitaron dos fincas en Becerril (Cesar) y mataron a fusil y machete 200 reses y quemaron tractores y maquinaria.

Estos hechos ya empezaron a afectar la cotidianidad de la gente, pues ya no se trata del carbón que se exporta o del oleoducto lejano que explota.

A este clima de zozobra que ya respiran nuestros vecinos y que quedó evidenciado con el temor de venir a Colombia a jugar un torneo de fútbol- se sumó la amenaza del domingo pasado de desatar una guerra urbana por parte de las Farc. El anuncio tuvo como ejemplos de ilustración el asalto a la cárcel La Picota de Bogotá y la voladura de torres de energía en barrios periféricos de Medellín.

Ya van 155 torres derribadas este año, de las cuales 137 pertenecen a ISA. Y si bien, la reparación de los tramos afectados la pagan las empresas, los sobrecostos que genera traer energía de otros sectores salen del bolsillo de los usuarios.

No deja de rondar la preocupación de hasta qué punto, si las voladuras continúan, puedan producir apagones permanentes con sus graves secuelas para la productividad y la vida diaria de la gente.

En este momento crítico es entonces cuando más cierto parece, como dice el director de Fedesarrollo, Juan José Echavarría, que la paz es el proyecto económico más importante del país y por eso se justifica hacer todas las inversiones posibles en su realización.

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