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EL GALEÓN: JUEZ EXIGE PRESENCIA DEL PRESIDENTE

El juez décimo civil del circuito de Barranquilla, Alfredo Castilla Torres, no aceptó la representación que le confirió el presidente, César Gaviria Trujillo, al Ministerio de Defensa para conciliar en el caso del galeón San José y por tal razón decretó ayer la suspensión de la audiencia. En consecuencia, ésta debe reanudarse en una fecha que debe fijar el funcionario judicial, probablemente en el mes de marzo, cuando se espera que asista el Presidente en persona.

Redacción El Tiempo
La Nación estuvo representada ayer por el jefe de la Dirección Marítima y Portuaria del Ministerio de Defensa, vicealmirante Gilberto Henríquez Roncancio, asistido por el ex ministro Hugo Escobar Sierra.
El reclamante del tesoro hundido, la multinacional estadounidense Sea Search Armada, estuvo representado por el abogado Danilo Devis.
La sesión, que se cumplió en la sala de juntas del Tribunal Superior de Barranquilla, duró unas cuatro horas, la mayor parte dedicada a los alegatos acerca de la validez de la representación.
Estos se centraron en el artículo 101 del Código de Procedimiento Civil que dice que el demandado debe comparecer él mismo, con abogado o sin éste.
Pero el Presidente, previo concepto del Consejo de Estado, delegó en virtud del Decreto Ejecutivo 243 de 1993 en el Ministerio de Defensa.
Según Devis, el juez resolvió no aplicar este decreto porque es norma de inferior jerarquía respecto del Código de Procedimiento Civil, que es un decreto-ley.
El funcionario sólo se limitó a declarar que la audiencia había sido suspendida.
El pleito judicial lo inició la Sea Search, que reclama la mitad de las riquezas que probablemente se encuentran en las bodegas del galeón San José, que fue hundido frente a las costas cartageneras en 1708 cuando se dirigía a España.
La Nación reconoce el cinco por ciento de tales tesoros a Sea Search, que denunció el lugar exacto donde se encuentra el galeón. Los expertos calculan en unos diez mil millones de dólares el valor .
El pleito ha estado lleno de incidentes, pues los abogados de la Nación han insistido en que se trata un proceso administrativo, no civil. Todavía no se ha iniciado la etapa de las pruebas, que según los civilistas durará varios años, a menos que haya conciliación.
Del caso también hace parte el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), que se hizo representar ayer por el abogado Ricardo Ocampo Padilla, que siempre estuvo al lado de Escobar Sierra.
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Redacción El Tiempo
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