LEY DE DESORDENAMIENTO TERRITORIAL II

LEY DE DESORDENAMIENTO TERRITORIAL II

En un artículo publicado en días pasados en EL TIEMPO, el profesor Orlando Fals Borda hizo unas consideraciones muy importantes, aunque discutibles, acerca de nuestra propuesta de aplazar la discusión del Proyecto de Ley de ordenamiento territorial, debido a que constituye un factor de distracción y de división de la Nación en momentos en los cuales existen otras prioridades y la unión de todos es imperativa.

24 de junio 1995 , 12:00 a. m.

1. Sostiene el profesor Fals que una ley es oportuna cuando ha sido ampliamente debatida. No obstante reconocer la inconveniencia de las leyes expedidas a puerta cerrada, es preciso ser enfáticos en señalar que la discusión amplia no es la única condición que debe reunir una norma para que su expedición sea pertinente. La Ley de ordenamiento es inoportuna no porque haya carecido de debate, sino porque requiere el cumplimiento de unos requisitos institucionales y económicos que no se verifican en la actualidad.

2. Señala el profesor que el Proyecto contribuye a la paz nacional porque dará solución a los problemas limítrofes entre 19 departamentos y 81 municipios del país. Sin dejar de lado la importancia de solucionar estos conflictos, nadie puede sostener hoy que las diferencias territoriales constituyen la causa del clima de violencia que vive Colombia, siendo por tanto poco considerable el aporte que a la paz brinda este Proyecto. Las soluciones para pacificar realmente el país no están en la Ley de ordenamiento territorial.

3. Considera el prestante contradictor que el ordenamiento territorial no es el segundo piso de la descentralización y que es una falacia concebirlos por separado. Nosotros, por el contrario, pensamos que es una imprudencia unirlos. En efecto, los estudios recientes del Banco Mundial y de Planeación Nacional insisten en señalar cómo las profundas deficiencias institucionales de los departamentos y municipios constituyen uno de los mayores obstáculos del actual proceso de descentralización. No hay gerencia pública en la mayor parte de estas entidades territoriales y sin ella cualquier proceso que busque crear nuevos entes regionales está condenado al riesgo del fracaso.

La inadecuada estructura administrativa no es el único de los problemas de la descentralización detectado. En el último de sus estudios sobre el tema, Eduardo Wiesner encontró que algunos de los grandes beneficiados del proceso descentralizador no han sido los colombianos, sino los burócratas.

4. El profesor Fals señala que las nuevas entidades territoriales no causarán erogaciones porque dependerán de los recursos de los municipios y departamentos que se asocien en torno de ellas. La realidad económica departamental y municipal no permite considerar como viable esta hipótesis. Como lo ha ilustrado Roberto Junguito en un trabajo reciente, el crecimiento del gasto público de estos entes territoriales está siendo financiado considerablemente por medio del endeudamiento, lo que significa ni más ni menos que ya los ingresos totales departamentales y municipales son insuficientes para pagar sus gastos, siendo entonces muy difícil que puedan atender la nueva burocracia provincial o regional.

Lo expuesto nos conduce a insistir en la necesidad de fortalecer los cimientos del primer piso de la descentralización, para, acto seguido, arrojar sí la plancha del segundo.

5. Argumenta Fals que la Ley de ordenamiento se justifica también porque racionaliza los servicios públicos y reduce costos al inducir economías de escala. Las bondades de esta racionalización nadie las discute, pero su existencia no requiere de la Ley de ordenamiento porque ya la Ley de Areas Metropolitanas (Ley 128 de 1994) y la de Servicios Públicos (Ley 142 del mismo año) la hacen posible, siendo por tanto innecesaria su expedición por este motivo.

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