Una década en acción

Una década en acción

03 de agosto 2010 , 12:00 a. m.

Hace diez años, el 28 de junio del 2000, el gobierno de Andrés Pastrana aprobó el documento Conpes 3081, que autorizó la creación de los programas Subsidios Condicionados y Capacitación Laboral de Jóvenes Desempleados de Bajos Recursos. Estas iniciativas constituyeron el embrión de lo que hoy se conoce como Familias en Acción, con más de diez millones de beneficiarios.

Dicho paquete surgió en plena crisis económica de finales de los años 90 para mitigar los duros embates que los hogares más vulnerables estaban experimentando. El modelo fue la experiencia mexicana, que luego se reproduciría en otros países del continente, como Jamaica y Argentina, y hasta en la ciudad de Nueva York. En principio, los subsidios se diseñaron para servir de red de protección a las familias del nivel 1 del Sisbén. Es decir, el Gobierno giraba unos recursos para evitar que los más pobres tomaran decisiones en contra de su capital humano: por ejemplo, sacar a los niños de la escuela para que trabajaran, o reducirles la alimentación a los más pequeños. El funcionamiento ya es conocido por todo el país: a cambio de esa ayuda en efectivo, los beneficiarios cumplen con varias condiciones, como la asistencia obligatoria de los menores a la escuela.

Lo que se concibió en el gobierno Pastrana como una medida temporal de respuesta a la situación económica coyuntural se transformó durante los ocho años de Álvaro Uribe en un sinónimo de la política social. Los programas de transferencias condicionadas no solo ganaron el aval técnico del BID y el Banco Mundial, sino que inauguraron sólidas experiencias de evaluación de impacto de estas iniciativas. La cobertura y los recursos de Familias en Acción –y otros similares para jóvenes y empleo– fueron considerablemente robustecidos: de unas 300.000 familias en el 2002 se pasó a 2’709.068 hogares en diciembre del año pasado, incluidas 381.374 desplazadas por la violencia. Este año, el presupuesto asignado bordea los dos billones de pesos.

Una década de funcionamiento de los subsidios condicionados amerita un balance. En especial, porque durante la pasada campaña presidencial se presentaron graves denuncias sobre el uso de estas herramientas para fines clientelistas. Vale decir que ninguna fue comprobada. La más sólida defensa del programa está en las constantes evaluaciones a las que ha estado sujeto en los últimos ocho años: tres de impacto (área rural, pilotos urbanos y desplazados) y una de operaciones. Los estudios han confirmado logros en la asistencia a la escuela de los niños beneficiados, mejoras en peso y talla y menor incidencia de enfermedades, entre otros. Además, se ha detectado que los dineros del subsidio no han derivado hacia alcohol y tabaco, como muchos supusieron al principio.

Tales avances, concebidos como ‘colchón’ contra los choques económicos, contrastan con unos resultados más modestos en cuanto a acumulación permanente de capital humano, por ejemplo, en la calidad escolar. En otras palabras, salir del círculo vicioso de la pobreza requiere otras políticas sociales, que complementen el esfuerzo de Familias en Acción.

Sin embargo, se ha generado un consenso continental, soportado por evaluaciones técnicas y similares ejercicios en otros países, sobre los subsidios condicionados como mecanismo útil para evitar que los hogares se hundan en la miseria y sirvan de espina dorsal de la política social. El desafío, que también se está discutiendo actualmente en diversas latitudes, está en reforzar estas intervenciones bien diseñadas con otras alternativas en contra de la pobreza, que tengan efectos de mediano plazo, como, por ejemplo, la atención universal a la primera infancia, el estímulo al empleo y la generación de ingreso.

Aunque con logros tangibles en educación y nutrición de millones, la política de subsidios debe integrar otras opciones en la agenda social

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