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OTRO ALCALDE SE CAYÓ EN SANTANDER

OTRO ALCALDE SE CAYÓ EN SANTANDER

Bucaramanga El Tribunal Administrativo de Santander anuló ayer la credencial al alcalde del municipio de Mogotes, Luis Alberto Rodríguez Vargas.

También anuló la de los concejales de Puerto Wilches Jorge Sánchez Lascarro y Jorge Alfonso Caicedo Toscano, por contratar con el Estado poco antes de su elección.

La sentencia establece que en el caso del alcalde Luis Alberto Rodríguez Vargas, se confirmó que incurrió en tres violaciones diferentes de la Ley: celebró contratos con la administración local en su condición de administrador de la Junta de Vivienda Comunitaria los Comuneros de Mogotes. La ley establece un periodo de inhabilidad de un año, antes de las elecciones correspondientes.

Los aportes fueron destinados para realizar obras de electrificación y acueductos en el pueblo y aunque las cuentas de cobro aparecen a nombre de los proveedores de los servicios, no le quitan el carácter de contrato entre la Alcaldía y la entidad a la que pertenecía Rodríguez Vargas, según el fallo del Tribunal.

De igual forma, la decisión judicial señala que Rodríguez Vargas estaba inhabilitado para postularse como candidato a la alcaldía, pues se desempeñó como concejal hasta el 24 de octubre de 1994, seis días antes de los escrutinios.

Además, según la sentencia, éste había sido condenado por un juzgado de San Gil en octubre de 1988 a pagar 18 meses de cárcel por el delito de peculado cuando, cinco años atrás, se desempeñó como alcalde.

De otra parte, el concejal Sánchez Lascarro celebró un contrato con el Instituto de Seguros Sociales de Puerto Wilches en junio de 1994, consistente en la adquisición y entrega de medicamentos a los beneficiarios de la entidad.

A Caicedo Toscano se le comprobó que realizó videos promocionales para la alcaldía hasta el ocho de abril del año pasado.

Con esta decisión judicial ya son cinco los funcionarios públicos que son castigados por violar la Ley 136 de 1994, donde se establece el régimen de inhabilidades e incompatibilidades para los aspirantes a corporaciones públicas. Hace dos días le fue anulada la credencial al alcalde de Aratoca, José Benedicto Quintero, que apeló ante el Consejo de Estado.

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