Salir de la bancarrota

Salir de la bancarrota

Para varios analistas, la iniciativa más importante aprobada por el Congreso en el periodo legislativo que acaba de terminar fue la prórroga del impuesto de patrimonio, que ahora tendrá vigencia hasta el 2014. No obstante, teniendo en cuenta que el tributo afectará apenas a 9.300 contribuyentes, pues ese es el tamaño del grupo que tiene una riqueza neta superior a los 3.000 millones de pesos en el país, hay quienes piensan que lo realmente destacable es la Ley que establece el régimen de insolvencia para la persona natural no comerciante. En pocas palabras, este le permite a un ciudadano que se atrase en sus obligaciones acogerse a un esquema de arreglo con sus acreedores, en forma conciliada y ordenada, tal cómo les ocurre a las sociedades que entran en problemas financieros.

21 de diciembre 2009 , 12:00 a.m.

La incorporación de dicho mecanismo en la legislación colombiana es un avance notable, producto del empeño del representante a la Cámara, Simón Gaviria Muñoz, quien examinó como funciona el tema en otras latitudes. Dicha experiencia indica que aunque existen mecanismos para manejar el caso de una persona que entra en bancarrota, el mejor esquema es el de un proceso organizado. Es cierto que una entidad o un particular pueden perseguir los bienes de quien no les paga, acudiendo al sistema judicial. Pero en Colombia un proceso legal puede tardar varios años en los cuales los activos pierden valor, para no hablar de los casos en que los juicios se acumulan. Además, cualquier banquero sabe el peor camino posible es el de ‘ahorcar’ a alguien.

Una vez más, en este caso tiene plena validez el dicho que afirma que un arreglo es mejor que un buen pleito.

Lo anterior quiere decir que un mecanismo de insolvencia es una manera de proteger a acreedores y deudores. Los primeros tienen más posibilidades de recuperar el capital entregado y los segundos pueden continuar con sus actividades, sin que se les cierren todas las puertas. La dolorosa experiencia que dejó en el país la llamada ‘crisis del Upac’ a finales de la década pasada, durante la cual miles de familias perdieron buena parte de lo acumulado a lo largo de toda una vida, es una prueba más de que el nuevo sistema es necesario.

Hechas tales precisiones, no está de más aclarar que el propósito de lo aprobado en el Capitolio no es favorecer a quienes se niegan a pagar sus deudas, sino a quienes quieren y no pueden, ya sea por la pérdida de su trabajo, por una calamidad familiar o cualquier otra razón. En tal sentido la Ley, que está pendiente de la sanción presidencial, prevé que se pueden acoger a la categoría de insolvencia quienes hayan incumplido la cuota de dos o más obligaciones en favor de acreedores diferentes y en un lapso superior a 60 días, o quienes tengan dos o más demandas de ejecución en su contra.

Así, un ciudadano puede acudir a un centro de conciliación que puede ser público o privado y hacer un informe de su situación, que incluya la relación de todos sus activos y pasivos, al igual que de sus ingresos y gastos. Una vez se acepte el trámite, es necesario convocar a todos los deudores, por lo cual se deberán suspender el cobro de intereses para las obligaciones, entendiéndose que existe un plazo inicial de dos meses, prorrogable 30 días, para que las partes lleguen a un entendimiento.

Frente a la llegada del nuevo esquema, hay quienes previenen que la insolvencia puede fomentar la cultura del no pago de las deudas. En respuesta a esa posibilidad, las normas no solo sancionan con cárcel cualquier información falsa o intento de fraude, sino que un arreglo eventual deja de operar en caso de incumplimiento. Además, está previsto que tienen que pasar seis años desde la utilización de la figura, para que pueda ser usada de nuevo. Ahora lo que falta, es que el mecanismo empiece a operar. Al comienzo, la respuesta puede ser tímida y seguramente habrá diferencias de criterio. Pero con el tiempo, los colombianos deberían aprender que es menos grave entrar en bancarrota, cuando hay una manera de salir de ella.

'' El propósito de la nueva Ley que establece el régimen de insolvencia y que fue aprobada por el Congreso, no es favorecer a quienes se niegan a pagar sus deudas, sino a quienes quieren y no pueden

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