Amenazas de violentos ponen a prueba la Justicia

Amenazas de violentos ponen a prueba la Justicia

El supuesto plan de narcos y ‘paras’ contra algunos magistrados de la Corte Suprema no es la única presión que han sentido en los últimos meses los encargados de administrar justicia en el país. Apenas ayer en Bogotá, la jueza del caso del Palacio de Justicia, que ha recibido amenazas, suspendió momentáneamente la audiencia contra el coronel (r.) Alfonso Plazas Vega por la presencia de dos personas que le parecieron sospechosas.

17 de septiembre 2009 , 12:00 a.m.

La jueza María Stella Jara recibió un sufragio en su oficina. Ahora, cada persona que asiste a las audiencias en su despacho debe registrar sus huellas digitales. La idea es compararlas con las que aparecieron en el sufragio y que todavía no han sido identificadas por la Fiscalía.

Aunque la situación de los responsables de administrar la justicia no es nada comparable a la crítica que hasta el 2002 se vio en el país, los estudios de seguridad realizados por el Consejo Superior de la Judicatura señalan que persisten dificultades en varias zonas, especialmente en las del suroriente, donde las Farc siguen apretando, y ahora en el suroccidente, donde la guerrilla y las nuevas bandas han disparado todos los índices de violencia.

En algunas zonas, incluso, la Judicatura se ha visto obligada a trasladar despachos enteros, especialmente por amenazas y presiones de las Farc.

Trasladan procesos y juzgados La Corte Suprema acaba de aprobar cuatro solicitudes presentadas en los últimos tres meses por los jueces de Puerto Rico, que pedían el traslado a otros juzgados de los procesos por rebelión que debían tramitar en sus despachos.

“Cómo pedir al juez que sea independiente e imparcial cuando juzga a integrantes de dicho grupo armado ilegal en el territorio donde su presencia es permanente; y más aún, cómo esperar que los testigos concurran a señalar a los rebeldes acusados, cuando para llegar a la sede del juzgado deben emprender la aventura de su propia vida”, señaló la Corte al ordenar los traslados.

La Sala Penal les asignó estos procesos a jueces de Bogotá. Según los magistrados, la petición era válida “(…) para poder garantizar la imparcialidad y la independencia de la administración de justicia y también para no poner en peligro la integridad personal de los sujetos procesales e intervinientes en el proceso”.

En ese departamento se puede estar generando una crisis de justicia porque, al evaluar las solicitudes de los jueces de Puerto Rico, el propio Tribunal Superior de Florencia aseguró que ningún despacho del departamento estaba en capacidad de garantizar plenamente que no se dejaría presionar en los casos de rebelión.

Según un informe de la Judicatura, aproximadamente 90 funcionarios judiciales y 270 empleados han sido protegidos con una medida que sólo se toma en casos excepcionales: el traslado temporal de despachos.

No es una situación nueva. De hecho, en los últimos seis años se han aprobado 114 traslados definitivos de funcionarios porque, de quedarse, sus vidas corrían peligro. Ataques en Cali y Chocó Las cuentas de Asonal, el sindicato de la Rama Judicial, son todavía más críticas. Según sus voceros, hasta agosto iban 287 amenazados, entre jueces, fiscales y funcionarios de todo el país. Seis de cada diez de ellos son fiscales y miembros del CTI.

Asonal asegura que en este momento hay 62 jueces y fiscales asilados, la mayoría por casos de entre el 2006 y el 2008. Este año, al menos tres jueces han tomado el mismo camino.

Y aunque en los dos últimos años se han asignado cerca de 10 mil millones de pesos para protección de funcionarios judiciales, los violentos siguen golpeándolos.

Uno de los casos más conocidos fue el del fiscal Séptimo Especializado de Cali, Jairo Martínez Solarte, quien fue asesinado por sicarios cuando salía de su casa en el sur de la ciudad. Él investigaba el caso del atentado de la guerrilla al Palacio de Justicia y llevaba varios procesos contra las bandas delincuenciales de esa ciudad en las que habían aparecido los nombres de miembros de la Policía.

En Quibdó asesinaron a un juez y otro recibió cuatro puñaladas en el parqueadero de los juzgados de esa capital, aparentemente por uno de los procesos que tenía a su cargo.

Y uno de los investigadores estrella de Justicia y Paz en la Costa, el funcionario del CTI Larry Churrón, murió en un confuso ataque que fue presentado como un intento de atraco, pero que sigue bajo investigación.

145 Los funcionarios del CTI asesinados desde 1992 a la fecha, cuando cumplían con sus labores.

287 Los amenazados hasta agosto de este año, según Asonal Judicial, el sindicato de la Rama.

360 Los funcionarios judiciales y empleados de la Rama Judicial que han sido movidos temporalmente

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