GOBERNABILIDAD ECONÓMICA

GOBERNABILIDAD ECONÓMICA

La Constitución del 91 fue producto de la transacción de grupos políticos, sociales, económicos y raciales representados en una Constituyente elegida popularmente con el fin de buscarle una salida a la crisis generalizada que hacia ingobernable la sociedad e invivible al país. Allí participaron muchos de los actores y contendientes de este agitado proceso con el ánimo de convertir en normas constitucionales sus apreciaciones sobre el deber ser de la sociedad y el Estado colombianos.

26 de junio 1995 , 12:00 a. m.

Desde luego, la naturaleza del foro, así como la formación y vocación de la casi totalidad de los constituyentes hizo que el énfasis fundamental se diera a los asuntos políticos, lo cual explica la profusión de materias y compromisos adquiridos sin mayor consideración sobre sus reales posibilidades de ser atendidos con los recursos económicos disponibles. El propio Gobierno de entonces buscó que no recayeran estas demandas sobre su ejercicio y algunos voceros gremiales llamaron la atención sobre la dimensión económica de tales compromisos. En términos generales poco cuidado se prestó a las delicadas materias económicas, en aspectos tan sensibles como la forma de procurar los recursos necesarios y sus efectos sobre el comportamiento de la actividad económica general del país.

Curiosamente, nada se ha dicho ni escudriñado sobre el pensamiento económico que anima a la Carta del 91. Se asume simplemente que gira alrededor de las ideas neoliberales predominantes en esa época, sustentadas por el Gobierno Gaviria a través de sus ministros de la Calle y Hommes y comunes a los delegados conservadores, buena parte de los liberales, a los del M-19 y a la mayor parte de los independientes.

Quizás los temas en que añoró alguna controversia sobre su orientación económica fueron los relativos al Banco Emisor y al Plan de Desarrollo. El primero de ellos de estirpe claramente monetaria, fue una figura nueva en el ordenamiento constitucional para otorgarle estabilidad y facultades casi omnívoras a la Junta del Banco en el control de la inflación por la vía monetaria. El segundo, una reedición y fortalecimiento de la planificación, introducido en la Reforma del 68 para consagrar la intervención económica del Estado y la asignación de sus recursos en función de una política y una estrategia deliberada de desarrollo. Dos enfoques contrapuesto que se quisieron armonizar con la presencia del ejecutivo, por medio del Minhacienda, en la junta del banco como un distinguido sexto Miembro, para buscar un escenario de armonización económica. Ha sido ella posible en la práctica? En el Gobierno anterior se operó sin problemas debido a la identidad de pensamiento del Ejecutivo con los miembros de la Junta por él designados. En el actual son evidentes las diferencias ya que los miembros de la Junta tienen una concepción diferente al Gobierno Samper para desarrollar la Constitución con base en su programa, la misma Constitución que le otorgó tantos poderes al Emisor y adquirió tantos compromisos en el orden social, se encuentra seriamente comprometida por la manera como la Junta interpreta que debe ser su manejo monetario para garantizar un estricto cumplimiento de las metas inflacionarias. Esto ha conducido al conflicto de las tasas de interés y el gasto público, expresión de evidentes inconsistencias ideológicas de más hondo calado, así como de fallas instrumentales y programáticas en la Carta, que será preciso corregir en el futuro próximo. Mientras tanto se impone realizar concesiones de parte y parte permitiendo, de un lado que la expansión monetaria se dé en los niveles superiores del corredor acordado y así el circulante crezca a tasas no inferiores a la inflación, y que a su vez el gasto público se recorte con base en prioridades razonables y descienda de las alturas en que se encuentra. Desde luego, en este proceso debe comprometerse a los departamentos y Municipios que responden hoy por el mayor ritmo del incremento del gasto, en razón también de las prerrogativas concedidas y formalizadas en la nueva Carta. Quién puede frenar el afán de gastar de muchos Alcaldes y Gobernadores, agobiados de necesidades y con chequera propia? pocos parecen tan prudentes y mesurados como Mockus! Se impone un marco de concertación para suplir el vacío de dirección y gobernabilidad dejado por los constituyentes en el orden económico, a menos que lo que se quiera sea justamente eso: que no haya dirección ni gobernabilidad para que actúen libremente las fuerzas del mercado! es preciso tener cuidado para evitar que se sumen situaciones coyunturales, como las de las altas tasas de interés, con otras de naturaleza estructural como las derivadas de una disminución abrupta y sostenida de los narcoingresos, que traerían efectos severos sobre la demanda. Sería bueno que la Academia de Ciencias Económicas, la Sociedad de Economistas y los centros de estudio e investigación se ocuparan del tema por lo menos ahora que se cumplirán los primeros cuatro años de la promulgación de la Constitución del 91, y le contarán a los partidos políticos y al país qué piensan sobre esta situación.

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