¿Vendrán más impuestos? La Emergencia

¿Vendrán más impuestos? La Emergencia

Al igual de lo ocurrido con el desbordamiento del río Páez en 1994 y el terremoto del Eje Cafetero en 1999, la justificación de la Emergencia que declaró el Gobierno el pasado 7 de diciembre no será materia de gran controversia constitucional. Lo que está en discusión es más bien qué va a hacer el Gobierno con la Emergencia, especialmente en el campo tributario.

19 de diciembre 2010 , 12:00 a.m.

Desde Washington, las entidades multilaterales de crédito le han recomendado no establecer nuevos impuestos para financiar la atención de la población afectada, así como las inversiones que requerirá la reconstrucción de la infraestructura destruida. Este no es un buen consejo. La recomendación de Washington significa, en la práctica, aumentar el nivel de endeudamiento del Gobierno y despreocuparse del mayor déficit fiscal que esto implica. Como la economía no está en plena forma, el impulso fiscal adicional puede servir también para llevar la producción a su nivel potencial. Esto suena tan atractivo que es mejor pensarlo dos veces. Lo primero que hay que decir es que hoy por hoy resulta imposible calcular el verdadero costo de la emergencia invernal. La población damnificada crece todos los días, mientras que el costo de la reconstrucción solo podrá cuantificarse con precisión cuando las inundaciones cedan. Ante tanta incertidumbre, la prudencia invita a prepararse con una mezcla de recursos que combinen tanto los ingresos tributarios como el mayor endeudamiento. Financiar los mayores gastos exclusivamente con deuda es arriesgado. Colombia ya tiene un déficit fiscal alto para los estándares de América Latina, cercano al límite que toleran los mercados financieros internacionales que, pasado cierto punto, se vuelven intolerantes e implacables. El mejor ejemplo del momento es España, a la que le financiaron los excesos hasta que le retiraron la confianza. Los flujos de financiamiento son caprichosos: el déficit que hoy parece manejable, mañana puede resultar excesivo. Por eso, a los decretos de Emergencia hay que añadirles un componente tributario, gústenos o no. Además, este es el momento para hacerlo. Los estados de excepción representan una oportunidad única para tomar decisiones que normalmente enfrentan grandes obstáculos políticos. La pregunta que se hace el Gobierno en estos días es cuáles impuestos aumentar. La mejor opción disponible es el impuesto al patrimonio, por razones de solidaridad y equidad. El estatuto tributario establece que la tarifa de este impuesto es 2,4 por ciento cuando el patrimonio líquido excede tres mil millones de pesos (la tarifa se eleva a 4,8 por ciento para los patrimonios líquidos superiores a cinco mil millones de pesos). Esto quiere decir que hay un buen número de personas naturales y jurídicas con amplia capacidad económica que se quedarán por fuera de la foto que tomará la Dian a partir de los balances a 31 de diciembre próximo. Resultaría plenamente razonable aprovechar la Emergencia Económica para incluir un mayor número de contribuyentes en la base de este impuesto. Por ejemplo, se podría aplicar el impuesto a los patrimonios que a 31 de diciembre se encuentren entre dos y tres mil millones de pesos, con una tarifa de 1,2 por ciento, que implica cierta progresividad. Por supuesto, dado que los impuestos que se decreten por la vía de la Emergencia no pueden ser retroactivos, el decreto correspondiente debería ser expedido en una fecha cercana al año nuevo. Es bien sabido que muchos patrimonios han tratado de ubicarse estratégicamente por debajo de los tres mil millones para no ser gravados. Con una medida como la propuesta no habría mucho tiempo para reaccionar y eludir el impuesto. Los que estaban pensando pasar agachados quedarán en la foto

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