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SIGUE ESCÁNDALO DE AUXILIOS EN EL CONCEJO DE MEDELLÍN

SIGUE ESCÁNDALO DE AUXILIOS EN EL CONCEJO DE MEDELLÍN

La Fiscalía General de la Nación confirmó la situación jurídica de 18 funcionarios, entre concejales, diputados y empleados públicos, comprometidos en el mal manejo de los auxilios que les fueron entregados por el Concejo de Medellín durante el período de 1990-1991. La instancia judicial ratificó la medida de aseguramiento con beneficio de excarcelación bajo caución, que fue dictada por la Fiscalía Seccional contra 15 de los implicados.

De acuerdo con la determinación de la Fiscalía Seccional, los funcionarios fueron dejados en libertad a finales del año pasado en vista de que restituyeron el valor total de los auxilios que les correspondió y, además, porque pagaron una indemnización que equivale a los intereses causados por esos dineros hasta la fecha.

Sin embargo, dijo la Fiscalía, continúan vinculados al proceso y siguen siendo objeto de investigación hasta tanto aclaren su real situación jurídica. Esta puede ser, que el Fiscal dicte resolución acusatoria contra los implicados o los exima de los cargos.

El escándalo por los auxilios en el Concejo de Medellín se conoció el martes primero de diciembre del año pasado, cuando la Fiscalía Seccional de Antioquia dictó, por presuntos malos manejos de dineros oficiales, varias medidas de aseguramiento contra ediles de la corporación, un diputado y empleados públicos.

Entre las personas que estuvieron retenidas en la Cárcel Especial de Yarumito se cuentan los concejales Máximo Pérez Soto, Alberto Piedrahíta Muñoz, Oscar Jairo Orozco, Francisco Ramírez Salazar; el diputado, Oscar Ramírez Giraldo; el ex secretario de Gobierno de Antioquia, Luis Guillermo Velásquez; los empleados de la Contraloría Departamental, Luis Fernando David, Guillermo Escobar, Juan Carlos Aristizábal, Liliana Muñetón; así como la empleada de una de las corporaciones objeto de investigación, Angela María Arroyave y la auxiliar del diputado Humberto Moncada, Aleyda Vargas.

Los fiscales investigaron a los sindicados por la destinación que hicieron de los auxilios oficiales que les fueron otorgados a partir del Acuerdo 059 de 1990. El total de los auxilios para el mencionado período fue de 600 millones de pesos. A cada uno de los veinte concejales principales que conformaron la corporación, les correspondió treinta millones de pesos.

También aparecen comprometidos el representante a la Cámara y ex concejal conservador, Guillermo Vélez Urreta y el actual secretario de la gobernación, Alvaro Pío Valencia. La Fiscalía se abstuvo de dictar medida de aseguramiento a Lucía Hoyos de Guerra, esposa del ex senador Bernardo Guerra Serna.

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