COLOMBIA EJECUTARÁ FALLOS

COLOMBIA EJECUTARÁ FALLOS

Los narcotraficantes sometidos a la justicia quedaron ayer enfrentados a hacer confesión de la totalidad de sus crímenes o a pagar las condenas que por delitos no admitidos impongan jueces extranjeros.

23 de junio 1995 , 12:00 a. m.

Por unanimidad, la Corte Constitucional abrió ayer la vía para que las sentencias proferidas contra colombianos en el exterior puedan ser ejecutadas en el país cuando, por vía diplomática, exista solicitud del respectivo gobierno extranjero.

Con arreglo a los tratados internacionales, las sentencias podrán ejecutarse siempre que las sanciones impuestas no sean distintas (pena de muerte) o excedan las penas previstas para los respectivos delitos en Colombia, y siempre que en el país no exista actuación procesal en curso o fallo por los mismos hechos.

La Corte amplió a los colombianos de nacimiento una norma que venía aplicándose respecto de colombianos por adopción o nacionalizados.

Hasta ahora, siempre que se cumplieran los requisitos antes mencionados, las sentencias proferidas en el extranjero contra colombianos tenían plena ejecución en el país si se trataba de nacionalizados, pero constituían tan solo una prueba para iniciar procesos contra los colombianos de nacimiento.

En concepto de la Corte en pleno, no existe norma en la Constitución que permita establecer tal discriminación y, por el contrario, lo que la Carta exige es el juzgamiento en el país de los nacionales que hayan incurrido en delitos en el exterior.

Así, cuando existe sentencia proferida en el extranjero por ilícitos no conocidos en Colombia, ese juzgamiento consiste en ejecutar las sentencias y no en iniciar procesos para repetir la investigación y juicio en Colombia, dijo la Corte.

En la práctica, explicó un magistrado, ello significa que Colombia puede ejecutar una sentencia por narcotráfico o por otro delito contra uno de sus nacionales cuando éste no ha sido juzgado en el país por ese caso. Otra cosa es que exista un proceso en curso o un fallo por los mismo hechos .

En palabras del magistrado José Gregorio Hernández, presidente de la Corporación, la sentencia de la Corte tiene por objetivo cerrar el paso a la impunidad y evitar que un colombiano condenado en el exterior pueda deambular por el país sin cumplir una pena por sus delitos, además de constituir un instrumento vital del Estado y de la comunidad internacional en la lucha contra la delincuencia .

La decisión podría tener un efecto inmediato y práctico sobre la política de sometimiento a la justicia.

Un narcotraficante que no confiese la totalidad de sus delitos podría terminar, por ejemplo, siendo condenado en el exterior por algunos de los crímenes que no admitió y esa pena tendrá que ser ejecutada en el país.

El pronunciamiento de la Corte Constitucional se produjo al revisar una norma del Código de Procedimiento que preveía: Las sentencias penales proferidas por autoridades de otros países contra nacionales colombianos por adopción podrán ejecutarse en Colombia a petición formal de las respectivas autoridades extranjeras, formulada por vía diplomática.

La Corte concluyó que la ejecución de sentencias dictadas en el exterior no cobija exclusivamente a los nacionalizados sino a la totalidad de colombianos, cuando el Estado colombiano no conozca de la ocurrencia de esos delitos y, por consiguiente, no haya podido investigarlos o pronunciarse sobre ellos.

Esta es, en concepto de la Corte, la consecuencia del precepto constitucional que, al abolir la extradición, impuso al Estado la obligación de juzgar a los nacionales que resultasen comprometidos en conductas ilícitas en otro países, El texto constitucional señala: Se prohíbe la extradición de colombianos por nacimiento (...). Los colombianos que hayan cometido delitos en el exterior, considerados como tales en la legislación nacional, serán procesados y juzgados en Colombia .

A juicio de Hernández, la debida interpretación de la norma no consiste en plasmar la impunidad de quien delinquió en el extranjero, ni en llevar al Estado a repetir juicios ya realizados. Se trata de que las personas tengan que ser juzgadas en Colombia cuando no hayan sido juzgadas en el exterior .

Otros fallos De otra parte, la Corte advirtió que los ciudadanos sí pueden promover leyes cuya iniciativa está asignada en la Constitución al Ejecutivo. Esto es, normas sobre presupuesto, reorganización del Estado o reestructuración del aparato oficial.

En concepto de la Corte, al coadyuvar la aprobación de una Ley originada en los ciudadanos, el Gobierno asume la iniciativa que le asigna la Constitución.

La doctrina de la cual se apartaron los magistrados Hernández y Vladimiro Naranjo tuvo origen en una demanda contra la Ley que reestructuró el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena).

El proyecto de Ley que reestructuró el Sena empezó a tramitarse en el Congreso apoyado en cerca de un millón de firmas. Más tarde, sin embargo, el Gobierno apoyó el trámite del proyecto.

Aunque para Hernández y Naranjo, la Ley era inconstitucional en cuanto no fue el producto de una iniciativa del Gobierno, para la mayoría de la corporación, al apoyar la reforma, el Ejecutivo asumió el liderazgo que en estas materias le asigna la Carta.

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