El ‘Plan B’ que llegará al Congreso si la emergencia se cae en la Corte

El ‘Plan B’ que llegará al Congreso si la emergencia se cae en la Corte

Con un proyecto de ley que por ahora tiene 36 artículos, el Gobierno comenzó a diseñar el Plan B para enfrentar la posibilidad de que la Corte Constitucional tumbe la emergencia social y sus decretos. (VER GRÁFICO: RECAUDOS ADICIONALES POR LA EMERGENCIA SOCIAL)

06 de abril 2010 , 12:00 a.m.

Los nueve magistrados tienen plazo hasta el martes próximo (de hoy en ocho días) para tomar una decisión sobre la declaratoria de la controvertida emergencia social del 23 de diciembre, que estableció varias reformas al Plan Obligatorio de Salud (POS) y cuya justificación apuntaba a superar la crisis financiera que enfrenta el sistema.

No se descarta que este miércoles pueda haber decisión en la Sala Plena, que parte de la ponencia de inexequibilidad redactada por el magistrado Jorge Iván Palacio. Si esta es aceptada, automáticamente dejaría sin vigencia las medidas expedidas al amparo del decreto 4975 de vísperas de Navidad.

Aunque el Gobierno insiste en que sus razones fueron válidas y se ha mostrado dispuesto a modificar o suprimir los apartes más polémicos de los decretos, es consciente de que el chance de que la emergencia supere el examen en la Corte es bajo. De hecho, el concepto de la Procuraduría también pide hundir el estado de excepción.

Por eso, el equipo jurídico encabezado por el secretario Edmundo del Castillo hizo una propuesta que el pasado 26 de marzo se les envió a los ministerios de la Protección y de Hacienda y a otras autoridades del sector salud.

El proyecto, que se presentaría al nuevo Congreso después del 20 de julio, establece claramente que toda la población afiliada al sistema de salud tendrá acceso a los servicios de baja, mediana y alta especialización.

Precisamente, una de las mayores críticas que recibieron los decretos de la emergencia era que priorizaba la atención en salud a los eventos de baja complejidad.

Impuestos se mantienen En el nuevo proyecto también se eliminan disposiciones polémicas como el uso de cesantías y pensiones en los estratos de mayor capacidad adquisitiva para copagos de los servicios y medicamentos no incluidos en el Plan Obligatorio de Salud (POS), y las sanciones económicas a los médicos que receten por fuera de los lineamientos establecidos.

En la exposición de motivos se mantiene el planteamiento de que es necesario que los afiliados a las EPS que tengan capacidad de pago asuman parte de los costos de los tratamientos no POS.

Entre los argumentos que cita el Gobierno está que el acelerado crecimiento de ese rubro en el régimen contributivo llegó a recobros al Fosyga por alrededor de 1,8 billones de pesos en el 2009 y desequilibró las finanzas departamentales, que responden por lo no POS del régimen subsidiado, en más de 700.000 millones de pesos.

En ese mismo sentido, la iniciativa deja intactos los ajustes tributarios a los licores, cigarrillos y juegos de suerte y azar adoptados con el decreto 127 del 21 de enero pasado. Con el aumento de esos impuestos se espera un recaudo adicional superior a un billón de pesos, que se destinarán a financiar las llamadas ahora prestaciones excepcionales del régimen contributivo de salud y los faltantes en el subsidiado.

El proyecto fija los lineamientos para la actualización del POS y los criterios que debe tener en cuenta la Comisión de Regulación en Salud (Cres) para excluir actividades, intervenciones, procedimientos, medicamentos o insumos de ese paquete de beneficios.

Así mismo, mantiene las medidas para administrar y optimizar el flujo de recursos que financian la salud subsidiada (giros directos a EPS, hospitales y clínicas, por ejemplo), que ha sido de los grandes problemas que aquejan a este régimen.

En cumplimiento de los decretos de emergencia, el pasado jueves 18 EPS del régimen subsidiado y 1.225 IPS (clínicas y hospitales, entre otras) de todo el país recibieron del Gobierno nacional 230.000 millones de pesos en forma directa (101.000 millones las primeras y 129.000 millones, las segundas).

El proyecto también conserva las medidas para combatir la evasión y elusión de aportes a la seguridad social y las sanciones para quienes incurran en esas irregularidades.

De la misma manera, dedica varios artículos al control de precios de medicamentos, un frente que, vía recobros al Fosyga y a los departamentos, ha sido escenario de sobreprecios injustificados.

Los temas que siguen pendientes Con emergencia social o sin ella, son varias las ‘cirugías’ urgentes que requiere el sistema público de salud en Colombia, según los conocedores del sector.

La Corte Constitucional, a través de varias decisiones de tutela, amplió sustancialmente los procedimientos y medicamentos contemplados inicialmente en el POS. La actualización del catálogo básico de la salud está aun pendiente. Otro frente abierto es el que tiene que ver con la corrupción que aqueja al sistema.

Desde cobros excesivos por procedimientos y medicamentos hasta elusión y evasión en los aportes obligatorios, pasando por afiliados que supuestamente están recibiendo servicios pero que en realidad no existen, son venas rotas del sistema. Cada año les cuestan miles de millones a los colombianos.

POSICIONES DE ACEMI Y LA DEFENSORÍA .

Acemi (la Asociación de Empresas de Medicina) planteó a la Corte que la emergencia es necesaria para racionalizar los recursos del sistema de salud.

La agremiación advirtió además que las medidas no alcanzarán a cubrir el déficit por el incumplimiento en el pago de la deuda que debía girar el Fondo de Solidaridad y Garantía (Fosyga) a las EPS y a los hospitales.

La Defensoría del Pueblo le dijo a la Corte que los decretos que buscan garantizar los recursos para el sistema de salud son comprensibles, pero que preocupa que esas medidas afecten principios constitucionales y convenios internacionales. El organismo citó casos como el de la posibilidad de que los usuarios del sistema tengan que acudir a las cesantías, afectando su capacidad de ahorro, o que se limite la libertad de los médicos para decidir tratamientos, supeditando sus decisiones a relaciones de costo-efectividad

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