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Por una nueva Ley 100

Por una nueva Ley 100

La actual crisis de la salud y el debate que ha generado deja claros los siguientes puntos: la situación crítica es fruto de problemas acumulados en los últimos años y fue agravada con el detonador de los altos recobros por servicios no contemplados en el POS, en cumplimiento de lo ordenado por la Corte Constitucional.

Por: REDACCIÓN EL TIEMPO
20 de junio 2010 , 12:00 a. m.

Los problemas que aquejan al sistema son múltiples y algunos apremiantes, como el inminente desbalance financiero en ambos regímenes (contributivo y subsidiado), las dificultades en flujos financieros de las EPS a IPS y de la Nación a entes territoriales, las debilidades en la rectoría del sistema, las fallas en la cadena de información, los deficientes controles por parte de la Supersalud, la corrupción, las barreras en el acceso a los servicios, las demoras injustificadas, la falta de garantía en la calidad y la oportunidad de la atención, la insatisfacción justificada de médicos y otros actores, el déficit en la oferta de especialistas y de algunos servicios hospitalarios.

Según diferentes cálculos, Colombia gasta en salud cerca del 8 por ciento de su PIB, esto es, de 32 a 38 billones de pesos anuales, un gasto enorme para la capacidad del país.

El régimen contributivo que ampara a unos 17 millones de usuarios gasta entre 11 y 12,5 billones de pesos; el subsidiado, para cerca de 21 millones de beneficiados, cuesta cerca de 7,7, para los 4 millones de vinculados el gobierno aporta otros 4 billones, se calcula que los planes complementarios, seguros y prepagos representan entre 3 y 4 billones. Los regímenes exceptuados de maestros, Fuerzas Armadas, Ecopetrol y universidades públicas tienen presupuestados entre 2 y 2,5 billones de pesos, el gasto de bolsillo de las familias ha decrecido pero todavía representa entre 5 y 8 billones, y la salud pública puede costar algo más de un billón de pesos anuales.

La emergencia social derogada parcialmente por la Corte Constitucional, aunque aportaba algunas soluciones, no resolvía los problemas de fondo y creaba otros.

Existe un clamor general de reforma estructural de fondo al sistema de salud aprobado en la Ley 100 y los candidatos presidenciales han aceptado que tal reforma debería adelantarse en el breve plazo. Ajustes menores sólo servirían para convertir las normas en colchas de retazos, como sucedió con la Ley 1122 de 2007, que pocos resultados aportó. Se necesitan cambios sustanciales que implican la aprobación de normas legales en el Congreso que inicia labores en julio, pero apenas ahora se han esbozado algunas ideas parciales. Los diagnósticos sobre la situación son bastante claros y completos, aunque falta un amplio debate nacional, que no puede prolongarse por meses.

Con el propósito de ir animando la discusión, presento en este escrito unas ideas generales y preliminares de lo que podrían ser alternativas de reforma(*), partiendo de las siguientes restricciones: la estructura y el aparato institucional no pueden desbaratarse de la noche a la mañana (veánse cuadros); debe garantizarse el aseguramiento universal al cual nos estamos aproximando; estamos ante cambios de fondo en la jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre el derecho a la salud que deben tenerse en cuenta; deben considerarse las manifestaciones de insatisfacción de muchos de los actores; el asunto debe tratarse con prontitud y prudencia, pues detrás está la salud de 42 millones de colombianos.

Propuesta para un nuevo sistema Los elementos de la propuesta se resumen en los siguientes puntos: 1. Para evitar confusiones jurídicas deberían separarse el aseguramiento privado (financiado con cotizaciones) de la atención pública (financiada principalmente con impuestos como sucedía en el Sistema Nacional de Salud antes de 1993); 2. Se debe definir un nuevo POS actualizado (tal vez por medio de ley estatutaria) financiable en el largo plazo, que guarde relación con la Unidad de Pago por Capitación y acordado con las asociaciones médicas; 3. Es aconsejable crear un sistema de aseguramiento en pilares, cada uno financiado de acuerdo con notas técnicas según la carga de enfermedad incluida (veánse cuadros) integrado por lo menos por tres segmentos: el básico de salud pública, promoción y prevención, gestionado por el Estado para toda la población; el segundo, para cubrir la enfermedad general más común, la maternidad y las incapacidades y el tercero, destinado a la atención de enfermedades catastróficas o de alto costo, que serían aseguradas por asociaciones entre EPS e IPS altamente especializadas; 4.

Debido a las persistentes tasas de desempleo y a los niveles de pobreza, el sistema público de atención deberá mantenerse por mucho tiempo, financiado y dirigido por la Nación y con participación más activa de los departamentos que constituirán EPS mixtas (con las actuales que quieran participar) y los municipios, a cuyo cargo estará la red básica de IPS públicas. 5. Se debe escindir el actual Fosyga en dos fondos adscritos al Ministerio de Salud, uno para el aseguramiento privado y otro para el público, manteniéndose la actual solidaridad cruzada; 6. Para garantizar la financiación en el plazo medio posiblemente será necesario ajustar la contribución en medio punto, aplicar obligatoriamente el pari-passu de la nación y mantener los esfuerzos de rentas cedidas, situado fiscal y aportes presupuestarios de la Nación y los entes territoriales, como ocurre hoy, y la cotización se repartirá técnicamente (según riesgo asegurable) entre los tres pilares o niveles; 7.

Es preciso replantear la rectoría del sistema para lo cual se propone regresar al Ministerio de Salud, fortalecer la presencia de la Supersalud en todo el territorio, establecer medidas contra la corrupción y el abuso financiero y poner en marcha el sistema de información única en salud con bases de datos de usuarios, aportes y registro de actividades.

*Fedesarrollo, la Academia Nacional de Medicina, la Asociación de Sociedades Científicas y algunos centros académicos han presentado interesantes propuestas en los últimos dos meses

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