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Oposición con estatuto

Oposición con estatuto

Una de las iniciativas más importantes de este gobierno es el “estatuto de la oposición”, el paquete de medidas que busca fortalecer el ejercicio de la oposición política en el país. Con este propósito, el ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, visitó a la presidenta del Polo Democrático, Clara López, a mediados de agosto, y, desde entonces, se ha venido discutiendo el contenido de un proyecto que, desafortunadamente, ha recibido escasa atención pública.

Por: REDACCIÓN EL TIEMPO
12 de noviembre 2010 , 12:00 a. m.

El estatuto contemplaría diversos asuntos relacionados con actividades propias de la oposición en democracia. En particular, buscaría fortalecer las condiciones que les permiten a los partidos de oposición fiscalizar las acciones de los gobiernos y proyectarse como alternativa de poder. Para ello, se están examinando diversos temas: la financiación complementaria de gastos de funcionamiento de la oposición, el derecho a la réplica, su representación en las autoridades electorales y en la comisión asesora de asuntos exteriores, su acceso a cargos oficiales de fiscalización (Procuraduría y Contraloría), la forma de velar por el respeto de los derechos de la oposición.

Podría existir algún consenso en ciertos temas. El derecho a la réplica y la financiación complementaria parecen además justas medidas para garantizar la mayor competitividad del sistema político. El “derecho a la audiencia” –que obligaría al Gobierno a informar a la oposición de los proyectos legislativos– debería ser de automática acogida.

Otros suscitan más controversia. Que la Procuraduría o la Contraloría se pongan por ley en manos de la oposición sería politizar de antemano tales cargos. La discusión sobre representación de la oposición en las autoridades electorales debería extenderse a un debate más amplio sobre la conformación del Consejo Electoral. La necesidad de lograr consensos en política exterior es una razón de peso para abrirle espacio a la oposición en la comisión asesora.

La poca información asequible sugeriría que la discusión se ha dado solo entre representantes del Gobierno y del Polo. Más aún, que se estuviese concibiendo un paquete legislativo dirigido a la oposición del momento. Como advirtió Clara López, “el estatuto no es para el Polo, sino que desarrollará la Constitución hacia adelante”. “La voz de los ‘verdes’, segundos en la campaña presidencial –observó un editorial de EL TIEMPO–, constituye un insumo imprescindible en el diseño final de estos mecanismos, ya que aquellos pretenden ejercer un estilo de crítica distinto del tradicional.” Aunque suene ingenuo, los mismos representantes del Gobierno tendrían que hacer esfuerzos para adoptar actitudes de oposición durante la discusión del estatuto. Muy simple: deben concebir el proyecto bajo el entendimiento de que serían eventuales beneficiarios. Con algo de modestia, podrían aceptar la posibilidad futura de estar en la oposición –allí estuvo el Partido Liberal en los últimos ocho años–. En efecto, los partidos de la coalición del Gobierno central se encuentran en la oposición frente a algunos gobiernos locales. El estatuto de la oposición debería diseñarse no sólo para la política nacional.

Quizá sea más necesario en la política municipal y departamental.

La discusión sobre el estatuto de la oposición toca la médula de toda democracia. Nada más, ni nada menos. Un tema complejo y de tan sumo interés debería ocupar más la atención pública. Su debate y eventual adopción tendrían que servir además para fortalecer la legitimidad de nuestro sistema político.

Para acercarnos definitivamente a la famosa definición de Juan Linz y Alfred Stepan sobre la “consolidación” de la democracia, “el único juego” posible en la disputa por el poder

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