Práctica sistemática

Práctica sistemática

Philip Alston llegó en el momento justo. En medio del vergonzoso capítulo de las ejecuciones presentadas como éxitos operativos, el relator de las Naciones Unidas para las ejecuciones extrajudiciales, sumarias y arbitrarias visitó el país. Durante 10 días habló con mucha gente, llegó a muchos lugares y analizó muchos documentos.

19 de junio 2009 , 12:00 a.m.

“La cantidad misma de casos, su repartición geográfica y la diversidad de unidades militares implicadas indican que las ejecuciones fueron llevadas a cabo de una manera más o menos sistemática por una cantidad significativa de elementos del ejército”, concluyó.

Alston aclaró: “No he encontrado pruebas que indiquen que estas ejecuciones se llevaron a cabo como política oficial del Gobierno o que fueron dirigidas o llevadas a cabo a sabiendas del Presidente o de los sucesivos Ministros de Defensa”.

Aun así, existe una responsabilidad institucional que el Gobierno no puede eludir porque fueron sus políticas las que contribuyeron a producir los ‘falsos positivos’. El relator definió los ‘falsos positivos’ como “asesinatos a sangre fría y premeditados de civiles inocentes con fines de beneficio”. El uso extensivo de recompensas y los días de licencia y descanso en forma de pago por resultados caracterizan la política de seguridad democrática y este Gobierno sordo y ciego insiste en mantenerlos.

Pero el Gobierno no los defiende abiertamente. Quedó claro que ni el relator recibió respuestas claras. El Ministerio de Defensa le aseguró que la directiva secreta No. 29 había sido derogada y, para él, eso significó la desaparición del sistema de recompensas. Al parecer, obviaron comentarle que la directiva 29 solo fue modificada para fortalecer el sistema de controles, pero las recompensas siguen vivitas y coleando.

Existe una responsabilidad institucional que el Gobierno no puede eludir porque, agregó el relator, “se está dando un hostigamiento sistemático de los militares hacia los supervivientes”. Y, según Christian Salazar, director de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos en Colombia, también fiscales y testigos están amenazados.

Pero, más que nada, existe esa responsabilidad institucional que el Gobierno no puede eludir porque cerró y sigue cerrando los ojos. Años atrás, cuando conoció el problema, permaneció indiferente. Solo en noviembre del 2007 reaccionó y, para entonces, ¿cuántas muertes inocentes se podrían haber evitado? El problema de fondo persiste: el Gobierno y las Fuerzas Armadas se niegan a reconocer el alcance del fenómeno. Y, hasta el día de hoy, la cultura militar parece impermeable a los hechos. “Esto va mucho mas allá de Soacha –dijo el relator–. El enfoque en torno a Soacha fomenta la percepción de que se trata de un fenómeno limitado”, continuó. Expresó su frustración porque tanto autoridades civiles como militares se niegan a reconocer el alcance del problema.

Es más, las autoridades militares y políticas insisten en el discurso de “las manzanas podridas”. Afirman que “muchos de los casos son bajas legítimas de guerrilleros u otros”. El relator fue inequívoco: “Aparte de afirmaciones contundentes, el Gobierno no me ha dado prueba alguna en este sentido”.

¿Cuántas veces más deberemos escuchar al Presidente hablar de “falsas acusaciones”? ¿Cuántas veces más deberemos oír que se trata de una estrategia de la guerrilla para deslegitimar a la fuerza pública? ¿Cuántas veces más lo deberán soportar las madres, esposas e hijos? ¿Y cuánta gente lo creerá?.

HERJOS

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