En la Procuraduría ‘oyeron’ 421 teléfonos

En la Procuraduría ‘oyeron’ 421 teléfonos

Una orden que firmó el procurador Edgardo Maya Villazón el 20 de octubre del 2008 para monitorear las llamadas de un número fijo y de 14 extensiones del conmutador de la Procuraduría fue el sustento de la última operación de interceptación de comunicaciones que aparece registrada en los archivos internos de esa entidad de control.

27 de septiembre 2009 , 12:00 a.m.

Tres funcionarios de la Dirección de Investigaciones Especiales del organismo mantuvieron el seguimiento electrónico desde una sala de interceptaciones telefónicas que funcionó en el piso 22 de sede de la Procuraduría en Bogotá hasta el 24 de febrero de este año, cuando el nuevo procurador, Alejandro Ordóñez, ordenó la clausura de esa dependencia. La sala tenía equipos y programas de escucha adquiridos en el año 2003 y que le costaron a la Procuraduría 340 millones de pesos.

Esta semana, tras una publicación de EL TIEMPO, el Gobierno le pidió a la Procuraduría que informe qué actividades se realizaron desde esa sala, cuya existencia dijo desconocer.

El despacho de Ordóñez notificó desde febrero, tanto a la Fiscalía como al Ejecutivo, de su decisión de clausurar ese equipo y por eso ha causado extrañeza la versión de que esa sala era casi clandestina. De hecho, en decenas de destituciones aparece registro de las interceptaciones que hizo esa entidad con sus medios y los de la Plataforma Esperanza de la Fiscalía (ver declaraciones del ex procurador Edgardo Maya).

369 líneas fijas y 52 móviles El hecho es que en la misma Procuraduría se investigan los procedimientos que se usaron en los últimos 10 años para interceptar comunicaciones. Una semana después de que Ordóñez ordenó el cierre de la sala esta seguía abierta y por eso se revisa la conducta de tres funcionarios que tenían acceso a ella. “Hubo que cambiar guardas, ponerle cadenas a la puerta y sellar las ventanas”, contó una alta fuente.

Un primer barrido realizado por un grupo especial creado por el procurador Ordóñez ubicó 48 carpetas en las que aparecen 369 líneas fijas y 52 móviles que fueron interceptadas desde 1997.

Hasta ahora, no se han encontrado soportes válidos para la mayoría de esas interceptaciones. En 36 de esas carpetas, la información que sustenta la operación de escucha carece de soportes como la apertura de una indagación previa, listas de nombres a quienes pertenecen las líneas y las supuestas faltas disciplinarias. En 33 de los casos no figura número del expediente.

También se ha establecido que los números fijos eran interceptados directamente en la Procuraduría gracias a un convenio con la ETB, mientras que para los celulares acudían a la plataforma Esperanza de la Fiscalía, que les asignaba unos cupos de interceptación.

La mayor parte de los funcionarios que fueron ‘chuzados’ por la Procuraduría eran de esa misma entidad. Esos seguimientos se hicieron a funcionarios de la Veeduría, la Delegada en Cesar, entre otros. Casi todas las órdenes de interceptación son de la era Maya Villazón.

Hasta el momento se han hallado 22 carpetas con números fijos y celulares de funcionarios de otras 16 entidades del Estado que fueron interceptados.

Durante las elecciones de marzo del 2002, el procurador Maya ordenó vigilar a miembros de la Registraduría, del Consejo Nacional Electoral y hasta candidatos al Congreso. “Presuntas irregularidades en escrutinios”; “presunta participación en política”, son algunas de las razones argumentadas en las órdenes de interceptación.

Un año después, y hasta el 2006, las comunicaciones de varios números en el Ministerio de Defensa y de personal del Ejercito fueron escuchadas por la Procuraduría en investigaciones relacionadas con el manejo de contratos y por casos de falsos positivos.

‘INTERCEPTACIONES FUERON LEGALES’ .

El ex procurador Edgardo Maya Villazón le dijo a EL TIEMPO que puede garantizar que las actividades realizadas en esa sala fueron transparentes y que las funciones de Policía Judicial que tiene la Procuraduría le permiten hacer ese tipo de actividades investigativas. “No entiendo cómo el Gobierno dice que no sabía de esa sala (...) Claramente intentan minimizar la gravedad del escándalo de las ‘chuzadas’ realizadas por el DAS”, dijo Maya.

¿Ordenó interceptaciones? Las interceptaciones sólo se hicie- ron a servidores públicos, con base en las atribuciones que tiene la Procuraduría.

¿Qué resultado arrojaron? La última decisión de fondo fue la destitución de varios funcionarios de la delegada para los entes terri- toriales, sanción que confirmó el actual Procurador.

¿Detectó irregularidades en el manejo de la sala? Nunca fui informado de ningún manejo irregular. Me responsa- bilizo absolutamente de las inter- ceptaciones ordenadas por mi despacho y realizadas por la Oficina de Investigaciones Especiales

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