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IGLESIA: EL PAÍS SI ES CATÓLICO

IGLESIA: EL PAÍS SI ES CATÓLICO

La falta de sensatez de los magistrados no puede obligar a la iglesia a abandonar a su suerte a las comunidades indígenas, y a dejar de asistir y de ofrecer educación y bienestar a las poblaciones marginadas. Tampoco puede privar de recibir la religión a un país que sigue siendo católico. En estos argumentos se podría resumir la reacción de los prelados de la Iglesia Católica, consultados por EL TIEMPO acerca de la decisión de la Corte Constitucional sobre el Concordato.

El pronunciamiento oficial del Episcopado sólo se conocerá en su reunión general, el 17 de febrero.

La falta de sensatez de los magistrados no puede obligar a la Iglesia a abandonar a su suerte a las comunidades indígenas, a dejar de asistir y de ofrecer educación y bienestar a las poblaciones marginadas. Tampoco puede privar de recibir la religión a un país que sigue siendo católico.

Así lo manifestaron algunos obispos del país al referirse a la decisión de la Corte Constitucional, que el viernes declaró inexequibles 16 artículos del Concordato, tratado vigente entre Colombia y la Santa Sede.

Los prelados rechazaron enérgicamente la decisión de la Corte pero aseguraron que esto no implica que la iglesia se acabará.

Es inconcebible que se piense en abandonar a los indígenas a su suerte, en obligar a la iglesia a no hacer nada para promoverlos. También que se prive de la educación a poblaciones que no tienen acceso a los programas del Estado , dijo monseñor José de Jesús Pimiento, arzobispo de Manizales.

Se están violando los derechos de la gente y se falta a la sensatez cuando se asumen este tipo de decisiones que contrarían los principios de una población católica y los deberes de su iglesia , agregó.

Por su parte, el párroco eudista Vicente Duque Pérez, de la iglesia Santa Mónica de Cali, se mostró preocupado por el futuro de los colegios.

La situación podría afectar a miles de padres de familia ante las alzas en matrículas y pensiones a que se verían obligados los colegios católicos. Es increíble que quieran evitar que la Iglesia llegue con sus enseñanzas a regiones apartadas y olvidadas por el propio Estado . Respeto a los tratados Los jerarcas de la Iglesia Católica aseguran que el problema no es de ellos sino del Estado, que debe responder por un tratado internacional vigente.

El Concordato es un diálogo entre la Iglesia Católica y la República de Colombia, acerca de las cuestiones principales que atañen a ambas partes, pero que permite que cada una sea independiente en su propio campo. La Iglesia no tiene ni quiere privilegios ni tampoco busca intervenir en las acciones del Estado , dijo monseñor Pedro Rubiano, presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia Monseñor Rubiano aseguró que con Concordato o sin él, la Iglesia no se va a acabar ni a terminar su misión evangelizadora, ni se podrá evitar que maneje el orden sacramental y espiritual, en los cuales el Estado es incompetente.

Desde Guapi, en el Cauca, donde presidía el sepelio de un sacerdote, monseñor Rubiano aseguró que estaba tranquilo ya que no se ha roto el convenio con la Santa Sede sino que se cayeron 16 artículos. El Concordato es un tratado internacional y el Estado tendrá que entrar a notificarse a la Santa Sede.

Aseguran los prelados que si bien la nueva Constitución da competencia a la Corte para revisar tratados internacionales, es claro también que se refiere a los que están en proceso de formación y no a los vigentes.

Colombia es signataria de la Convención de Viena y debe respetar sus tratados, como lo explicaba muy bien el editorial de EL TIEMPO del pasado jueves , dijo monseñor Jorge Ardila, obispo de Girardot. Es un convenio que lleva más de diez años de vigencia .

Por su parte, monseñor Domingo Gándara, de la parroquia de Bocagrande en Cartagena, dijo que el Concordato es un tratado internacional que no puede ser roto unilateralmente. Creo que antes que nada las partes deben ponerse de acuerdo y actuar en consecuencia. En ocasiones, a nombre de la libertad, suele violarse la libertad .

