Nueva polémica por puerto de Palermo

Nueva polémica por puerto de Palermo

Una reciente decisión ambiental acaba de desempolvar el expediente del controvertido puerto multipropósito de Palermo, enclavado en una zona ambientalmente frágil del Magdalena.

17 de agosto 2010 , 12:00 a. m.

En el 2004, EL TIEMPO denunció que habían empezado obras sin licencia. Y en el 2006, se revelaron documentos que evidenciaban cómo ‘paras’ y políticos del Magdalena impulsaban allí un puerto de descargue de carbón.

Sin embargo, alertas judiciales y ambientales lograron conjurar el proyecto’, que es uno de los móviles que se contempla en el caso del asesinato del sociólogo Alfredo Correa de Andreis, quien venía investigando los costos ambientales y sociales de levantar un puerto carbonífero en Palermo (ver: ‘Fiscalía...’).

Procuraduría designa comisión Ahora, la Corporación Autónoma Regional del Magdalena, Corpamag, autorizó a la firma Palermo Sociedad Portuaria S.A., el embarque de coque, un derivado del carbón.

La decisión –que algunos entes ambientales aún no conocen– fue firmada este 8 de junio por su director, Orlando Cabrera, quien asegura que estuvo enmarcada en la legalidad: “No hemos tenido presión. Además, la licencia está condicionada a que se realice un proceso con el coque técnicamente hermético, encapsulado”, explica.

A pesar de ello, la medida causa controversia debido a que la Procuraduría y el propio Ministerio de Ambiente han alertado sobre la inconveniencia del proyecto.

“Esa zona es objeto del amparo especial en el marco de la Convención Ramsar, para la protección de un humedal de importancia internacional”, alertó, en el 2007, el Ministerio Público.

Y esta semana, el procurador Ambiental, Óscar Amaya, le dijo a este diario que se designó una comisión para evaluar si se están violando normas legales y ambientales al modificar la licencia.

Reversazo de Minambiente Pero EL TIEMPO estableció que la decisión de Corpamag está sustentada (entre otros argumentos) en un decreto expedido, en octubre del 2009, por el hoy ex ministro de Ambiente Carlos Costa, en el que decidió modificar los límites de la zona protegida por la Convención Ramsar y excluir de ella el puerto de Palermo.

El argumento de Costa es que cuando se delimitó el área protegida no había elementos cartográficos y técnicos precisos. Además, que en los planes regionales actuales se contemplan allí áreas de desarrollo y producción. Es más, fuentes de organismos ambientales aseguran que el Gobierno saliente dejó lista una nueva modificación de límites del humendal para aprobar otros proyectos.

‘No pueden sacar coque’ Por ahora, la Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena (Cormagdalena), anunció que no dejará sacar ni un solo kilo de coque por ese puerto hasta que se revise por qué se modificó la licencia ambiental y si eso conlleva a reformar la concesión que ellos le entregaron a la firma Palermo Sociedad Portuaria S.A., en el 2006.

“No nos han notificado y no los hemos autorizado para que saquen coque. Por Ley, hay que consultar la conveniencia de ese cambio a varias entidades del Estado en una audiencia pública en la que también puede intervenir la comunidad”, explicó Juan Gonzalo Botero, director ejecutivo de Cormagdalena.

Y agregó que si se llega a usar el puerto para ese fin sin autorización de esa corporación, podrá ordenar su cierre.

Nicolás Sandoval Minervini, representante de Palermo Sociedad Portuaria S.A., no respondió a los reiterados mensajes que se le dejaron.

Voceros del Ministerio de Ambiente dijeron que respetan las decisiones de las corporaciones y esperan que se tomen con base en estudios técnicos, en el marco del desarrollo sostenible.

En todo caso, EL TIEMPO estableció que esa cartera planea evaluar algunas decisiones heredadas, como la de adjudicar la licitación de la Transversal de las Américas, afectando el Parque de los Katíos, patrimonio de la humanidad en peligro. Al menos así lo ha dicho la ministra de Ambiente, Sandra Bessudo.

u.investigativa@eltiempo.com.co.

NEXOS CON MUERTE DE CORREA DE ANDREIS La familia de Alfredo Correa de Andreis, asesinado en septiembre del 2004, se sintió afectada con la decisión de Corpamag porque, cuando el sociólogo fue asesinado, realizaba un estudio sobre la inconveniencia del proyecto carbonífero. “Ese es uno de los móviles que se indaga. Había gente interesada en que no se conociera su estudio”, dice José Humberto Torres, abogado de los Correa. Al respecto, el fiscal del caso deberá decidir si desecha un anómino, que reza en el expediente, en el que se señala a un ex mandatario local como el principal interesado en silenciar a Correa. Por ahora, está vigente un lío de titulación de tierras en la zona. Ya se reversó una adjudicación del Incoder a la Gobernación del Magdalena, en tiempos de Trino Luna. Pero faltan por aclarar otros títulos

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