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Regresa el Minjusticia

Regresa el Minjusticia

Ayer, en la recta final de la legislatura, fue aprobado por la Comisión Primera de la Cámara de Representantes el proyecto de ley que revive el desaparecido Ministerio de Justicia y del Derecho. La iniciativa legislativa, que surte así el primero de cuatro debates parlamentarios, responde a una necesidad sentida de los expertos en las políticas de administración pública y fue recogida dentro del debate presidencial por candidatos como Germán Vargas Lleras.

Por: REDACCIÓN EL TIEMPO
16 de junio 2010 , 12:00 a. m.

En varias ocasiones, este espacio se ha manifestado a favor de recuperar dentro del poder ejecutivo una cartera dedicada exclusivamente a atender al sector judicial. Si bien la Carta Política de 1991 reforzó la autonomía de los poderes públicos y creó para el ramo sus propias estructuras, los recientes conflictos entre la Casa de Nariño y las altas cortes ratifican la imperiosa necesidad de tener un canal de comunicación institucional.

Además, el renacido Ministerio asumiría el diseño de la política pública en materia de criminalidad, la defensa judicial del Estado, el control de la conciliación extraprocesal y el fortalecimiento del acceso a la Justicia.

Estas funciones, identificadas por el informe final de la Comisión de Expertos de Reforma de la Justicia, hacen parte integral tanto de la exposición de motivos como del articulado del proyecto de ley en trámite. En otras palabras, el Gobierno atendió prontamente las recomendaciones que realizaron los conocedores del tema.

Pero basta una lectura de ese reporte final para entender que lo propuesto en el proyecto de ley es solo uno de los muchos cambios que demanda la Rama Judicial en Colombia. Más allá de las tensiones entre los magistrados y la Presidencia de la República –que copan titulares y monopolizan el debate público–, la Justicia sufre serios problemas, que van de lo administrativo a lo institucional, pasando por los presupuestos y la autonomía. Por ejemplo, un buen número de colombianos, especialmente miembros de grupos vulnerables, carecen de un acceso eficiente y equitativo a este servicio público básico, además de derecho fundamental. La falta de asesoría legal y las congestiones en los despachos impiden, así mismo, que los ciudadanos reciban una atención pronta y adecuada.

Dentro de los retos institucionales del sector se encuentra la polémica propuesta de subordinar la Fiscalía General de la Nación al aparato ejecutivo. Aunque este modelo funcione con éxito en otros países como Estados Unidos, el sistema colombiano necesita un ente investigador autónomo, por la naturaleza de las pesquisas y los delitos que caracterizan nuestra realidad política.

En materia de descongestión, hace falta una profunda reforma modernizadora, que simplifique trámites, promueva la oralidad, fomente los mecanismos alternativos de solución de conflictos y actualice tecnológicamente los procesos de administración de justicia. Otras áreas objeto de cambios son el Consejo Superior de la Judicatura y la designación, elección y períodos de los magistrados de las cortes y otras directivas de la Rama. Hay posturas encontradas frente al aumento de la duración del período y la edad de jubilación, como respecto a los mecanismos de designación de los máximos jueces.

En conclusión, la resurrección del antiguo Ministerio de Justicia es un paso en la dirección correcta, que debe reafirmarse en los siguientes tres debates. De aprobarse la iniciativa, dicha cartera le ofrecería al próximo Presidente de la República la coyuntura perfecta para desplegar un ambicioso paquete de reformas estructurales del sector, y el mandatario contaría con el capital político para impulsarlas. Las 261 páginas del informe final de los comisionados son un coherente y serio punto de partida

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