Disparos no frenan las audiencias

Disparos no frenan las audiencias

Martha Liliana Benavides es jueza en Puerto Rico (Caquetá) desde hace cuatro años. Su último susto fue hace menos de una semana: “Estábamos en audiencia cuando hicieron unos disparos en la calle” –cuenta–. Tuvimos que continuar la audiencia porque no había nada más que hacer”.

17 de septiembre 2009 , 12:00 a.m.

Benavides, como sus otros dos compañeros de plaza, ha tenido que pedir el traslado de procesos contra guerrilleros. “La Corte nos ha dicho que la situación de orden público que se vive en el municipio podría repercutir en el juez para decidir; por eso estamos remitiendo los procesos por rebelión que nos llegan”, explica la jueza.

En julio, convocó a una audiencia de juzgamiento contra un procesado por rebelión. La sorpresa fue grande cuando el Fiscal 21 Especializado de la Unidad Nacional contra el Terrorismo falló a esa primera cita y luego, simplemente, no apareció en el despacho. Su explicación fue que su integridad estaría en riesgo si viajaba hasta ese municipio y por eso fue la Fiscalía la que acudió al Tribunal Superior de Florencia para solicitar el traslado del caso.

Los magistrados, después de evaluar la situación, determinaron que ningún despacho en el Caquetá reunía las garantías que pedía el funcionario y remitieron la petición a la Corte Suprema.

El fiscal presentó un informe de la Fuerza de Tarea Conjunta Omega, Comando Específico del Caguán, que opera en la zona. En ese documento se relacionan más de 50 homicidios, varios casos de atentados con explosivos contra bienes y personas civiles, denuncias de retenes ilegales en las vías que conducen al municipio y quema de vehículos ocurridos en lo corrido del año.

La Corte atendió esos argumentos. “En el trasfondo de la petición se encuentra el temor infundido por las Farc, que ha concentrado su accionar manteniendo su influencia a partir de la intimidación producida por hechos violentos”, dijeron los magistrados.

Los magistrados cotejaron ese reporte con las garantías que tienen la jueza Benavides y sus colegas. Ella vive a tres cuadras del Palacio de Justicia y no cuenta con ningún tipo de seguridad para sus desplazamientos.

Dice que son muchas las ocasiones en las que se queda con las audiencias preparadas porque el Inpec no traslada a los presos, que están en Florencia, sino a ciertas horas. Y a veces, por seguridad, simplemente los traslados se suspenden porque no hay garantías.

Los testigos tampoco llegan a las citas con la justicia. Hay casos en los que la guerrilla, cuando sabe que hay alguna diligencia programada, imparte la orden de suspender el transporte por río, que es el que utilizan las personas que viven en las veredas. Ante esto, los magistrados solicitaron al Consejo Superior de la Judicatura que estudie un posible traslado provisional de estos despachos

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