La pieza clave

La pieza clave

María del Pilar Hurtado salió sola, y con tan sólo unas cuantas quemaduras, del bombazo que en febrero del 2003 destruyó el Club El Nogal.

25 de abril 2010 , 12:00 a.m.

Y así pretende salir ahora del lío judicial que protagoniza y en el que está en juego hasta su propia libertad: la investigación por presunto espionaje ilegal a magistrados y congresistas, que ya tiene tras las rejas a seis de sus subalternos en el DAS, organismo del que fue directora.

Luego de un año de haber estallado el escándalo, el nombre de Hurtado ha aparecido de manera reiterada en las audiencias en las que la Fiscalía destapó parte de lo que considera las pruebas de que en el DAS se fraguó un plan coordinado de espionaje y desprestigio a opositores.

Al menos dos de los involucrados aseguran que María del Pilar Hurtado dijo que la instrucción de hacer inteligencia en torno de varios ‘blancos’ venía directamente de la Casa de Nariño y que ella, personalmente, impartió y monitoreó las verificaciones que se hicieron al respecto.

En ese punto se ha centrado el debate político y judicial que ya completa tres semanas y en el que incluso ha intervenido el presidente Álvaro Uribe, quien niega (bajo juramento) las sindicaciones y defiende a varios involucrados, incluida a Hurtado, a quien conoció en Palacio como asesora de la administración Pastrana.

“Este es un Gobierno que nada esconde: ha sido garantista; nunca la oposición radical había tenido las garantías efectivas que ha tenido en este Gobierno”, dijo Uribe y lo repitió hace un par de días su vicepresidente, Francisco Santos, quien agregó que el del DAS era un tema orquestado para afectar las elecciones o generar un manto de dudas injusto.

Pero es inminente que, en los próximos días, la ex directora del DAS será confrontada judicialmente y que de su respuesta no sólo dependerá su libertad.

“Mi estrategia de defensa es la verdad” asegura Hurtado. Y agregó: “La vengo preparando desde hace 12 meses cuando la vida me quedó suspendida”.

Efectivamente, Suiza nunca le dio el beneplácito para que asumiera la Embajada de Colombia en ese país; ya se gastó sus ahorros en el pago de abogados; y hasta tuvo que acudir a un seguro de desempleo para cancelar un par de cuotas de su apartamento.

Y la oficina de abogados que montó, en la que está poniendo en práctica sus 18 años de experiencia en el sector público y su conocimiento en derecho y alto gobierno, apenas arranca.

¿Quién dio la orden? Pero, tal vez, lo más difícil es la incertidumbre de qué va a pasar con ella y cuándo, pues la Fiscalía aún no la ha llamado a rendir versión. Todo indica que esto ocurrirá a finales de mayo, cuando el director de la Unidad de Análisis Financiero (Uiaf), Mario Aranguren, asista a la audiencia de imputación de cargos dentro del mismo proceso.

¿Qué va a responder Hurtado cuando se le pregunte por el nexo entre la Casa de Nariño y este expediente? “El secretario general de Palacio, Bernardo Moreno, fue quien me dijo que el Presidente estaba preocupado porque, al parecer, el narcotráfico quería infiltrar a la Corte a través de un señor Ascencio Reyes”, afirma Hurtado.

Así se lo dijo ya a la Procuraduría, que esta semana anunció que estudia si indaga a Moreno por haberle pedido a una aerolínea datos sobre un viaje realizado por un grupo de magistrados a Neiva.

Y aunque Hurtado es clara en que la alerta vino de Palacio, advierte que nunca se ordenaron ni hicieron ‘chuzadas’ o procedimientos ilegales.

Es más: hasta ahora no hay rastro de las más de 600 horas de grabaciones que se habrían realizado en contra de magistrados y de sus círculos familiares, aunque desde un principio se ha hablado de destrucción de evidencia.

La única interceptación judicializada, por el momento, es una al magistrado estrella de la parapolítica, Iván Velásquez, cuando habla con un funcionario de E.U. En esta ‘chuzada’ terminaron involucrados funcionarios del CTI y de la Policía (nadie del DAS), pero aún no se sabe quién la ordenó y pagó por ella.

