Su obsesión ha superado consejos y terapias, pues hace poco abandonó de manera definitiva los talleres de superación personal que estaba haciendo en Cali para devolverse a su tierra natal con el único objetivo de cancelar su cupo en el colegio, trabajar en sus parcelas y conseguir dinero para comprar más armas, pues según quienes fueron sus monitoras, ya posee una o dos para cumplir su propósito.
Este pensamiento se lo ha contagiado a sus hermanos Irmar, de 11 años; Edier, de 9 y Tatiana de 8 quienes se encontraban con él al momento del crimen y fueron mudos testigos de la aniquilación de sus progenitores por móviles políticos. Sin embargo, ellos aún continúan recibiendo la terapia de rehabilitación en la Fundación Ideal.
Todos comparten sus desgracias en medio de llantos y lamentaciones, pues allí convergen todos los que han sido golpeados por la violencia. Junto a estos niños Caucanos hacen su proceso de rehabilitación los siete jóvenes estudiantes del Colegio Don Bosco de Popayán que quedaron mutilados, quienes fueron emboscados en Puracé hace tres meses en un bus escolar por la guerrilla junto con 28 de sus compañeros de colegio.
El menor de ellos tiene 12 años y el mayor 17. Tanto ellos como los niños del Cauca y diez casos aislados más, reciben terapia individual y de grupo con sorprendentes resultados, pues Luis Benavides, de 15 años, uno de los jóvenes emboscados que quedó cuadrapléjico en el atentado, hoy camina lentamente y puede hablar aunque con alguna dificultad.
Mientras que uno de sus compañeros, Juan Carlos, superó el temor con que llegó, pues cada que oía un ruido fuerte se ponía a gritar y se escondía debajo de la cama, en el closet o en el lugar que encontrara a mano.
Así como ellos y en el mismo lugar, ahora tienen una nueva esperanza los 3,400 desplazados y los 4.200 amenazados que han llegado a Cali víctimas de la violencia política a través de la Fundación Ideal para la Rehabilitación Integral Carlos H. Calonje que dirige Estela Perlaza de Medina.
Por medio de este nuevo programa puesto en marcha ayer por la Presidencia de la República y el Fondo de Solidaridad Social se ofrecerá a este sector de la población alternativas terapéuticas y de capacitación que garanticen su posterior reinserción a la vida laboral y social del individuo.
Su radio de acción se extenderá a todo el departamento donde según la Secretaría de Desarrollo para la Comunidad se estima que en estas condiciones han llegado 800 personas a Tuluá; 650 a Buga; 850 a Cartago y 500 a Buenaventura que aún están viviendo del rebusque o la economía informal por lo que se pudo deducir del foro de Personeros para los derechos humanos realizado el pasado mes en Tuluá.
Según María Liliana Alvarez, trabajadora social sicopedagoga y coordinadora del programa víctimas de la violencia política , dentro de esta categoría se enmarcan aquellas personas de la población civil involucradas o que hayan presenciado actos tales como masacres, genocidios, asonadas, tomas guerrilleras, atentados terroristas y de narcoguerrilla, quienes por estas causas hayan tenido que escapar para conservar su vida, la de los suyos o evitar represalias.
Inicialmente dice se admitirán 100 personas flotantes que en un plazo estimado de tres meses recibirán terapias sicológicas y de familia, rehabilitación profesional y laboral a través de talleres en la Universidad Obrera de Alfonso López y convenios con microempresas para enseñarles la manera de generar ingresos a través de famiempresas.
