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AUDIENCIA PÚBLICA POR REGALÍAS DE LA CELULAR

AUDIENCIA PÚBLICA POR REGALÍAS DE LA CELULAR

La Corte Constitucional citó para el próximo 29 de agosto al Ministro de Hacienda, Guillermo Perry; al jefe nacional de Planeación, José Antonio Ocampo; al contralor general, David Turbay, y al alcalde de Bogotá, Antanas Mockus, con el fin de que se aclare por qué no se incluyeron los dineros provenientes de los contratos de la telefonía celular en la ley de Presupuesto de este año.

La citación es el resultante de una demanda presentada en diciembre del año pasado por los concejales bogotanos Carlos Ossa (Lib), Jorge Child (movimiento Ciudadanos en Formación) y Juan Carlos Flórez (movimiento Borrón y Cuenta Nueva) contra el artículo primero de la ley de Presupuesto de este año.

De acuerdo con la demanda, Bogotá y todos los municipios del país dejarán de percibir 600 mil millones de pesos provenientes de los beneficios obtenidos a través de la concesión a particulares del servicio de telefonía celular. Por las licencias que se otorgaron a los operadores, la Nación recibió 872,8 millones de pesos.

Según los tres concejales, esos recursos son ingresos corrientes de la Nación, pero fueron aforados como recursos de capital en el artículo 1o. de la ley por la cual se decretó el Presupuesto para la vigencia de este año.

El concejal Juan Carlos Flórez recordó que días después de presentada la demanda, la Contraloría General de la Nación emitió un concepto según el cual incluir los 1.022 millones de dólares (unos 900 mil millones de pesos) que pagaron las seis empresas de telefonía celular, por explotar este servicio, como recursos de capital y no como ingresos corrientes hizo que los municipios dejaran de recibir 403 millones de dólares (más de 350 mil millones de pesos).

Según el concejal Flórez, de esos dineros, 60 mil millones de pesos cifra similar a la que se recaudaría con el cobro de la sobretasa a la gasolina le corresponderían a Bogotá.

El hecho de que la Corte haya citado a esa audiencia pública quiere decir que el tribunal encontró serios los argumentos que presentamos los demandantes y que va a escuchar a los funcionarios que nosotros le solicitamos que llamara , explicó el concejal.

Los recursos generados por las licencias de la telefonía celular fueron destinados, mediante un documento Conpes, así: 567 millones para la financiación de proyectos del presupuesto de este año, 300 millones para pagar la deuda de la nación, 20 millones para la recuperación de la cuenca del Río Páez y 135 millones para el plan de telefonía social de los próximos cinco años.

Los demandantes argumentan que con esta partida se viola el artículo 358 de la Constitución que consagra que para los efectos contemplados en los dos artículos anteriores, entiéndase por ingresos corrientes los ingresos constituidos por los ingresos tributarios y no tributarios con excepción de los recursos de capital y los artículos 356 y 357 de la Carta, en lo relativo al situado fiscal y participación de los municipios en los ingresos corrientes de la Nación.

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