VENEZUELA, EN CONTRA DE LA CORRIENTE

VENEZUELA, EN CONTRA DE LA CORRIENTE

Los latinoamericanos aprendimos mucho durante los años 80, cuando pagamos el altísimo precio de políticas estatistas. Los estragos de la inflación, devaluaciones y quiebras afectaron profundamente la vida de millones de trabajadores. Aún los burócratas y planificadores tuvieron que admitir sus disparates al hacerse evidente que el principal activo de la industria privada el talento y espíritu empresarial no podía ser confiscado.

18 de junio 1995 , 12:00 a. m.

Entre los conceptos descubiertos en este gran despertar se destaca el hecho que los controles de cambio siempre crean más problemas de los que revuelven; que controles de precio solo logran represar temporalmente la inflación, causando seguidamente precios más altos e inferior calidad, mientras provocan distorsiones económicas, desabastecimiento y corrupción; que la estabilidad y crecimiento futuro dependen de la apertura económica, al atraer inversión extranjera a largo plazo y permitir que el mercado determine prioridades en las inversiones.

Lamentablemente, hay una excepción, un país que va a toda vela en dirección opuesta: Venezuela. Su gobierno está utilizando recetas económicas fracasadas e ingresos petroleros de 12.500 millones de dólares anuales para revertir las reformas económicas de libre mercado con que se moderniza el resto del subcontinente.

El presidente Rafael Caldera recientemente puso el ejecútese a dos leyes que había solicitado al Congreso como condición para restaurar las garantías constitucionales, suspendidas por él temporalmente hace un año, incluyendo el derecho a la propiedad privada, acatamiento del proceso legal en la confiscación de propiedades y libertad de desplazarse por el territorio nacional. La nueva y exageradamente punitiva Ley de Protección al Consumidor es una larga lista de delitos económicos que reafirma la visión populista del empresariado como enemigo del pueblo, acaparador y especulador .

La policía económica El cabildeo de parte de asociaciones empresariales apenas logró que se dejara fuera el requisito legal que tanto el precio a nivel de productor como al detalle fuese fijado en todos los productos. La idea era que el consumidor debe saber cuál es el margen de comercialización. Sin embargo, tanto los fabricantes como importadores de productos de primera necesidad tendrán ahora que informar a la policía económica, a la que se le ha dado el nombre orwelliano de Instituto para la Defensa y Educación del Consumidor y del Usuario (Indecu), los precios cargados a las empresas que venden al detalle, como también la fecha de cualquier cambio de precio, de manera que esa agencia gubernamental puede monitorear los márgenes y, por consiguiente, identificar públicamente y castigar a los especuladores . Los fabricantes de los llamados productos de primera necesidad están obligados a informar a las autoridades, con tres meses de anticipación, cualquier suspensión de su producción. En aquellas jurisdicciones donde no haya una oficina del Indecu, el alcalde de la localidad asumirá sus funciones.

El gobierno de Caldera ha impuesto controles de precios sobre 83 productos y servicios, incluyendo alimentos, medicinas, educación y hasta los cines. Pero, además, existe una lista no oficial y cambiante de productos y servicios básicos o concertados que son monitoreados por las autoridades. Bajo el Artículo 5, el Ejecutivo Nacional podrá dictar las medidas... destinadas a evitar el alza indebida de los precios de los bienes y las tarifas de servicios, declarados o no de primera necesidad . Bajo el Artículo 9, servir de espías es una de las funciones de los grupos de consumidores patrocinados por el gobierno. La ley también prohibe la difusión e noticias falsas que puedan causar desabastecimiento.

La extorsión Claro que escasez es el resultado automático de leyes como esta. De 700 cines que operaban hace diez años en Venezuela, quedan 200. Y en la práctica estas leyes exponen a los empresarios a la extorsión por parte de funcionarios. Bajo la nueva ley, discrepancias en los precios son penalizadas con cárcel de seis meses a tres años. Entonces, como se decía en los países comunistas, la corrupción se convierte en solución porque si no es posible cumplir la ley y sobrevivir, el soborno se convierte en parte integral de la estructura de costos.

La nueva Ley Penal del Régimen Cambiario impone hasta cinco años de cárcel e inmensas multas por el mal uso de moneda extranjera. Entre los delitos incluidos en esta ley: 1) Quien exporte moneda extranjera o cualquier medio de pago está sujeto a penalistas de uno a cuatro años de cárcel, más multas de hasta cinco veces el valor de la transacción. 2) Quien use información falsa para obtener divisas es penado con uno a cinco años de prisión, más multa de tres veces la cantidad involucrada. 3) Quien destine divisas lícitamente adquiridas a un fin distinto para el cual fueron concedidas será encarcelado de seis a 48 meses y pagará una multa de hasta tres veces el monto. 4) Quien no declare ingresos en moneda extranjera será multado entre 20 por ciento y 50 por ciento del monto involucrado.

Para coronar tan egregia ley, las penalistas se aumentan en un tercio si el delincuente es un ejecutivo o director de empresa, en manifiesta violación del fundamental principio de igualdad ante la ley. Las sanciones por delitos cambiarios son mayores que por narcotráfico, lavado de dinero y por abuso de menores, mientras se dejan en manos del Ejecutivo la determinación de futuros delitos cambiarios.

Más complicaciones Para mayor complicación, el gobierno decretó el 11 de abril un aumento de sueldo de 500 bolívares diarios (3 dólares) a todo empleado del sector privado con sueldo inferior a 10.500 pesos al año. Un pacto antiinflacionario firmado posteriormente imposibilita que el mayor costo sea trasladado al consumidor y prohibe los despidos. A industrias papeleras que han sufrido aumentos de 100 por ciento a 300 por ciento en sus insumos importados no se les ha autorizado aumentar sus precios y el gobierno amenaza con suspender la concesión de dólares para la importación de materias primas y componentes a empresas que no acepten el pacto .

Tal comedia de errores se lleva a cabo en medio de la virtual nacionalización del sistema bancario. Con el nombramiento de burócratas para ocupar cargos claves en la banca estatizada se prevé una gran piñata en la venta de los activos bancarios, en típica redistribución socialista de la riqueza.

El gobierno venezolano, con la mayor ingenuidad, parece no saber que el crecimiento económico es imposible de alcanzar sin leyes claras, firmes y aplicables a todos por igual. Las inversiones extranjeras no acudirán a un país donde las leyes se cambian a cada rato y aún los venezolanos no dejarán el grueso de sus inversiones en bolívares imposibles de convertir en moneda dura. Sin nuevas inversiones, el desempleo que alcanzó un nuevo récord (17 por ciento) seguirá creciendo. Según las estadísticas oficiales, 50 por ciento de los venezolanos pertenecen ya a la economía informal, 30 por ciento trabaja en el sector privado y 20 por ciento para el gobierno, mientras los jóvenes no logran conseguir empleo. Ese inmenso sector informal es indicativo del inmenso costo de un gobierno que persiste en ir contra la corriente del progreso.

*Periodista venezolano, director de la agencia de prensa AIPE. Este artículo fue originalmente publicado en The Wall Street Journal.

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