El manual aparece detallado en una de las 103 carpetas que la actual administración del DAS le entregó a la Fiscalía y que fueron elaboradas por el Grupo de Inteligencia G-3, creado durante la administración de Jorge Noguera y coordinado por su entonces asesor José Miguel Narváez.
Ubicaron a padres y cónyuges de miembros de ONG nacionales y extranjeras; fotografiaron a hijos de defensores de derechos humanos y hasta escribieron grafittis amenazantes en las paredes cercanas a la casa del entonces viceministro Andrés Peñate, porque creían que era un conspirador, asegura uno de los investigadores del caso.
No sacrifique a su hija Todo indica que fueron ellos quienes le enviaron a Zoraya Gutiérrez, directiva del Colectivo de Abogados José Alvear, una muñeca salpicada con sangre y la nota: Usted tiene una hija muy linda, No la sacrifique....
El mensaje llegó a su oficina a mediados de mayo del 2005, cuando su hija apenas cumplía siete años.
Entre las carpetas también había fotos y seguimientos a los hijos y sobrinos de los abogados de Derechos Humanos Dora Lucía Arias, Alejandra Cadavid y Reinaldo Villalba, y de la periodista Claudia Julieta Duque. Ninguno de los pequeños sobrepasaba los 10 años.
En abril del 2005, un memorando del G-3 estableció el modus operandi y se explayó en instrucciones sobre Gustavo Gallón, presidente de la Comisión Colombiana de Juristas, y del abogado Alirio Uribe, miembro del Colectivo de Abogados Alvear Restrepo.
(...) Verificar lugar de residencia y si tiene seguridad paralela; establecer identidad de familia cercana; seguimientos para conocer su rutina; obtener información de su esposa e hijos; establecer si hay un apartamento cercano desde donde se puedan realizar labores de inteligencia, dice la orden contra Gallón.
En cuanto a Uribe, aparecen varias carpetas con fotografías, estractos bancarios, valoraciones de hábitos, debilidades y fortalezas, reportes de lugares frecuentados y de la estructura familiar, nombres de los hijos, amigas, relación de propiedades, contactos en el exterior y registros migratorios. En los dos casos, hay información bancaria y financiera que indica que la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf), que ahora está enredada en el escándalo de los seguimientos a los magistrados, entregó información sobre las ONG.
Incluso, en marzo del 2004 según uno de los reportes el DAS le hizo seguimiento a una delegación extranjera que visitó a la Comisión Andina de Juristas.
El hecho es todavía más grave porque tanto Uribe como Gallón tienen medidas cautelares (protección especial) ordenadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y, además, porque los dos llevan algunas de las más importantes demandas contra la Nación por violaciones de derechos humanos.
Pero no eran los únicos. La Comunidad de Paz de San José de Apartadó, Redepaz, el Cinep y la CUT aparecen en la lista de la llamada Operación Lince. Decenas de miembros de estas organizaciones fueron grabados ilegalmente desde la sala Vino del DAS.
En el caso de la Comunidad de Paz y el periodista Holman Morris, se usaron órdenes falsas que dieron el libre acceso a la plataforma Esperanza, manejada por la Fiscalía. A Morris, dice un reporte del CTI, los seguimientos se hacían en tiempo real, pues el control a sus llamadas y correos les permitía estar en los sitios a los que iba a citas.
Según reveló el senador Gustavo Petro en un debate en el Senado, se indaga la elaboración de un video en su contra que el G-3 divulgó en el exterior a nombre de la ONG Frente Social por la Paz, que no existe, y que también implicó al padre Javier Giraldo. EL TIEMPO estableció que hay una denuncia de Morris que dice que un directivo del DAS le corroboró que el G-3 hizo el video en septiembre del 2005.
La práctica siguió El DAS usó desde ese año y probablemente hasta hace pocos meses buena parte de sus recursos humanos y financieros (incluso de gastos reservados) para espiar y acosar a este grupo de ciudadanos.
De hecho, las carpetas que armó para tal fin seguían siendo consultadas hasta finales del 2008 por José Fernando Ovalle (pieza central en el caso) en una oficina del octavo piso del DAS que tenía carácter ultrasecreto.
Por eso, la Fiscalía llamó a responder a los directores del DAS hasta el año pasado, incluido el mismo Peñate. Y por eso, considera que el G-3 y los grupos que le siguieron rebosaron sus facultades y afectaron gravemente derechos y garantías constitucionales.
Más implicados Varios de los memorandos con los resultados de las interceptaciones ilegales aparecen entregados a Miguel Alzayús, hasta hace poco destacado fiscal de la administración Iguarán. Otros fueron robados por un detective que los ha filtrado y que en los próximos días será judicializado.
Pero el G-3 no estaba solo en esta labor. Hay pruebas documentales de que directivos y mandos medios de otras dependencias del DAS que incluso aún siguen en la institución les aportaron considerable información. Por eso, el listado de implicados que ya superó los 30 puede crecer en más de 15 personas.
Los blancos políticos Decenas de nombres aparecen en listas de blancos políticos. Además, el DAS aplicó tácticas de inteligencia ofensiva y trató de boicotear actividades de ONG. Esos habría pasado con la Semana por la Paz del 2005.
En el expediente también se comprueba que las prevenciones de los magistrados de la Corte Suprema hacia miembros del DAS en sus escoltas personales era justificada: El compendio de documentos también permite evidenciar que existen carpetas que son propias de la oficina de Protección Especial dice la Fiscalía, (...) Coordinación de seguridad a instalaciones o avanzadas e informes de los detectives que hacen parte del esquema de seguridad de estas personalidades.
Ante estos escandalosos hallazgos, la Fiscalía alista decisiones de fondo.
EL DAS TIENE DATOS DE OTROS AFORADOS La Fiscalía y la Procuraduría parecen haber aclarado por qué el DAS tenía en su poder información de magistrados y periodistas. En la base de datos del organismo (que data de los 70) hay informes de 13 millones 827 mil 977 colombianos que entraron a ese registro por movimientos migratorios, solicitud del pasado judicial, reportes a centrales de riesgo, decisiones judiciales, actuaciones de inteligencia o simples ingresos al edificio de Paloquemao. Incluso hay memorandos de la Procuraduría y de la propia Fiscalía pidiendo información de otros aforados como los congresistas Nancy Patricia Gutiérrez, Armando Benedetti, Wilson Borja, Piedad Córdoba, Salomón Saade y de los ex congresistas Zulema Jattin y Habib Merheg. El problema radica en el uso que un grupo de funcionarios le dio a esa información y en cómo la mezclaron con rastreos e interceptaciones ilegales, explicó un investigador. Dijo que la restructuración del DAS debe contemplar la separación de las labores de policía judicial (incluso renunciando a ellas) de las de inteligencia