La Iglesia como institución mística, con Concordato o sin él, tiene que replantearse su pastoral frente a la educación y la familia porque se ha dormido en sus laureles, se ha burocratizado , dijo el párroco de la Catedral Metropolitana de Barranquila, Luis Eduardo Gómez.

Agregó que, afortunadamente, los aspectos esenciales del Concordato siguen vigentes y que algunos de los derechos no privilegios que la Iglesia perdió pueden ser recuperados a través de nuevas negociaciones o mediante la iniciativa legislativa popular.

Precisamente, el presidente César Gaviria y la Ministra de Relaciones Exteriores, ya estudian la posibilidad de renegociar el tratado con la Santa Sede.

Por su parte, el senador Carlos Corsi, de Laicos por Colombia , y Alberto Merchán, director del mismo movimiento, afirmaron que la sentencia de la Corte Constitucional pone en peligro la integridad territorial de Colombia, por cuanto países vecinos como Nicaragua, que piden la revisión de tratados sobre fronteras, pueden desconocerlos con la misma argumentación de la Corte Constitucional.

En un comunicado, Laicos por Colombia dice que la decisión viola los derechos humanos de los católicos, al no poder establecer centros educativos ni impartir enseñanza moral de acuerdo con las creencias propias.

Los directores del movimiento invocaron la solidaridad de los colombianos para defender los derechos de los católicos a través de medios democráticos. País católico Un pronunciamiento oficial del Episcopado solo se producirá cuando se hayan analizado uno a uno los artículos declarados inexequibles.

Solo hasta que conozcamos el texto completo del fallo de la Corte, aproximadamente a finales de la próxima semana, podremos entrar a dar una opinión oficial. Igualmente, el Episcopado tiene su reunión general del 17 al 19 de febrero y allí tendremos tiempo de analizar las razones y el porqué de esta decisión , dijo el sacerdote Armando Larios, secretario general del Episcopado.

No obstante, ya se habla de contradicciones. Por ejemplo, el artículo V declarado exequible reconoce la misión de servicio de la Iglesia a la persona humana por medio de sus instituciones y servicios pastorales, en particular mediante la educación, la enseñanza y la promoción social. Pero, los artículos VI y X, declarados inexequibles, impedirían a la Iglesia colaborar con la población indígena, fundar, organizar y dirigir centros de educación o institutos de ciencias eclesiásticas.

También la inexequibilidad de los artículos XI y XXVI impediría colaborar con el Estado en la enseñanza de los colombianos. Ya no tendría la Iglesia las partidas para sostener sus planteles y diócesis ni acceso a zonas marginadas y abandonadas hoy por el Gobierno.

Para los obispos, tanta controversia y tanta discusión alrededor de la Iglesia Católica deja algo bueno: Colombia sigue siendo un país católico y, por lo tanto, su iglesia no va a desaparecer.

Precisamente, los dos primeros artículos del Concordato, en donde se manifiestan estos principios, se mantuvieron como tal. En el primero se reconoce que Colombia es un país católico, apostólico y romano y que el Estado le garantiza el pleno goce de sus derechos religiosos, sin perjuicio de la justa libertad religiosa de las demás confesiones.

En el segundo, se mantiene la plena libertad e independencia de la Iglesia. Gobierno respeta los Tratados El Ministerio de Relaciones Exteriores expidió ayer un comunicado en el que afirma que no tiene al alcance los elementos para analizar los efectos e implicaciones del fallo sobre el Concordato, debido a que la sentencia no ha sido divulgada oficialmente.

Ratifica que el Estado colombiano y la Santa Sede suscribieron el pasado mes de noviembre un acuerdo tendiente a reformar el Concordato de 1974 y armonizarlo a la nueva Constitución, y que en ese sentido analizará si los ajustes acordados el pasado mes de noviembre al Concordato entre la Santa Sede y el Estado colombiano son compatibles constitucionalmente con las partes considerativa y resolutiva del fallo .

El Gobierno colombiano reafirmó su tradicional posición de respeto y cumplimiento a los Tratados públicos y a los principios del Derecho Internacional.

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