En él se endurecieron las sanciones contra las perturbaciones del orden público (ver recuadro) y la Justicia Penal Militar quedó encargada de conocer de los delitos políticos a través de juicios orales.
El Estatuto es la aplicación en Colombia de la llamada Doctrina de la Seguridad Nacional, según la cual las Fuerzas Armadas debían combatir al enemigo interno que amenazaba los intereses nacionales. La analista Catalina Jiménez afirma que eso llevó a los militares a considerar que cualquier opositor o crítico al Estado era una amenaza a los valores políticos trascendentales de la nación.
Para muchos, la medida contrarresta la amenaza guerrillera. Si usted es un hombre honrado, ( ) un hombre que no es subversivo, ¿por qué va a estar contra el Estatuto de Seguridad?, preguntó un alto oficial militar. Los industriales decían que las Fuerzas Armadas, en su encargo de defender la Nación, deben tener el apoyo solidario y permanente de todos los estamentos sociales.
Pero sectores de oposición, académicos, intelectuales y personas del común, al igual que organizaciones internacionales, denuncian abusos de los militares. Además, el gobierno Carter en EE.UU. y las nuevas democracias en el sur del continente ponían el ambiente de la región a favor de la defensa de los DD.HH. y lejos de las tesis de la Seguridad Nacional.
En medio de la presión, el presidente Julio César Turbay invitó al país a una comisión de Amnistía Internacional (AI). El organismo afirma que el Estatuto conduce a violaciones de los derechos humanos y recomienda levantarlo, y afirma que las condiciones en las que hicieron las detenciones posibilitan o facilitan la tortura.
El 9 de junio de 1982, Turbay derogará el estado de sitio y, con él, el estatuto de seguridad.
Duras penas Participar en manifestaciones callejeras e incluso, cubrirse el rostro quedó penado con un año de cárcel. Llevar a cabo acciones contra el orden público tiene una pena hasta de ocho años de prisión
