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CORTE: LUZ VERDE A AUXILIOS DEL 91

CORTE: LUZ VERDE A AUXILIOS DEL 91

La expectativa de acciones penales masivas dirigidas contra senadores, representantes e inclusive ministros de Estado, en razón de la entrega de auxilios en el orden nacional, perdió en la Corte Constitucional todo su fundamento. La Corte, que sobre una ponencia del magistrado Eduardo Cifuentes tumbó el mico de los auxilios en el Reglamento Interno del Congreso, pondrá punto final, sin embargo, a la controversia sobre el tema de los auxilios decretados por las cámaras para la vigencia de 1991.

La Corporación en pleno encontró legítima la interpretación jurídica que condujo al Ejecutivo y al legislativo a ejecutar los auxilios que el Congreso decretó con antelación a la vigencia de la nueva Constitución, que fueron incluidos en la respectiva Ley Orgánica del presupuesto de 1991 y que se entregaron bajo supervisión del Procurador General de la Nación.

Por unanimidad, la Corte acogió los criterios que en esa dirección expusieron el Fiscal General de la Nación, Gustavo De Greif, y el Procurador, Carlos Gustavo Arrieta.

Así, en la respectiva sentencia, la Corte declara la inconstitucionalidad del artículo quinto transitorio del reglamento interno del Congreso por vicios de forma, pero subraya la validez de la interpretación jurídica que la norma consigna.

El artículo quinto transitorio señala: Con el fin de interpretar el inciso primero del artículo 355 de la Constitución Nacional, aclárase que los auxilios, aportes, ayudas financieras, subvenciones o donaciones, decretados con anterioridad a la vigencia de dicha Constitución, pueden ejecutarse y pagarse con arreglo a las normas vigentes a esa fecha. Para tal efecto las autoridades respectivas adoptarán mecanismos especiales de control que garanticen su correcta utilización.

Parágrafo: Exceptuándose de lo anterior, las partidas no pagadas incluidas en los presupuestos para la vigencia de 1991 denominadas aportes para las empresas útiles y benéficas de desarrollo regional, con destino a las Corporaciones y esas partidas ingresarán al presupuesto respectivo para ser invertidas en salud, educación y vivienda .

En realidad, en concepto de De Greif y Arrieta, la prohibición de decretar auxilios, consagrada en el artículo 355 de la Carta, rige exclusivamente desde el instante en que entró en vigencia la Constitución. Esto es, desde el 7 de julio de 1991.

La norma en cuestión prevé: Ninguna de las ramas u órganos del poder público podrá decretar auxilios o donaciones en favor de personas naturales o jurídicas de derecho privado (...) .

A juicio de ambos funcionarios, al consignar tal previsión, la intención de la Asamblea Nacional Constituyente fue poner fin hacia el futuro a los así llamados auxilios parlamentarios, pero no la de extender esa prohibición a las partidas que habían sido decretadas con base en leyes anteriores a la nueva Carta y que debían ejecutarse bajo supervisión del Procurador. Otros argumentos Bajo esa perspectiva consideran De Greif y Arrieta si se desea examinar la legitimidad de los auxilios otorgados por las cámaras y el Ejecutivo en el orden nacional, es necesario distinguir entre el instante en que fueron decretados y la ejecución, que es una consecuencia lógica de la primera decisión.

En el caso de los auxilios de 1991, estos fueron decretados con base en la Constitución de 1886, desarrollada en tal sentido por la Ley 26 de 1975 y el decreto 7620 sobre empresas útiles y benéficas.

Las partidas respectivas, entonces, no fueron decretadas con posterioridad a la Constitución de 1991, sino ejecutadas con posterioridad a esta. Es decir, sencillamente, se surtió el trámite de aquello que había sido legalmente ordenado y que el Constituyente respetó.

En concepto de la Corte Constitucional, la interpretación que De Greif y Arrieta han hecho del contenido mismo del artículo 355 de la nueva Carta respecto de los auxilios decretados en 1991 se ajusta a la Constitución y a la voluntad del Constituyente.

Con todo, en razón de que la Ley Orgánica o el Reglamento Interno del Congreso no puede incluir materias ajenas al funcionamiento mismo de la corporación la Corte optó por declarar la inexequibilidad del artículo.

A la vez, como lo informó exclusivamente EL TIEMPO, la sentencia declara la inconstitucionalidad de normas que sólo permiten la detención física de senadores y representantes cuando existe resolución de acusación o auto de llamamiento a juicio.

La Corte considera que la detención de senadores y representantes opera ante decisión de la Corte Suprema de Justicia en cualquier etapa del respectivo proceso penal y que las cámaras deben atender las solicitudes judiciales a partir del procedimiento de suspensión de la investidura.

La decisión de la Corte Constitucional podría llevar a la Fiscalía a revisar el caso en curso contra los concejales de Bogotá, aun cuando voceros autorizados dijeron que se trata de asuntos independientes.

De acuerdo con las fuentes consultadas por EL TIEMPO, en primera instancia, en lo que hace a la investidura de quienes están requeridos, la Fiscalía sostiene que ninguno de los congresistas requeridos senadores Alvaro Pava, Ricaurte Losada Valderarrama y Armando Echeverry Jiménez, y el representante Telesforo Pedraza gozaba de fuero para la época en que incurrieron en el delito objeto de investigación.

En segundo lugar, en lo que se refiere a los auxilios en sí mismos, la tesis de la Fiscalía es que ni siquiera en virtud de la Constitución de 1886 los concejales podían decretar auxilios o ayudas, subvenciones o aportes.

El concepto de la Fiscalía es que, a diferencia de lo que ocurrió en el caso del Congreso, en el caso de los concejales no existía Ley que facultara al Concejo de Bogotá para decretar auxilios ni era posible ordenar tales partidas, pues las mismas no habían sido incluidas ni siquiera en el acuerdo que adoptó el presupuesto para la vigencia de 1991.

Así, al ordenar el pago de ayudas, subvenciones y aportes, se rompió el principio de legalidad del gasto público que consagraba el artículo 207 de la Carta.

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