Paraguay, en estado de excepción por guerrilla vinculada con Farc

Paraguay, en estado de excepción por guerrilla vinculada con Farc

Tras recibir el aval del Congreso de su país, el presidente Fernando Lugo amaneció ayer investido con poderes excepcionales para decretar detenciones y traslados sin orden judicial en cinco departamentos del norte de Paraguay.

26 de abril 2010 , 12:00 a.m.

Con ellos, Lugo espera combatir la violencia desatada por un grupo armado de izquierda denominado Ejército del Pueblo Paraguayo (Epp) que, según creen las autoridades, fue entrenado por la guerrilla colombiana de las Farc.

Los cinco departamentos son: San Pedro, Concepción, Amambay, Alto Paraguay y Presidente Hayes (mapa).

El episodio que detonó el pedido al legislativo del presidente Fernando Lugo fue el asesinato el miércoles de un policía, dos peones y un guardia en una emboscada tendida en una finca de Arroyito, distrito de Horqueta, a 380 kilómetros al norte de Asunción, en los límites de San Pedro y Concepción.

Allí, según uno de los fiscales que llegaron al lugar, se cometió una “masacre”, porque el policía y los empleados de la hacienda se habían internado en el bosque para buscar a posibles ladrones de ganado, pero fueron ametrallados por los atacantes.

El Gobierno, que ha puesto precio por los cabecillas, responsabiliza al Epp de cuatro sonados casos de secuestro de ricos hacendados y personajes, perpetrados en los últimos 10 años, según las autoridades, con las mismas tácticas de las Farc.

Entre ellos, el más conocido es el plagio, en el 2005, de Cecilia Cubas, hija del ex presidente Raúl Cubas (1998-1999), y su asesinato pese al pago de 300.000 dólares.

Cultivos de marihuana El Epp, una escisión del extraparlamentario Partido Patria Libre (PPL), también está acusado de asesinatos de policías, militares, civiles, así como de ataques a haciendas en San Pedro y Concepción, en la frontera con Brasil, al amparo de un casi nulo control en una extensa región eminentemente rural y boscosa donde además proliferan cultivos de marihuana.

Representantes de la oposición, que ejercen cómoda mayoría en las dos cámaras, acusaron al presidente Lugo de estar rodeado de marxistas que simpatizan y tuvieron alguna relación con los cabecillas buscados del Epp.

El ex presidente Nicanor Duarte (2003-2008) dijo que existe “comprobada complicidad de Lugo con los miembros del Epp”.

Según el ex mandatario, uno de los principales cabecillas buscados, Manuel Cristaldo Miers, trabajaba en la diócesis de San Pedro donde el actual presidente era obispo titular. Agregó que una mujer, Francisca Andino, condenada a 30 años de prisión por el secuestro y asesinato de Cecilia Cubas “era catequista de Lugo y vivía en la Diócesis de San Pedro”.

A pesar de que importantes sectores de paraguayos apoyan la medida, otros ven en el estado de excepción con suspensión parcial de las garantías constitucionales una figura que recuerda los tiempos oscuros de la dictadura de Alfredo Stroessner.

La declaración implica también una fuerte presión para Lugo, quien tiene problemas para gobernar con un Congreso opositor y se verá obligado a mostrar resultados para evitar que aumenten las críticas hacia su política de seguridad. “Lugo necesita demostrar que quiere y puede desbaratar al Epp”, dijo el analista político Alfredo Boccia.

Organismos de derechos humanos y algunos partidos de izquierda rechazaron el estado de excepción con el argumento de que posibilitará excesos. “No hace falta declarar estado de excepción para detener a 20 personas en el monte”, dijo Juan Martens, abogado de la Coordinadora de Derechos Humanos.

Otros analistas opinan que la declaratoria del estado de excepción para combatir al pequeño grupo desnuda la incapacidad y el desbordamiento de las Fuerzas Militares del país.

TÉCNICAS DE LA GUERRILLA COLOMBIANA Autoridades de Paraguay y Colombia han documentado las relaciones cercanas entre el Ejército del Pueblo Paraguayo (Epp) y la guerrilla de las Farc, no sólo en asesoría, sino en entrenamiento directo. A partir del asesinato de Cecilia Cubas, hija del ex presidente Raúl Cubas, en el 2005, la Fiscalía de ese país vinculó al proceso al denominado ‘canciller de las Farc’, Rodrigo Granda, y el año pasado a Orley Jurado, miembro de ese grupo, como cómplice en el secuestro. Los investigadores identifican en los secuestros y actos del Epp las mismas técnicas de las Farc.

''No hace falta declarar estado de excepción para detener a 20 personas que están en el monte (...) No pueden garantizar que no haya abuso”. Juan Martens, de la Coordinadora de DD.HH

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