El costo político del SITP

El costo político del SITP

Para los transportadores bogotanos, durante casi ochenta años, el medio más efectivo para imponer sus demandas ha sido el paro, y hace poco todos lo padecimos. No obstante, los usuarios nunca han tenido instrumentos para expresar los descontentos y preocupaciones sobre un servicio público que durante años los ha movilizado en muy precarias condiciones.

10 de julio 2010 , 12:00 a.m.

Es necesario que los bogotanos seamos conscientes de lo que representa el SITP y de lo que se jugó en el último paro. En este se decidió incrementar la compensación que los transportadores recibirán por sus vehículos durante veinticinco años. Dicho rubro puede ser absolutamente cuestionado, tanto por su intencionalidad política como por su impacto social y técnico. Por lo tanto, el propósito de esta columna es concientizar sobre lo que este rubro representa realmente.

En primera instancia, haber incluido la compensación dentro de la tarifa del SITP es, ante todo, una estrategia política de la Alcaldía para desarmar a los transportadores y hacerlos participar dócilmente en el SITP. No obstante, el problema no es dicha estrategia, sino que, por donde se mire, la inclusión de dicho rubro en la tarifa es un desacierto monumental, dado que este sobrecosto tiene las siguientes implicaciones: lo pagarán los bogotanos más modestos, incrementa el precio del pasaje, prolonga la concesión e, incluso, afecta la calidad y sobrevivencia del sistema.

En segunda instancia, y en términos socioeconómicos, si la Alcaldía quiere compensar a los transportadores por sus “leales y buenos” servicios, es su decisión. No obstante, es poco plausible, y más bien antisocial, hacerlo con el débil bolsillo de los usuarios del transporte público, quienes, en su inmensa mayoría, pertenecen a los más modestos estratos –uno, dos y tres–.

Se sabe muy bien que, a pesar de su reducida capacidad de pago, sus únicas alternativas de movilización ya no son el bus o la buseta, pues cada día muchos de ellos optan por modos individuales, como viejos autos de segunda y nuevas motos. Estas últimas son particularmente atractivas, dados los altos costos y la baja calidad del transporte público.

Algunas cuestiones técnicas permiten entender mejor la irracionalidad de este cobro adicional, pues, para incluirlo en la tarifa, se sacrificaron aspectos relacionados con la calidad del servicio, en términos de tipo de vehículo, combustible o comodidad. Así las cosas, la totalidad del recaudo no será para cubrir los costos de operación, sino que una parte irá a la compensación política, la cual fue incluso considerablemente incrementada el pasado 4 de marzo.

La Alcaldía debería hacer prueba de responsabilidad y creatividad financiando el costo político del SITP con otras fuentes. Además, para el futuro de la ciudad y su movilidad, sería indispensable que el sector productivo y los estratos más altos –cuatro, cinco y seis– participen más en el financiamiento de la movilidad colectiva, como se hace en la mayor parte de ciudades de países desarrollados e, incluso, como se hace en los servicios públicos en Colombia. Si bien es impopular para algunos, sería beneficioso para muchos y, sobre todo, socialmente muy responsable. De igual forma, sería un aporte significativo para reducir la gran inequidad existente en la movilidad urbana bogotana.

Finalmente, el SITP debería servir para recuperar la verdadera dimensión del transporte como un servicio público, y no únicamente como un negocio que beneficia a unos pocos con capacidad para bloquear la ciudad. Hagamos bien las cosas o no nos digamos mentiras, ni generemos falsas expectativas. Se está haciendo, con el SITP, un transporte público de mala calidad para los más pobres, para quienes, por ahora, su única opción es el bus o la buseta.

* Msc y Ph. D. Director de la Fundación Ciudad Humana y profesor de la Universidad Nacional

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