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Nóminas paralelas, ¿por ahorro o favores políticos?

Nóminas paralelas, ¿por ahorro o favores políticos?

Las nóminas paralelas, polémicas porque generalmente salen a flote en medio de escándalos por favores políticos, se han convertido en una práctica recurrente en entidades del Estado, hasta el punto de que el propio director de Planeación Nacional, Hernando José Gómez, acepta que allí hay más contratistas que trabajadores de planta. (VER INFOGRAFÍA: PANORAMA PARCIAL DE LAS NÓMINAS PARALELAS)

Por: REDACCIÓN EL TIEMPO
19 de noviembre 2010 , 12:00 a. m.

“Es cierto que hay mucho contrato por prestación de servicios y no es sano, pero las entidades tienen que funcionar y hay restricción para la contratación de empleados de planta, porque el gasto del Estado en funcionamiento no puede aumentar, según la ley”, añade Gómez.

Y en el Sena el caso es crítico. Mientras los trabajadores de planta son 6.904, hay 25.067 contratos de prestación de servicios, es decir, sin la debida vinculación laboral. El director general (e.) de la institución, Orbidio Velandia, explica que esto ocurre por el volumen de estudiantes para atender, que sobrepasan los 8 millones.

Pero fue precisamente la contralora general, Sandra Morelli, la que alertó sobre las nóminas paralelas al denunciar que en la misma Contraloría, sólo durante el 2009, se hicieron contratos por 18.000 millones de pesos, a 1.003 personas. Ahora, el auditor general, Iván Darío Gómez Lee, le redondea la cifra y dice que un estudio comprobó que en los 4 años anteriores, 2.700 personas fueron contratadas por la Contraloría en nóminas alternas, con un costo de 53.000 millones.

Pero más allá de este caso, el hecho es que el número de contratos por prestación de servicios en instituciones del Estado –una sola de las modalidades de nóminas paralelas– asciende a 122.705, según la Auditoría General.

Si el total de empleados públicos es de 1’013.713, habría un 12,1 por ciento con contratos fuera de nómina, pero el director del Centro de Investigaciones para el Desarrollo (CID) de la Universidad Nacional, Jorge Iván González, dice que estudios les indican que “un 30 por ciento de los empleados del Estado” serían de nóminas paralelas.

La Contralora General afirma que “estos contratos no son la mejor manera de hacer la misión del Estado”. Y añade que en el caso de esa entidad, “muchas de las personas que los ejecutan no tienen las habilidades, los resultados no fueron buenos y las auditorías tuvieron que ser corregidas por el personal de planta”.

Con relación a si cabe o no una investigación contra su antecesor, Julio César Turbay, Morelli se abstuvo de opinar, argumentando que eso le corresponde a la Auditoría General. Dijo, eso sí, que la Contraloría iniciará juicios de responsabilidad fiscal contra varias entidades donde se registran nóminas paralelas.

No hay ahorro: Auditor El hecho es que el ahorro no es un argumento que pueda sostenerse en todos los casos. Según la investigación de la Auditoría General, en las 31 gerencias departamentales adscritas a la Contraloría General, “la ineficiencia es tal” que dejaron prescribir 280 procesos de responsabilidad fiscal por 63 mil millones de pesos. Y recuperaron solo 5.000 millones, de 955.000 que tenían en trámite. “¿Para qué sirvieron los 2.700 contratos de prestación de servicios en los que se gastaron 53.000 millones de pesos?”, se pregunta el Auditor. Incluso, denuncia que si bien se creó una ley de ajuste fiscal en el 2000 y luego se hizo el Programa de Reestructuración de la Administración Pública, que congeló los concursos públicos para vincular de planta a empleados, no se ve una reducción en los gastos. “Se ha reducido el gasto de funcionamiento en lo que tiene que ver con el pago de nómina, pero sólo porque los contratos de prestación de servicios se financian con un rubro que se llama proyectos de inversión. El Estado, en apariencia, tiene las finanzas sanas porque reduce sus gastos de funcionamiento, pero en realidad lo que se hizo fue trasladarlos”, añade.

Y congresistas como Luis Carlos Carlos Avellaneda se atreven a decir que las nóminas paralelas no son más que un mecanismo para pagar favores políticos.

Además, detrás de esta modalidad de contratación hay muchos ciudadanos que aceptan los trabajos por necesidad. Y si bien abrigan la esperanza de llegar a vincularse de planta, con frecuencia bajan la guardia en el rendimiento al ver que pasan los días y no cambian las circunstancias. Esto, obviamente, va en contra de la función pública. Y como si fuera poco, en contra de los trabajadores, que terminan cumpliendo su labor sin las prestaciones sociales del caso.

El Auditor es inexacto y malintencionado: Turbay El ex contralor Julio César Turbay Quintero les salió al paso a las acusaciones de que montó una nómina paralela de más de 53.000 millones de pesos en su administración.

Dijo que los señalamientos del auditor, Iván Darío Gómez, son “falsos, malintencionados e inexactos”, y recordó que en abril pasado ese mismo funcionario reveló un informe sobre contratación de servicios en la Contraloría y dijo que “se había hecho uso adecuado del patrimonio estatal”. Turbay agregó que no acepta las acusaciones del Auditor, de quien dijo que “es un sinvergüenza que quiere saltar a la fama por cuenta mía”.

En el informe del Auditor en abril, según el ex contralor, quedó claro que “no hubo nómina paralela” durante su gestión

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