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FISCALÍA PIDE PLENA AUTONOMÍA

FISCALÍA PIDE PLENA AUTONOMÍA

A las peticiones efectuadas a la Corte Constitucional por la Corte Suprema, el Consejo de Estado y la Sala Administrativa del Consejo Superior respecto a los alcances del proyecto de ley Estatutaria de la Justicia, acaba de sumarse el fiscal, Alfonso Valdivieso Sarmiento.

El Fiscal pidió completa autonomía y solicitó a la Corte Constitucional eliminar de la iniciativa aquellas normas que, a su juicio, violan la Carta y restringen su plena independencia en materia administrativa, de manejo de dineros y judicial.

Para comenzar, Valdivieso pidió dejar sin vigencia la inhabilidad que impide no sólo al Fiscal sino al Vicefiscal y a los Directores Nacionales de la Fiscalía ser elegidos en algún cargo de elección popular dentro de los 12 meses siguientes al día de la cesación de sus funciones .

La restricción apoyada en su momento por la senadora María Izquierdo es, en su opinión, inconstitucional.

La razón: resulta violatoria de todo equilibrio e igualdad de trato frente a los otros funcionarios de similar condición o categoría de los demás entes que integran la Rama Judicial .

Valdivieso indicó, a su vez, que el lapso constitucional del Fiscal debe ser de cuatro años y no, en aquellos casos de reemplazo, para terminar el período .

La posición la fijó Valdivieso en un memorial remitido al jurista Vladimiro Naranjo Mesa, magistrado de la Corte Constitucional al que le correspondió elaborar la ponencia del proyecto de ley Estatutaria de la Justicia.

Apoyado en las actas de sesiones de la Asamblea Constituyente, Valdivieso insistió en que la Fiscalía General de la Nación es un órgano autónomo e integrado de manera funcional al Poder Judicial.

Esto significa, explicó, que no puede estar subordinado a ningún otro organismo.

Así, Valdivieso solicitó declarar la inexequibilidad de la norma que reconoce la facultad de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura para elaborar la totalidad de los proyectos de inversión de la Rama Judicial.

Así como la disposición a través de la cual se le confiere al Gerente Judicial la función de administrar bienes y recursos, destinados para el funcionamiento de la justicia y responder por su correcta aplicación o utilización.

Régimen disciplinario En el memorial, Valdivieso solicitó excluir de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura la facultad de conocer, en única instancia, los procesos de esa naturaleza adelantados contra el Vicefiscal, los Fiscales Delegados ante la Corte Suprema y los Tribunales.

Esa atribución consagrada en el Artículo 112 de la iniciativa viola la autonomía de la Fiscalía, argumentó.

Solicitó, a la vez, dejar sin vigencia las reglas de juego fijadas en el proyecto respecto a la clasificación de los cargos, calidades, posesión, provisión de vacantes, vacaciones, suspensión en el empleo, de los funcionarios y empleados de la Fiscalía.

Ellos, dijo, son servidores de la Fiscalía, un organismo autónomo e integrado de manera funcional a la Rama Judicial.

Delegación en la Corte Con todo, Valdivieso pidió a la Corte apoyar la disposición del proyecto de ley, a través de la cual puede delegar la función de investigación y acusación a los fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia.

Argumentó que se trata de una facultad constitucional y, por lo tanto, viable. En la actualidad, la Corte Suprema se opone a esta clase de delegaciones.

Valdivieso sintetizó así su explicación: con esa atribución no se deja en manos de los fiscales ante la Corte toda la responsabilidad.

La norma enfatizó consagra una modalidad de necesaria y especial delegación, dirigida u orientada y no prohibida en la Constitución .

Valdivieso, sin embargo, pidió la inexequibilidad de un artículo, mediante el cual se condiciona a un concepto previo de la Procuraduría, el disponer la reserva de identidad del testigo.

Esto, dice el Artículo 205, en las investigaciones por narcotráfico, terrorismo o delitos atroces, a cargo de la justicia sin rostro.

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