TV: dinero y poder

TV: dinero y poder

16 de agosto 2010 , 12:00 a. m.

El negocio de la televisión es enorme. En los próximos diez años la Comisión Nacional de Televisión (CNTV) tendría a su cargo unos 16 billones de pesos.

La CNTV es, según nuestra Constitución Nacional, un ente autónomo e independiente, con un presupuesto anual de 200.000 millones de pesos.

Casi dobla el del Congreso.

La televisión posee un tremendo poder de penetración en sus receptores. Lo saben empresarios y políticos.

Lo anterior explica que, desde su creación, políticos y empresarios, o híbridos más poderosos, hayan deseado, metido mano, esclavizado a la CNTV y ahora quieran eliminarla.

Lo planean desde los años noventa: reformar la Constitución, eliminar los artículos 76 y 77 de la misma y aprobar un proyecto de ley que redistribuya los poderes y los dineros de la CNTV.

El Estado somos los colombianos. La Constitución protege nuestro derecho a informar, a mantenernos informados, a opinar y a deliberar con el propósito de construir un mejor país. Quien quiere reformar la Constitución busca, de algún modo, meterse con nuestros derechos. Por eso hay que estar alerta.

El Estado no es el Gobierno. La Constitución del 91 garantiza la autonomía e independencia de la Comisión Nacional de Televisión con respecto a las autoridades de turno. El Gobierno debe propender a que alcancemos como nación esos altos niveles de democracia. Y debe cumplir también la Constitución. La opinión de los colombianos cuenta y la televisión tiene el mayor impacto en la formación de nuestra opinión. ¿Quién va a proteger los intereses públicos de los intereses del Gobierno? ¿Con qué garantías? La tarea de un comisionado deberá trascender el período de cualquier gobernante. Así se construye Nación.

La CNTV no son sus comisionados. Eliminar los artículos que la sostienen significa –lejos de cualquier debate sobre las personas que han ejercido bien o mal sus cargos– un retroceso en el camino hacia la consolidación de una democracia, con gobiernos respetuosos del Estado.

Eliminar la CNTV y entregar sus funciones al Gobierno sería un paso antidemocrático del Congreso. La Comisión de Regulación de Telecomunicaciones, a la que se quiere trasladar buena parte de las funciones de la CNTV, tampoco es un organismo imparcial y no ha aprendido a proteger siquiera a los usuarios de la telefonía celular.

Pero pensando con el deseo de los políticos: si llegasen a reformarse los mencionados artículos de la Constitución sería para hacer a esa Comisión más representativa de nuestra sociedad civil, limitar los intereses particulares de los comisionados y preservar a la entidad, blindándola precisamente de la injerencia de los gobiernos.

Una buena comisión asegurará la eficacia del servicio a través de la red pública de televisión y el mismo Gobierno Nacional habrá de velar para que ella cuente siempre con los recursos que le permitan financiar el servicio público de televisión. Para eso existe el Fondo para el Desarrollo de la TV, que cubre a Señal Colombia, el canal institucional, los regionales, locales y comunitarios.

Pero si eliminan, como quieren, la CNTV, ¿quiénes van a administrar los miles de millones del Fondo? ¿Entidades gubernamentales? ¿Desean acabarlo o redistribuirlo? ¿Aliviarían a los canales privados de sus aportes al mismo? ¿Eliminarán la TV pública, la estrangularán sin recursos o pretenderán volverla competitiva con la comercial, cuando no es el rating lo que determina los contenidos culturales y formativos? ¿Acaso los estudiantes deciden el contenido de su pénsum educativo? ¿Quién va a garantizar a los colombianos una TV pública de calidad, no que compita con el rating de la privada, sino que construya humanidad y ciudadanía? En lugar de estar pensando en eliminar (una palabreja propia de la Colombia excluyente) empecemos, si quieren, por conceptualizar la televisión pública.

O la televisión como servicio público

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