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Las ‘cicatrices’ que dejó el bombardeo

“No pueden tomar agua del río Jiguamiandó porque está envenenada por el plomo de las bombas y las balas del Ejército”, ordenó el gobernador de la comunidad embera de Alto Guayabal, en el Urabá, en límites entre Antioquia y Chocó.

JUAN FERNANDO ROJAS
Todo, después del bombardeo de la madrugada del 30 de enero pasado, en el
que resultaron dos indígenas heridos, uno de gravedad, en una operación
militar de la Séptima División del Ejército contra la guerrilla y que
terminó en una “desafortunada casualidad”, como la califica el general
Hernán Giraldo, comandante de la Brigada 17 con sede en Carepa (Antioquia).
EL TIEMPO acompañó el pasado viernes a una misión humanitaria hasta el sitio
para verificar las consecuencias del error militar y las condiciones de los
habitantes del resguardo Urada-Jiguamiandó. Después de dos horas en carro
por una trocha olvidada, cuatro horas de camino a través de la espesa selva
y luego de cruzar varias cañadas, en un recodo del río Jiguamiandó, se
apreciaban los vestigios del bombardeo.
Comunidad atemorizada
Mientras algunos alguaciles de la Guardia Indígena se apresuraron a recoger
pedazos de plomo y de las coberturas de las bombas, se veían los rastros de
las ráfagas en los tallos y otros árboles caídos por el efecto de las
explosiones.
Tras cruzar el río había dos huecos producidos por las bombas sobre un
cultivo de maíz y ‘primitivo’, como llaman los emberas a un pequeño banano
dulce. A 50 metros se veía un tambo destechado, objetivo del operativo
militar.
En ese lugar, a las 3:30 a.m. de ese sábado, Marta Ligia Bailarín preparaba
la comida para José Nérito Pubiano, antes de que las ráfagas los alcanzaran.
Allí, además, dormían un niño de 8 años, otro de apenas 20 días de nacido,
hijos de Bailarín, y su sobrina Celina Majoré, de 17, quien huyó y avisó a
la comunidad.
“Cuando quedó herido José, salté al suelo y salí corriendo con el recién
nacido y el niño. Casi nos alcanza una de esas cosas que caían del cielo y
explotaban”, contó Celina a través de su padre, pues ella no habla español.
Por primera vez esta embera volvió al lugar tras el bombardeo para contarle
a la comisión lo ocurrido. En pocas palabras, revela el temor que aún tiene
y que comparte la comunidad de Alto Guayabal.
Esta comunidad retornó hace dos años luego de abandonar sus tierras en el
2000. Según cuentan los líderes, estaban en riesgo por los combates entre
Ejército y guerrilla y por la desaparición de tres de los suyos. Minutos
después del bombardeo del 30 de enero, las Fuerzas Militares recogieron en
helicóptero a los dos heridos para recibir atención médica. Aún está por
verse si Rubiano no quedará parapléjico por el disparo que recibió.
En la mañana del sábado, un centenar de indígenas visitó el lugar del
bombardeo y reclamó a los militares por la incursión dentro de su resguardo
y el ataque a una vivienda indígena. Según un GPS (Global Positioning
System) llevado por la comisión, este tambo está a 1,3 kilómetros en línea
recta desde el asentamiento indígena de 330 habitantes.
Reconocen responsabilidad
“Aceptamos nuestra responsabilidad en el hecho, como se lo explicamos a la
comunidad. Pero eso no es una vivienda sino un reservorio al que la noche
anterior fueron los indígenas a recolectar comida y se quedaron a dormir,
con tan mala suerte de que teníamos la información de la llegada a ese sitio
de terroristas del frente 34 de las Farc”, explicó el general Giraldo.
Agregó que es el primer caso que ocurre en 18 meses de operaciones en la
zona y que se reunirán en los próximos días con las autoridades indígenas,
“porque no podemos suspender las operaciones, pero queremos reducir las
molestias que les causamos”.
Aún no se ha precisado el número de bombas lanzadas y si el bombardeo fue
dentro del resguardo indígena. EL TIEMPO intentó precisar esos datos con el
general Alberto Noriega, comandante de la unidad de la Fuerza Aérea que
realizó el operativo, pero él no se refirió al tema.
Los oficiales informaron que un juez penal militar ya abrió la
investigación, que están en curso procesos disciplinarios y administrativos,
y que el Ministerio de Defensa evaluará para reparar “los daños
colaterales”.
La Organización Indígena de Antioquia (OIA) prepara una denuncia contra los
responsables y militares del operativo, así como una demanda contra el
Estado para exigir la reparación a los afectados.
Entre tanto, el gobernador de Alto Guayabal, Luis Cuñampa, sólo tiene claro
que: “este es nuestro territorio, no queremos ni gorogoros (soldados), ni
neademas (guerrilleros,) ni mochitas (paramilitares) en el resguardo. No nos
vamos a ir otra vez, si toca morir, morimos aquí”.
ANDRUI
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JUAN FERNANDO ROJAS
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