NO A CONSTRUCCIONES EN UN SECTOR DE BARRANQUILLA

NO A CONSTRUCCIONES EN UN SECTOR DE BARRANQUILLA

La administración de Barranquilla no podrá autorizar, permitir o tolerar la construcción ni remodelación de cualquier edificación localizada en el barrio Simón Bolívar, uno de los sectores más populares de la ciudad y atravesado por al arroyo Don Juan, factor de riesgo para miles de personas en épocas de invierno.

20 de junio 1996 , 12:00 a.m.

La Corte Constitucional amparó ayer los derechos a la vida, la vivienda digna, la propiedad y el ambiente sano de tres de los habitantes de la zona y advirtió que no se podrán otorgar más licencias que impliquen el aumento del número de residentes en esa área.

La prohibición, explicó la Corte sobre ponencia del magistrado Carlos Gaviria Díaz, debe mantenerse hasta tanto culminen las obras de cobertura del arroyo Don Juan.

La corporación ordenó, además, a la Alcaldía Distrital de Barranquilla continuar con el plan oficial tendiente a la adquisición, por parte del municipio, de las viviendas de los afectados y su respectiva reubicación.

El programa, ya en ejecución, deberá completarse en un término de seis meses, a partir de la notificación de la providencia.

La administración distrital también deberá continuar con el plan específico de acción dispuesto para enfrentar las situaciones de eventual desastre que se puedan registrar en el barrio Simón Bolívar.

La tutela La determinación se produjo al acoger la tutela de tres habitantes del área, cuyas casas están ubicadas sobre el túnel que conduce las aguas del arroyo Don Juan hacia el río Magdalena, obra construida en 1919. Ellos reclamaron la protección de sus garantías.

Dijeron que el túnel, cuya capacidad máxima es de 20 metros cúbicos por segundo, actualmente soporta caudales, en invierno, de entre 80 y 100 metros cúbicos por segundo. Hay peligro, afirmaron, de que la estructura ceda ante la sobrepresión y arrastre consigo las viviendas cercanas.

Los tres ciudadanos dijeron que desde 1988 las autoridades municipales sabían del peligro y de las continuas inundaciones de aguas contaminadas en el sector.

La Corte Constitucional revisó una sentencia del Consejo de Estado y respaldó la petición de Justo José Armas, Juan Bautista y Olga Londoño de Lemus. En primera instancia, la tutela la falló el Tribunal Administrativo del Atlántico.

Según la Corte, los tres ciudadanos se hallan ante un peligro inminente. La corporación cuestionó la negligencia de las autoridades distritales para proteger los derechos de los habitantes del barrio Simón Bolívar.

Negligencia En uno de los apartes de la sentencia, integrada por 16 folios, la Corte dijo que la administración está dispuesta a empezar la negociación de las viviendas que se encuentran en mayor peligro por el arroyo Don Juan, sólo después de 18 años de conocer la grave deficiencia.

En criterio de los magistrados, la solución óptima del problema la constituye la cobertura del arroyo Don Juan. Sin embargo, consideraron, mientras se culminan las obras respectivas, el riesgo y la zozobra de los habitantes del área no pueden ser aumentados.

El derecho a la vida, dijo la corporación, también comprende la garantía de que la autoridad competente para protegerlo no ignorará el peligro inminente y grave en el cual se encuentre un grupo de habitantes en el territorio nacional.

Si las autoridades no pueden contrarrestar el peligro, dijo la Corte, tampoco podrán contribuir de manera consciente a agravarlo.

Ya, en septiembre de 1993, la Corte Constitucional ordenó suspender, por vía de tutela, durante tres años la expedición de licencias de construcción en el sector turístico de Cartagena como resultado de la deficiente prestación de los servicios públicos.

En otro fallo, la Corte concedió ayer una tutela y ordenó al Alcalde de Villavicencio continuar la construcción de las obras públicas necesarias para prevenir un deslizamiento de tierra en el sector denominado Mesetas Bajas.

En caso de ser imposible completarlas en el actual período fiscal, decidió la Corte sobre ponencia del magistrado Carlos Gaviria, la administración debe adoptar las previsiones presupuestales debidas para culminar la construcción en 1997.

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