Una de las caras ocultas del presupuesto

Una de las caras ocultas del presupuesto

Como en la nota de la semana pasada adquirí el compromiso de redondear el tema de las deudas no explícitas y contingentes, que afectan el presupuesto en cuantías considerables, pero en muchas ocasiones sin posibilidad cierta de anticipar medidas, porque son obligaciones de la Nación sobre las cuales no es posible establecer con certeza el plazo y la cuantía, en esta ocasión trataré de cumplirlo.

05 de agosto 2010 , 12:00 a. m.

Aunque el monto total de estos rubros del balance fiscal asciende a $848.1mm (160 por ciento del PIB), la clasificación de los diferentes compromisos permite señalar que los principales son: la deuda pensional –un verdadero dolor de cabeza– y las sentencias y conciliaciones, partida con una tendencia fuerte a crecer por cuenta del aumento del número de demandas, el valor de las pretensiones y las graves fallas existentes en el manejo de la defensa jurídica. A tal punto ha llegado el problema que, se dice, en muchos casos los contratistas tienen preparado el litigio antes de comenzar la obra.

En relación con la deuda pensional debo anotar primero que, para reducir el efecto del pago de las mesadas sobre las finanzas públicas, en el 2002 se aplicaron unas normas con las cuales se buscó corregir los desequilibrios que han caracterizado el sistema desde su creación. Las normas en cuestión fueron las Leyes 797 y 860 de 2003, y el Acto Legislativo 01 de 2005. Así todo, el pasivo por este concepto se calcula en la no despreciable suma de $408.9 mm, el 77,1 por ciento del PIB. Con relación a este punto, es bueno no olvidar que los pagos que el Gobierno efectuó por esta obligación ascendieron al 4,3 por ciento del PIB, estimándose para el 2010 una magnitud equivalente al 4,2 por ciento del PIB.

Si bien para los años siguientes se prevé que el valor de la deuda pensional disminuirá –1,2 por ciento del PIB entre el 2009 y el 2010–, aún subsisten dudas y problemas sobre la verdadera magnitud de esta acreencia. De una parte, la no programación de recursos por la no expedición de bonos que reconocen las cesantías retroactivas –ya en el pasado esta práctica de ‘engavetar’ los compromisos se ha utilizado– y, de otra, la dificultad que entraña predecir la administración de las remuneraciones de los funcionarios públicos. El caso de la concurrencia para el pago del pasivo de las universidades del orden nacional y territorial, y la Reforma del Estatuto de la Administración de Justicia ilustran bien nuestra inquietud.

En cuanto a los pasivos contingentes –concesiones en infraestructura, operaciones de crédito público y sentencias, y conciliaciones–, en continuo y apreciable ascenso por cuenta del incremento del pago por sentencias y conciliaciones de la Nación y, lo más preocupante, por el incremento del número de demandas, el valor de las pretensiones y las fallas en la defensa (el total del renglón suma $435.1 mm y el último reseñado es $431.3 mm, para el periodo 2010 - 2020) se ha ido convirtiendo en una bomba de tiempo. Para no abundar demasiado, basta destacar que en el 2009 la Nación pagó por litigios $481.8 mm, siendo el Ministerio de Defensa Nacional la entidad con la más alta concentración, un 32,6 por ciento. A manera de consuelo, las autoridades anotan que en el futuro se busca que se realicen aportes al Fondo de Contingencias Estatales para cubrir las posibles contingencias de procesos litigiosos. Vana pretensión, porque son ‘pelos de la misma perra’.

rosgo12@hotmail.com HELGON

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