Contralor pide crear entidad que asuma defensa jurídica del Estado

Contralor pide crear entidad que asuma defensa jurídica del Estado

En su informe de rendición de cuentas 2009, el contralor Julio César Turbay Quintero propone crear el Viceministerio de la Defensa Jurídica o una entidad independiente para que asuma la defensa jurídica del Estado, debido a que las demandas ya suman 102 billones de pesos y existe el riesgo de que la Nación pierda muchas de ellas.

14 de diciembre 2009 , 12:00 a.m.

El objetivo, según Turbay, es que esa entidad promueva e impulse la conciliación extrajudicial en lo contencioso administrativo, ayude a fortalecer la estructura de la Procuraduría y las oficinas jurídicas de las entidades públicas, y garanticé el pago oportuno de las sentencias y conciliaciones ejecutoriadas, para evitar el costo de elevados intereses.

El Contralor le dijo a EL TIEMPO que, además de acercar y comprometer a la ciudadanía al rededor del control fiscal, una de las acciones más importantes que adelantó el ente fue mejorar la defensa del Estado ante la lluvia de demandas, que “se han convertido en una forma vil de desangrar al fisco”, dijo.

El funcionario también destacó el trabajo realizado por el organismo a su cargo en contra de los malos manejos de los recursos de las regalías y dijo que se propone promover una modificación a la ley de regalías, “para que no se sigan robando la plata”.

El Contralor señaló que este año se quedó por presentar un proyecto de ley que le da “más dientes” a la Controlaría para proceder contra aquellos que atentan contra los recursos de la Nación.

Acciones vitales En su informe de gestión, Turbay resaltó, entre otros, el freno que el ente de control le aplicó a la polémica licitación para la renovación de 15 mil semáforos en Bogotá, por valor de 215 mil millones de pesos. Gracias a esa labor, Planeación Nacional accedió a discutir cuál es el protocolo o plataforma que más le conviene al país en materia de semaforización.

Turbay también destacó la labor que vienen cumpliendo los controles de advertencia emitidos por su despacho, como los informes de gestión de las entidades públicas.

Un ejemplo de ello es la auditoría realizada por las inconsistencias en la nueva plataforma del Registro Único Nacional de Tránsito (Runt), con el cual –dijo Turbay– el Estado se expone a demandas que podrían afectar el patrimonio público. En este tema, el ente advirtió que hay hallazgos de carácter disciplinario por los que deben responder funcionarios del Ministerio de Trasporte.

Turbay también destacó cómo un estudio de la Controlaría logró que el Ministerio de Minas y Energía obtuviera un mejor precio por las electrificadoras de Santander, Norte de Santander, Boyacá, Meta y Cundinamarca. El valor de esa infraestructura se incrementó en 263 mil millones de pesos, sobre el precio inicial fijado por la banca de inversión.

La Controlaría logró, igualmente, que la Drummond le reconociera a la Nación 48 millones de dólares por concepto de regalías que no se le estaban pagando al Estado, debido a que la multinacional tenía un precio de referencia diferente.

Respecto al sonado caso de Agro Ingreso Seguro, el ente de control fiscal ya le había advertido al Ministerio la concentración de recursos en algunos sectores y regiones, y en la actualidad adelanta una investigación para determinar cuántos recursos fueron asignados por sector, quiénes se beneficiaron con los mismos, cómo lo hicieron y de qué manera se invirtieron.

Este año, el contralor Turbay denunció inversiones irregulares por más de 12 mil millones de pesos en la firma Probolsa y cuantiosos manejos irregulares de regalías en regiones como Arauca, Casanare y Meta.

Al mismo tiempo, ordenó embargos por más de 25 mil millones de pesos a sociedades fiduciarias, intermediarios financieros, alcaldes y gobernadores relacionados con el manejo irregular de recursos de regalías y del Sistema General de Participaciones.

La Controlaría ha abierto por este caso procesos de responsabilidad fiscal por 177.452 millones de pesos, particularmente en los departamentos de Casanare y Meta.

Finalmente, durante la presentación de la gestión del año, el contralor Turbay señaló que se detectaron 409 hallazgos administrativos por un valor de 2.529 millones de pesos por manejo irregular de regalías, 22 con presunta incidencia penal

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