El informante de la Corte Otro punto que aún no se ha aclarado es la aparición de Ramiro Bejarano –abogado del magistrado César Julio Valencia en un pleito que lo enfrenta con el presidente Uribe por injuria y calumnia–, en las verificaciones hechas por el DAS.

Tampoco encuadran en el contexto de la infiltración a la Corte los seguimientos a la senadora Piedad Córdoba y al hoy candidato a la Presidencia Gustavo Petro, quien ya anunció denuncias porque su padre y sus hijos también fueron monitoreados.

La presencia de los tres en el expediente llevó a la Fiscalía a concluir que el caso de Ascencio Reyes fue una excusa para espiar a opositores, magistrados, familias, bienes y abogados.

Y hay un nuevo episodio que tiene otra vez inquieta a la Corte Suprema: la existencia de un infiltrado que grabó en un CD una sesión del alto tribunal en la que se habló del referendo y del Presidente.

Según la Fiscalía, una detective dice que el ex subdirector de análisis del DAS Gustavo Sierra le pidió desgrabar con premura el CD porque Hurtado debía llevarlo a un Consejo de Seguridad.

“Esto pone al Estado en un régimen de terror y lo más conveniente es que se llegue a la verdad ”, señaló el presidente (e.) de la Corte, Jaime Arrubla.

Y comparó los hechos con el Watergate, que condujo a la renuncia del presidente de E.U. Richard Nixon, a lo que Uribe contestó: “Quizás la Corte quiera destituir al Presidente”.

Al respecto, uno de los funcionarios empapelados le dijo a EL TIEMPO que sí obtuvieron información del alto tribunal. Pero advirtió que no era a través de un infiltrado, sino de alguien de la propia Corte que les pasaba datos periódica y voluntariamente.

Y recuerda que ese tribunal y la justicia en general han aceptado como evidencia interceptaciones ilegales, como en el proceso del gobernador del Casanare y en el 8.000: “La pelea es si la inteligencia es legal o no”, agregó.

María del Pilar Hurtado manifiesta que desconoce el episodio del CD. Pero habrá que esperar qué dice el hombre que lo habría obtenido –Gustavo Sierra– quien se entregó esta semana a la justicia.

Otro capítulo por despejar es el de las dos reuniones en la Casa de Nariño –el 21 y el 24 de abril del 2008– en las que se ventiló parte de las verificaciones de inteligencia hechas a los magistrados y en las que participaron el jefe de Prensa, César Mauricio Velásquez, y el secretario privado, Bernardo Moreno, entre otros.

Hasta ese escenario llegaron los rastreos que hizo la Uiaf a magistrados y particulares –sin orden judicial–, los detalles del homenaje que varios de sus compañeros le hicieron al togado Yesid Ramírez en Neiva; y la información de que Ascencio Reyes (amigo de algunos magistrados) era socio del narco Jesús Ortiz, en una propiedad.

¿Sentencia anticipada? Por ahora, la carga probatoria de la Fiscalía llevó a que al menos dos de los implicados en el caso hayan analizado la posibilidad de acogerse a sentencia anticipada para reducir la pena a la que se enfrentan (de 6 a 12 años), en caso de que llegara a prosperar la tesis de que en realidad hubo concierto para delinquir agravado.

Así se lo confirmó a EL TIEMPO una persona cercana que los ha visitado dos veces en su lugar de reclusión. Y agregó que el delito de abuso de autoridad que se les imputa no les preocupa, porque sólo tiene prevista como sanción una multa, y nadie cree que prospere el de prevaricato.

Pero el caso de María del Pilar Hurtado es mucho más complejo. Primero, porque su jueza natural es la propia Corte Suprema y será un puñado de conjueces (elegidos por ellos mismos) los que definan su suerte.

Y segundo, porque –aún siendo inocente– si se inculpa para rebajar posibles sanciones penales, su decisión terminaría complicándoles la situación a otros funcionarios de alto rango.

En un mes se sabrá el epílogo, al menos, de esta parte de la historia

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