De la Calle propuso una serie de pasos para superar el impasse. En primer lugar, la aprobación y desarrollo de una ley de libertad de cultos que siente las bases para el desenvolvimiento de las relaciones entre las diversas confesiones religiosas y el Estado.
Posteriormente, se reconocerán para este efecto las religiones que por tradición, seriedad, aceptación universal y presencia en Colombia, merezcan la atención del Estado.
El precandidato indicó que bajo este marco se negociaría un nuevo concordato con la Iglesia Católica y unos acuerdos con las demás iglesias. En estos convenios se restablecerían la exención de impuestos para los lugares de culto, la presencia de las distintas religiones en hospitales, cárceles y guarniciones militares, la enseñanza religiosa y los restantes mecanismos de apoyo estatal para la difusión de los valores religiosos.
A su vez, el Partido Social Conservador estimó que el fallo contraviene el derecho, por cuanto rebasa sus atribuciones y viola el principio fundamental de Derecho Internacional de Pacta sunt servanda , que obliga a los Estados comprometidos a cumplir lo pactado en los convenios internacionales, mientras estén vigentes o no sean modificados por las partes.
El fallo atenta contra la estabilidad del orden jurídico internacional y compromete la vigencia de los derechos reconocidos a Colombia en los tratados con otros países, tales como los suscritos con Venezuela y Nicaragua sobre límites, expresaron los conservadores.
De otra parte, la representante a la Cámara por la Unión Cristiana, Viviane Morales Hoyos, señaló que el poder de Dios permitió que los principios constitucionales de libertad de cultos e igualdad de confesiones religiosas ante la ley, tuvieran un afortunado desarrollo en la sentencia de la honorable Corte Constitucional .
La representante de los cristianos, precisó que fueron los ciudadanos Víctor Velázques Reyes, Israel Morales y Eduardo Corrales, miembros del movimiento Unión Cristiana, quienes impulsaron la demanda contra el Concordato, que finalmente motivó la sentencia de la Corte Constitucional.
