Elecciones en la mira

Elecciones en la mira

El anuncio oficial de Noemí Sanín como ganadora de la consulta conservadora no terminó con el caos de la jornada electoral del pasado 14 de marzo. Las cientos de denuncias por irregularidades, alteraciones y fraudes contra la voluntad popular mantienen en vilo la conformación exacta del próximo Congreso de la República y han obligado a las autoridades electorales a ordenar el traslado de los votos de algunas regiones a Bogotá.

07 de abril 2010 , 12:00 a.m.

A pocos días de cumplirse un mes de las elecciones, no solo se desconocen los resultados de departamentos como el Valle del Cauca, sino que, tras dos semanas, la Registraduría no tiene siquiera los recursos para costear la movilización de las más de 8 toneladas de votos, formularios, pliegos y material hasta la capital del país. El caso valluno es representativo de la extensión y variedad de los mecanismos de fraude, así como de las debilidades institucionales para prevenirlo, detectarlo y castigarlo. Desde el mismo día de los comicios, los conteos iniciales revelaron unos volúmenes de participación sospechosamente altos en una buena parte de este departamento: unos 350.000 votos más que en el 2006. En otras palabras, lo equivalente a los sufragios de todas las cédulas expedidas en los últimos cuatro años.

Frente a semejante irregularidad, el Consejo Nacional Electoral (CNE) detuvo el escrutinio en 12 de las 43 municipalidades vallunas –incluidos Cali, la capital, y centros regionales como Palmira, Buenaventura, Yumbo, Tuluá y Cartago–. Esto quiere decir que, hoy, la tercera ciudad más importante del país no conoce aún la identidad de sus representantes políticos. Además, como los votos de esta región explican en parte el sorprendente desempeño del controvertido partido PIN y responden por varios de sus senadores electos, un conteo concienzudo podría develar si los candidatos y militantes de esta organización ligada a la ‘parapolítica’ incurrieron en la falsificación o adulteración de los formularios electorales, la clonación de tarjetones, la corrupción como jueces de mesa y la inscripción extemporánea o irregular de cédulas. Sin embargo, aun si la organización electoral gira pronto los dineros para trasladar los votos, el escrutinio en Bogotá jamás podrá detectar otro tipo de delitos, como la irrupción de recursos del narcoparamilitarismo o la intromisión en política de funcionarios públicos.

Las elecciones en el Valle no son las únicas bajo la lente del CNE. Desde Quibdó e Istmina, en el Chocó, hasta Tumaco y Barbacoas, en Nariño, las autoridades electorales están revisando los comicios. En unos 18 municipios del Cesar, incluyendo Valledupar y Aguachica, así como en Sincelejo, Corozal y San Onofre, en Sucre, y otros tantos de Córdoba, las denuncias llevaron a la revisión de la votación. Por último, ya están apareciendo formularios que documentarían que en Magangué (Bolívar) y en Soledad (Atlántico) el fraude se habría presentado. Todo esto en un enrarecido ambiente donde abogados estarían ofreciéndoles a candidatos ‘quemados’ la “recuperación” de las curules perdidas. A una de estas “empresas de asesoría” estuvo vinculado el actual registrador, Carlos Ariel Sánchez.

Uno de los desafíos que la democracia colombiana enfrentaba en marzo era elegir un Legislativo más legítimo y menos contaminado de corrupción, mafia y paramilitarismo que el del 2006. Claramente, ni las autoridades, ni algunos candidatos, ni muchos ciudadanos estuvieron a la altura de las circunstancias. Mientras la organización electoral es incapaz en quince días de trasladar votos, el tiempo pasa sin que el CNE pueda determinar con certeza si existió fraude en varias partes de la geografía nacional. Resta esperar que esta vez no solo haya detenidos por estos delitos contra la democracia, sino que los beneficiados de la ilegalidad no se posesionen el próximo 20 de julio, como pasó en el 2006

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