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CORRUPCIÓN POLÍTICA Y DESESTABILIZACIÓN

CORRUPCIÓN POLÍTICA Y DESESTABILIZACIÓN

Es indudable que en términos generales es saludable el proceso que se está viviendo en el país a propósito de las denuncias sobre financiación de las campañas políticas por el dinero del narcotráfico. Después de muchos años se pasó de la generalización a las imputaciones concretas, recepción de testimonios, indagatorias y hasta capturas.

El principal efecto desestabilizador del narcotráfico fuera de los asesinatos selectivos y las masacres indiscriminadas, ha sido el de afectar de manera severa la credibilidad del sistema político colombiano.

Por eso el fenómeno no puede ser analizado en forma aislada, y referido solamente a lo acontecido en la última campaña presidencial y exclusivamente dentro del partido liberal.

Prácticamente durante toda la década del ochenta, desde distintos escenarios se denunciaba la peligrosa presencia del narcotráfico en las campañas políticas, principalmente en lo relativo a las corporaciones públicas. Carlos Lehder llegó a tener su propio movimiento y su feudo electoral en el departamento del Quindío.

Pablo Escobar llegó a la Cámara de Representantes bajo la bandera de un movimiento liberal auspiciado por un candidato a la Presidencia de la República. Otro dirigente conservador de Cundinamarca, Severo Escobar, fue extraditado y se encuentra purgando pena en los Estados Unidos por tráfico de estupefacientes.

Los ejemplos serían múltiples sobre lo ocurrido en los últimos 15 años en el país. Prácticamente buena parte de la lucha política de Luis Carlos Galán estuvo orientada a denunciar la presencia de la mafia en la política. La mafia terminó asesinándolo, en lo que la Fiscalía califica ahora como una conspiración de más amplios espectro. En 1983 las mismas fuerzas oscuras asesinan al Ministro Lara, y sigue la lista con otro ministro, un Procurador General, magistrados de la Corte Suprema de Justicia, jueces de todas las categorías, periodistas, dirigentes políticos, etc.

Vender el alma La misma mafia, en un desafío claro al Estado, inicia su lucha contra la extradición de nacionales, y después de toda una cadena de crímenes, consigue su objetivo, en episodio aún no suficientemente aclarado, en la Asamblea Nacional Constituyente.

Pero lo que definitivamente no nos puede ocurrir es que este saludable fenómeno de destape termine con lo que nos queda del Estado de Derecho. Hay que distinguir claramente dentro de este fenómeno los aspectos puramente políticos y morales y el propiamente penal.

En el primer caso la purga debe llevarnos hasta el señalamiento claro de qué partidos, movimientos o personas han permitido la financiación de sus campañas por dineros ilícitos, por esta vía de venderle el alma a un diablo que ahora pasa su cuenta de cobro.

Nada gana el país en este terreno si el debate es sesgado, si se hace con criterio puramente partidista, olvidando que en este ámbito la delincuencia organizada ha penetrado todas las organizaciones políticas, incluidas las que actúan por fuera del Estado como los movimientos subversivos, que en el pasado y en el presente han tenido en el tráfico de estupefacientes su más clara fuente de financiación al lado del secuestro.

El que el debate pueda adquirir ese sesgo partidista sería la mejor manera para impedir que se llegara hasta el fondo del problema.

En cuanto al aspecto penal, es necesario precisar que al margen de los necesarios cuestionamientos en los órdenes moral y político, la justicia solo puede investigar y sancionar los comportamientos que expresamente estén contemplados como delitos en el Código Penal. En este orden de ideas, la simple financiación de campañas políticas por personas al margen de la ley debe generar un reproche político y social, pero no necesariamente pueda dar lugar a encarcelamientos.

No toda persona que figure en los cuadros directivos de una campaña a la que se acusa de haber recibido dineros del narcotráfico debe ir a la cárcel, ni puede presumirse la culpabilidad en el terreno penal por la sola mención de nombres en discutibles documentos. El principio de la legalidad, pieza fundamental del Estado de Derecho, debe mantenerse incólume.

Las escuchas telefónicas Los medios de comunicación no pueden seguir patrocinando la violación de la reserva del sumario. Esta prohibición no es solo una entelequia de leguleyos. La reserva del sumario está instituida para proteger otros derechos constitucionales importantes como la honra, el debido proceso, y también la eficacia en la administración de justicia.

No es lo mismo una indagatoria analizada por fiscales y jueces que la estudian dentro de un contexto procesal, que por el grueso público que sin más, la toma como algo incontrovertible. Qué pasaría en el país el día en que todas las indagatorias, de todos los procesos, se publicaran en su integridad en los medios? Debe mirarse con atención, y no de manera superficial, lo que significa estar publicado el texto de conversaciones entre particulares, ilícitamente interceptadas. Alguna razón existirá para que prácticamente en todos los países se exija autorización judicial para interceptar comunicaciones telefónicas. Qué pasaría el día en que cualquier persona pudiera interceptar conversaciones privadas, de cualquier ciudadano, y las llevara luego para la publicación en los medios? No deja de llamar la atención el hecho de que mientras aquí nadie se ha preguntado sobre la ilicitud de las grabaciones, en España, por un fenómeno de escuchas telefónicas ilegales realizadas por la policía secreta se ha caído el director del Servicio Secreto, el Ministro del Interior, el Vicepresidente, y que el escándalo casi tumba al propio Felipe González.

Es necesario entonces atacar integralmente el problema de la corrupción política, sin contemplaciones, para llegar hasta sus últimas consecuencias. Dentro de ese proceso es preciso distinguir los juicios políticos y morales de los propiamente penales. El narcoterrorismo segó la vida de miles de colombianos inocentes. La narcocorrupción afectó de manera grave la credibilidad del sistema político. Lo que no nos puede suceder es que, además, en la lucha contra la corrupción se sacrifique el Estado de Derecho.

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