Las ‘cicatrices’ que dejó el bombardeo

Las ‘cicatrices’ que dejó el bombardeo

“No pueden tomar agua del río Jiguamiandó porque está envenenada por el plomo de las bombas y las balas del Ejército”, ordenó el gobernador de la comunidad embera de Alto Guayabal, en el Urabá, en límites entre Antioquia y Chocó.

09 de febrero 2010 , 12:00 a.m.

Todo, después del bombardeo de la madrugada del 30 de enero pasado, en el que resultaron dos indígenas heridos, uno de gravedad, en una operación militar de la Séptima División del Ejército contra la guerrilla y que terminó en una “desafortunada casualidad”, como la califica el general Hernán Giraldo, comandante de la Brigada 17 con sede en Carepa (Antioquia).

EL TIEMPO acompañó el pasado viernes a una misión humanitaria hasta el sitio para verificar las consecuencias del error militar y las condiciones de los habitantes del resguardo Urada-Jiguamiandó. Después de dos horas en carro por una trocha olvidada, cuatro horas de camino a través de la espesa selva y luego de cruzar varias cañadas, en un recodo del río Jiguamiandó, se apreciaban los vestigios del bombardeo.

Comunidad atemorizada Mientras algunos alguaciles de la Guardia Indígena se apresuraron a recoger pedazos de plomo y de las coberturas de las bombas, se veían los rastros de las ráfagas en los tallos y otros árboles caídos por el efecto de las explosiones.

Tras cruzar el río había dos huecos producidos por las bombas sobre un cultivo de maíz y ‘primitivo’, como llaman los emberas a un pequeño banano dulce. A 50 metros se veía un tambo destechado, objetivo del operativo militar.

En ese lugar, a las 3:30 a.m. de ese sábado, Marta Ligia Bailarín preparaba la comida para José Nérito Pubiano, antes de que las ráfagas los alcanzaran.

Allí, además, dormían un niño de 8 años, otro de apenas 20 días de nacido, hijos de Bailarín, y su sobrina Celina Majoré, de 17, quien huyó y avisó a la comunidad.

“Cuando quedó herido José, salté al suelo y salí corriendo con el recién nacido y el niño. Casi nos alcanza una de esas cosas que caían del cielo y explotaban”, contó Celina a través de su padre, pues ella no habla español.

Por primera vez esta embera volvió al lugar tras el bombardeo para contarle a la comisión lo ocurrido. En pocas palabras, revela el temor que aún tiene y que comparte la comunidad de Alto Guayabal.

Esta comunidad retornó hace dos años luego de abandonar sus tierras en el 2000. Según cuentan los líderes, estaban en riesgo por los combates entre Ejército y guerrilla y por la desaparición de tres de los suyos. Minutos después del bombardeo del 30 de enero, las Fuerzas Militares recogieron en helicóptero a los dos heridos para recibir atención médica. Aún está por verse si Rubiano no quedará parapléjico por el disparo que recibió.

En la mañana del sábado, un centenar de indígenas visitó el lugar del bombardeo y reclamó a los militares por la incursión dentro de su resguardo y el ataque a una vivienda indígena. Según un GPS (Global Positioning System) llevado por la comisión, este tambo está a 1,3 kilómetros en línea recta desde el asentamiento indígena de 330 habitantes.

Reconocen responsabilidad “Aceptamos nuestra responsabilidad en el hecho, como se lo explicamos a la comunidad. Pero eso no es una vivienda sino un reservorio al que la noche anterior fueron los indígenas a recolectar comida y se quedaron a dormir, con tan mala suerte de que teníamos la información de la llegada a ese sitio de terroristas del frente 34 de las Farc”, explicó el general Giraldo.

Agregó que es el primer caso que ocurre en 18 meses de operaciones en la zona y que se reunirán en los próximos días con las autoridades indígenas, “porque no podemos suspender las operaciones, pero queremos reducir las molestias que les causamos”.

Aún no se ha precisado el número de bombas lanzadas y si el bombardeo fue dentro del resguardo indígena. EL TIEMPO intentó precisar esos datos con el general Alberto Noriega, comandante de la unidad de la Fuerza Aérea que realizó el operativo, pero él no se refirió al tema.

Los oficiales informaron que un juez penal militar ya abrió la investigación, que están en curso procesos disciplinarios y administrativos, y que el Ministerio de Defensa evaluará para reparar “los daños colaterales”.

La Organización Indígena de Antioquia (OIA) prepara una denuncia contra los responsables y militares del operativo, así como una demanda contra el Estado para exigir la reparación a los afectados.

Entre tanto, el gobernador de Alto Guayabal, Luis Cuñampa, sólo tiene claro que: “este es nuestro territorio, no queremos ni gorogoros (soldados), ni neademas (guerrilleros,) ni mochitas (paramilitares) en el resguardo. No nos vamos a ir otra vez, si toca morir, morimos aquí”

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