TORPEDOS ANTICONSTITUCIONALES

TORPEDOS ANTICONSTITUCIONALES

Cuando el presidente de la Dirección Liberal Nacional, Luis Guillermo Vélez, denunció un complot para echar a pique el sistema constitucional mediante la convocación precipitada, irregular y acomodaticia de una Asamblea Constituyente, hubo cierta sonrisa de indiferencia, incredulidad y escepticismo, aunque llevara implícito el desconocimiento sibilino de las urnas electorales y de sus reglas.

03 de julio 2001 , 12:00 a.m.

Cuando el presidente de la Dirección Liberal Nacional, Luis Guillermo Vélez, denunció un complot para echar a pique el sistema constitucional mediante la convocación precipitada, irregular y acomodaticia de una Asamblea Constituyente, hubo cierta sonrisa de indiferencia, incredulidad y escepticismo, aunque llevara implícito el desconocimiento sibilino de las urnas electorales y de sus reglas.

A poco, sin embargo, se revelaron dos maquinaciones de esta naturaleza, ambas orientadas a desquiciar la continuidad democrática: la una al margen de la guerrilla, la otra de brazo con ella. Mientras tanto, ansiosos de sustraernos a las circunstancias pungentes, surgió el ímpetu de rasgarse las vestiduras por los tropiezos de la Copa América y de hacer de labios para fuera encendidas protestas, sin caer en la cuenta de la necesidad de poner la casa en orden.

Simultáneamente, con motivo de los diez años de la Constitución del 91, se ha resuelto ensayar su balance, más sobre sus preceptos que sobre sus resultados. Tan retórica y minuciosa en la enumeración de los derechos individuales y sociales, no parece haber prevalecido el interés de comprobar en qué ha regido y en qué se la ha ignorado u hollado. La tendencia escapista se orienta a reemplazarla de pies a cabeza o a instaurar plebiscitariamente un régimen de facto. Escasas mentalidades se detienen a escrutar las razones para no haber conseguido o deseado aplicarla en aspectos esenciales.

Por ejemplo, en cuanto dispone que el derecho a la vida es inviolable. O que nadie será sometido a desapariciones forzadas ni a tratos crueles, inhumanos o degradantes, como el secuestro. Prohíbe la trata de seres humanos en todas las formas y obliga a las autoridades a garantizar los derechos y libertades de todos los colombianos. Consagra el del trabajo en condiciones dignas y justas, así como el de circular libremente por el territorio nacional: escarnecido el primero por políticas de responsabilidad estatal y el segundo por obra impiadosa de la insurgencia.

La definición de Colombia como Estado Social de Derecho no ha sido obstáculo para asumir criterios y conductas a contrapelo de este categórico principio, complementado con el mandato de intervenir para dar pleno empleo a los recursos humanos. Desde el poder público, se ha procedido exactamente al revés. So pretexto de estabilizar el agrietado sistema económico, se han prohijado abiertamente la desocupación, la pauperización, el marginamiento y las migraciones a la topa tolondra.

En las declaraciones a propósito del aniversario de la Constitución, al idóneo fiscal general de la Nación, Alfonso Gómez Méndez, se le salió decir con ligereza que el tema económico ha funcionado bien . No tal. Ni mucho menos. Deplorablemente ha funcionado. Con parálisis del desarrollo y gravísima recesión en tanto el eje cíclico del Hemisferio disfrutaba de auge impetuoso.

En parte por ignorar las disposiciones constitucionales y en parte por distorsionarlas en virtud de la autonomía todopoderosa del Banco de la República y de su inclinación a excluir la variable del empleo en la formulación absurdamente soberana de las políticas macroeconómicas.

Impaciencia de reinstituir y gobernar.

Aquí se vive pensando en función de renovación constitucional, sin perjuicio de cerrar los ojos a las consecuencias de las normas en vigor, y, en particular, sin examinar si se cumplen o no se cumplen. Al favor de la perturbación del orden público, de suyo reñida con sus textos, cuando no de dogmáticas ventoleras, se va abriendo paso el consenso inadvertido de que cesen de regir o de que complacientemente prevalezcan las subversivas con eficaz apoyo intimidatorio.

Hasta hace más bien poco, predominaba la idea del conflicto prolongado y de su solución en diez o veinte años. Parejamente, en lo económico, la aversión a las medidas de corto plazo y la predilección por aquellas que se impusieran para cuando todos estemos muertos, según las palabras incisivas de Keynes. La peregrinación por el desierto hacia la remota Tierra Prometida y el sofisma de distracción de la utopía distante daban trazas de ser la fórmula preferida.

En la actualidad, ciertos brotes de impaciencia se echan de ver. Las Farc no ocultan ya su gana de gobernar y, al efecto, sugieren un gobierno de reconciliación nacional que se comprometa a realizar los doce puntos de la agenda común, acordados en la mesa de diálogo. La conspiración anticonstitucional y proconstituyente prematura de que hablara el jefe liberal -o una de ellas- va tomando forma, sin ambages. Cederán las autoridades legítimas a los cantos de sirena o procurarán honrar el juramento de cumplir y hacer cumplir la Carta teóricamente vigente, mientras no se la derogue o modifique en la forma debida?.

abdesp@cable.net.co

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