Propuesta indecente

Propuesta indecente

Tal vez los dos más importantes retos de la economía colombiana son los de reducir la tasa de desempleo y de informalidad. ¿Cómo promover la contratación formal cuando existen mecanismos claramente opuestos a su aplicación?

19 de agosto 2010 , 12:00 a. m.

Un trabajador con un salario mínimo de 515.000 pesos cuesta, teniendo en cuenta el subsidio de transporte, los aportes a salud, pensiones, riesgos profesionales, primas de servicios, cesantías e intereses, vacaciones remuneradas, aportes parafiscales y dotaciones en especie, la suma de 907.551 pesos mensuales. Se rige por todas las condiciones estipuladas en el Código sustantivo del trabajo, lo que implica un relativo alto grado de estabilidad.

Una persona que tuviese un contrato de prestación de servicios equivalente (907.551 pesos) deberá pagar por salud y pensiones, cotizando únicamente sobre el salario mínimo aproximadamente, 60.000 pesos en pensiones y salud, y le será descontado aproximadamente el 11 por ciento por retenciones, (100.000 pesos). Por lo tanto, recibirá 747.000 pesos netos. No tiene estabilidad de ningún tipo, ni licencias de maternidad, vacaciones, acceso a las cajas de compensación o aseguramiento de riesgos profesionales, o si lo desea debe pagarlo. Se rige en su relación contractual por el Código de Comercio, es en esencia simple y llanamente una mercancía y no un trabajador.

Dicen que se puede tener varios contratos, que no hay horario, que no se debe más que cumplir con el objeto contractual. Desafortunadamente, en la práctica la inmensa mayoría de ellos deben trabajar más allá de las 48 horas laborales semanales, máximo establecido por la ley. Bastaría para confirmar lo anterior hacer una encuesta entre los contratistas del Estado de montos mensuales hasta de tres millones de pesos, para comprobar que las relaciones de subordinación son aún más exigentes que las de los trabajadores de planta. Viven bajo un régimen de terror, no tienen contrato durante unos días para romper cualquier tipo de continuidad y regresan a lo mismo.

De los informales ¿qué decir? Ningún derecho: ni pensión, si la pagan son excluidos del Sisbén para la salud o de Familias en Acción, y eso casi nunca lo harán ante la inestabilidad en sus ingresos. Y, ellos, son la mayoría de la población trabajadora.

Institucionalmente es un desbarajuste infinito, mientras que jurídicamente la existencia de varios o ningún régimen es un despropósito. La formalización del empleo debe ser un objetivo básico de la legislación.

Las consecuencias de esta política, que fue conocida en el marco de la globalización como la de la ‘flexibilización laboral’, sin mencionar muchos otros aspectos no menos delicados, son las de una mayor desocupación o un trabajo precario, sin incentivos y degradante. Si a ello se suma que un sistema de seguridad social no es sostenible ni en pensiones, ni en salud, si no se incorpora una gran masa de contribuyentes permanentes, se podría concluir que la ‘calentura no está en las sábanas’.

Mientras no se desarrolle una solución estructural a los problemas del empleo y de la informalidad, propuestas como la de subir la edad de los trabajadores formales para pensionarse no son otra cosa que ‘patear el tablero’. La solución facilista nuevamente es la de proponer que nadie tenga derechos, solamente los inversionistas. Aumentar la edad de jubilación sin abordar los verdaderos problemas no es más que una propuesta indecente.

dgumanam@unal.edu.co

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