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Líos por redes de servicios públicos frenan obras viales

La falta de normas y de claridad sobre algunos puntos claves en la ejecución de obras civiles del país, no solamente sigue generando atrasos en muchos proyectos, sino que ha aumentado los enfrentamientos entre las empresas de servicios públicos y las firmas de ingeniería.

No se trata de simples problemas jurídicos y de responsabilidades, sino de
sobrecostos, sanciones y desprestigio de las compañías contratistas.
El problema se centra en la indefinición sobre quién debe asumir los costos
del traslado de las redes de servicios públicos, cuando éstas se atraviesan
en la construcción de una carretera, un puente o cualquier otra obra.
Según una investigación de la firma Restrepo y Uribe Ltda., a las redes de
servicios públicos se les atribuye, en 37 por ciento, el origen de las
demoras y sobrecostos, mientras en un 31 por ciento la causa corresponde a
los asuntos con predios.
Los casos están a la orden del día. En Bogotá, por ejemplo, una de las
mayores dificultades para que los trabajos en la Autopista Norte avancen a
un mayor ritmo tiene que ver con las líneas de interconexión eléctrica, pues
parte de éstas se ubican en medio de la misma Autopista, lo que ha implicado
restricciones para su ampliación.
En Cali, el traslado de las redes de telecomunicaciones para dar paso a las
obras del sistema de transporte masivo (MIO) tuvo que ser asumido por los
usuarios. Por esa situación, Emcali se vio obligado a destinar 162.000
millones de pesos.
Pero uno de los casos más críticos se registra en la construcción de la
segunda calzada de la Vía al Mar, entre Barranquilla y Cartagena. Esta obra,
que se inició en la capital de Bolívar y que en su primera etapa concentra
los trabajos en un tramo de 10 kilómetros, atraviesa un sector en el que
están todas las redes de servicios públicos (agua, alcantarillado,
telecomunicaciones, energía y gas).
La gerente del consorcio Vía al Mar, Ana Lucía Dugand, sostiene que no hay
claridad en todos los casos sobre quién es el responsable de mover esas
redes, lo que ha implicado atrasos en la ejecución de las obras y un costo
más alto. “Con Electricaribe no hubo acuerdo de ningún tipo. Ellos
simplemente dijeron que no movían las redes. Teníamos dos opciones, o dejar
el poste en la mitad de la carretera o que el concesionario asumiera el
traslado. Nos fuimos por la segunda alternativa”, dice la directiva.
En contraste, la empresa Surtigas asumió el traslado de la tubería de gas
por su propia cuenta y riesgo. Entre tanto, con la Alcaldía de Cartagena fue
necesario acordar un plan para financiar el traslado de la red de
alcantarillado y acueducto, debido a que el costo preliminar de mover esa
infraestructura alcanza los 27.000 millones de pesos, recursos que no están
en el presupuesto de la entidad.
“Vemos que encontramos toda la gama de situaciones que pueden ocurrir con el
conflicto entre las redes de servicios públicos y la infraestructura vial”,
afirma Dugand, al tiempo que señala que las soluciones que encontraron son
de carácter coyuntural, pero es una situación que no debe repetirse en el
futuro.
Otro caso se registró en la vía Bogotá-Girardot, donde sólo con una acción
popular fue posible obligar a una empresa de servicios públicos a hacer el
traslado del alumbrado público para que el Invías construyera un puente
peatonal.
Muchas obras afectadas
El debate sobre este tema ya está sobre la mesa. La discusión la inició la
Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI).
En un encuentro que organizó este gremio para analizar la coyuntura con las
redes de servicios públicos, el contralor General de la República, Julio
César Turbay Quintero, propuso crear una comisión integrada por los sectores
involucrados para buscar una salida a la problemática, aunque a primera
vista no se note un consenso entre las partes.
“Prácticamente, todas las obras que se construyen en el país están afectadas
con el tema de los traslados de redes”, dijo Turbay Quintero, quien
reconoció los vacíos que existen en materia jurídica.
Al respecto, la Ley 1228 de 2008 prohíbe intervenir las franjas de retiro
obligatorio o áreas de exclusión para las carreteras del sistema vial
nacional, pero la norma no define nada en cuanto a quién le corresponde
asumir el costo del traslado de las redes de servicios públicos. El debate
continúa.
ANDRUI
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