CASOS DE PROCURADOR Y CONGRESISTA A LA CORTE

CASOS DE PROCURADOR Y CONGRESISTA A LA CORTE

Es cuestión de horas que la Fiscalía General de la Nación compulse copias a la Corte Suprema de Justicia de la información que ha encontrado y que aparentemente vincula al Procurador General de la Nación y a varios congresistas con presuntos pagos del cartel de Cali.

14 de junio 1995 , 12:00 a. m.

Aunque voceros de la Fiscalía afirmaron que los documentos debían encontrarse ya en manos de la Corte, el presidente de esa corporación, Nilson Pinilla Pinilla, dijo que aún no los han recibido.

Con todo, la Fiscalía encontró mérito para remitir la documentación a la Corte para que ésta decida si abre o no procesos al procurador general, Orlando Vásquez Velásquez, y a los congresistas Ramiro Lucio y Fredy Ignacio Arteaga.

El nombre de Vásquez apareció en una lista de personas cuya estadía en el Hotel Intercontinental de Cali habría sido pagada por la firma Inversiones Ara Ltda, de propiedad de la familia Rodríguez Orejuela, cuando se desempeñó como senador entre 1993 y 1994.

Las conductas de Lucio y de Arteaga durante 1993, como representantes a la Cámara, también será investigada.

Entre tanto, a los documentos en los que aparecen nombres de dirigentes políticos vallecaucanos, encontrados en la vivienda donde fue capturado el presunto narcotraficante Gilberto Rodríguez Orejuela, se sumó el fin de semana anterior la versión de la existencia de un vehículo al servicio de un concejal caleño y del que se dijo, era propiedad de uno de los denominados capos del cartel de Cali.

El vehículo Toyota Land Cruiser, verde, con capota blanca, importado, de placas JUH 945, totalmente blindado, fue revisado por la Policía Metropolitana y el Bloque de Búsqueda en los parqueaderos del Concejo.

Se estableció que el propietario del vehículo es el liberal becerrista Armando Mosquera Torres.

Mosquera dijo que el vehículo estaba inmovilizado desde hace dos meses por orden de la Tercera Brigada, hasta tanto no llegara un permiso expedido desde Bogotá renovando el permiso de blindaje y el uso de vidrios polarizados.

Aclaró, que fue comprado a través de un intermediario del que no recuerda el nombre, en noviembre de 1990, fecha en la cual ordenó también su blindaje. Explicó que lo hizo por seguridad, pues por esa época fue amenazado de muerte.

El certificado de tradición del carro consta que es propiedad de Mosquera desde el 28 de noviembre de 1990. Sin embargo, como anteriores dueños aparecen el 16 de marzo de 1989 Hermes Sánchez Roa, quien era concejal de Cali en esa época, y dos años atrás, Miguel Rodríguez Orejuela, quien lo matriculó el 4 de septiembre de 1987.

Mosquera manifestó desconocer la identidad de los anteriores dueños, así como un proceso de decomiso que tiene el vehículo expedido por la Fiscalía General de la Nación, el 20 de mayo de 1994.

Sobre este último, en la Secretaría de Tránsito reposa la orden, pero no se especifica en qué proceso judicial está involucrado el automotor. Se conoció además, que el vehículo tiene multas pendientes de abril, mayo y junio de este año, por no tener el revisado al día.

De otro lado, algunas versiones indicaron que Mosquera Torres tiene entre sus cuotas políticas y trabajando en el Concejo, a una pariente muy cercana de Aura Lucía Restrepo Franco, la mujer que fue encontrada en compañía de Rodríguez Orejuela el día de su captura.

Esto no pudo ser corroborado, al tiempo que Mosquera desvirtuó la versión y explicó que no averigua los parentescos de las personas a quien colabora. El vehículo quedó a disposición de la Fiscalía Regional y luego será trasladado a la Fiscalía General.

Por su parte, el ex gobernador del Valle, Ernesto González Caicedo, envió un comunicado en el que aclara la existencia de su nombre en documentos hallados en la casa donde capturaron a Gilberto Rodríguez Orejuela.

Explicó que las letras de cambio que aparecieron firmadas por él, obedecen a un lícito crédito extrabancario, cuando contrajo una deuda en 1987 con Mariela Mondragón Avila, esposa de Gilberto Rodríguez Orejuela.

Según Caicedo, esta fue por varios millones de pesos, que respaldó por letras de cinco millones cada una. Se han efectuado pagos al Banco de Colombia, principal y Unicentro en Cali, entidades en la cual la Mariela Mondragón confió el cobro de las letras, estando aún por cubrir otro lote de las mismas .

El ex gobernador indicó que lo hizo para atender sus negocios agrícolas y ganaderos y que en el momento en que la Fiscalía General de la Nación le solicite aportar las pruebas, lo hará de inmediato.

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