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Las investigaciones por ‘falsos positivos’ salpican a 32 brigadas

Las investigaciones por ‘falsos positivos’ salpican a 32 brigadas

En los últimos seis años, la Procuraduría ha abierto investigaciones contra 1.603 miembros de 32 brigadas del Ejército, nueve de ellas móviles, y tres comandos operativos por la muerte de 812 personas en aparentes casos de ‘falsos positivos’.

Así lo estableció una comisión especial de ese organismo en un informe sobre el estado en que se encuentran los procesos disciplinarios abiertos por estas denuncias.

El informe, que fue entregado al alto comisionado de la ONU para las Ejecuciones Extrajudiciales, Philip Alston, durante su reciente visita al país, concluye, además, que hay cinco ‘perfiles’ de las víctimas.

La mayoría de los casos han ocurrido en siete unidades que hacen parte de la Quinta División, que tiene jurisdicción en Cundinamarca, Boyacá, Tolima y Huila.

En la Quinta División, creada hace nueve años por el Gobierno y con sede en Bogotá, se investiga a 202 militares, 40 de ellos con grado de oficial.

Estos uniformados habrían participado en 59 casos de ejecuciones arbitrarias, señala el informe disciplinario.

En total son 686 los expedientes abiertos por la Procuraduría por este tipo de hechos. Sin embargo, sólo en cinco casos se ha proferido un fallo de destitución e inhabilidad contra los militares investigados; en 29 casos se han formulado pliegos de cargos y en 19 se archivó el proceso.

Los perfiles de las víctimas Según los investigadores del Ministerio Público, en los casos de Soacha –por los que la Fiscalía tiene detenidos a casi 40 militares– se ha determinado que las víctimas conocían o eran amigas del reclutador (un particular), que las contactaba con falsas ofertas de trabajo y luego las entregaba a militares.

Y del análisis de las denuncias en el resto del país se han establecido otros cuatro perfiles de las víctimas de ‘falsos positivos’, según la Procuraduría. Uno corresponde a personas que fueron retenidas por patrullas del Ejército. Esta modalidad fue utilizada en Antioquia.

Algunas víctimas, establece el informe, habían prestado alguna colaboración o auxilio a grupos armados al margen de la ley; otras eran sindicalistas o líderes comunales. La identidad y ubicación de estas personas eran entregadas a los militares por desmovilizados, reinsertados o cooperantes.

Otro perfil corresponde a casos de ‘limpieza social’. Según la Procuraduría, las víctimas por lo general eran indigentes, personas solas o forasteros que eran detenidas.

Un cuarto perfil es el de personas asesinadas o secuestradas por grupos paramilitares y entregadas luego a patrullas. Hay decenas de casos documentados en Valledupar.

La Procuraduría señala que también ha encontrado hechos en los que se ha presentado el caso contrario: militares retenían a las personas y las entregaban a los grupos armados ilegales

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