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Gran parte de los casos no tienen información que identifique a la víctima ni cuentan con un relato que nos indique circunstancias de modo tiempo y lugar.
Informe del fiscal Mario Iguarán presentado a la Corte Constitucional.
GERMÁN JIMÉNEZ LEAL REPORTERO DE JUSTICIA Con 183 casos contra miembros de grupos armados ilegales y hasta integrantes de la Fuerza Pública, la Fiscalía empezó a develar uno de los capítulos más dramáticos y vergonzosos del conflicto armado en Colombia: la violencia sexual contra mujeres.
El fiscal Mario Iguarán le acaba de entregar a la Corte Constitucional un informe sobre el avance de las investigaciones de casos que afectaron al menos a 500 colombianas y que algunas veces provocaron desplazamientos forzados de comunidades enteras.
Los hechos, según este primer reporte, ocurrieron entre 1993 y 2008, en 88 poblaciones de 26 departamentos del país.
La Corte ordenó el reporte hace casi un año, tras una audiencia especial en la que evaluó la respuesta del Estado a sus sentencias en favor de la población desplazada.
Ahora, la Fiscalía identifica por primera vez a 42 hombres a los que señala como responsables directos o indirectos de los abusos: hay 15 sindicados, 14 acusados y un condenado entre ellos.
Entre ellos figuran los extraditados jefes paramilitares Salvatore Mancuso y Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40, vinculados por actos de violación, tortura y homicidio de mujeres cometidos en las masacres de Chengue (Sucre) y El Salado (Bolívar).
La Fiscalía también indaga sobre la supuesta participación en estos delitos de miembros del Ejército, la Armada y la Policía, en 39 de los casos. En los hechos, dice el documento conocido por EL TIEMPO, hay un patrón general: usar la violencia sexual como arma de guerra y a la mujer como botín de guerra.
Pocos resultados La mayor dificultad para los investigadores fue la precariedad de los datos en 118 casos. El fiscal Iguarán los cataloga en su reporte de dolorosos ante las dificultades para abordar a víctimas y testigos Esta situación obligó a los investigadores a iniciar una estrategia de acercamiento con las comunidades. Se conformó un equipo de fiscales, la mayoría mujeres, y nueve investigadores de la Dijín dedicados de manera exclusiva al expediente. Previamente, todo el equipo tuvo capacitación especial.
Luego se cruzaron las denuncias de la Corte con información en la base de datos de cada seccional. De esta forma se encontró que 36 de las denuncias ya estaban judicializadas . Otras se encontraban archivadas y fueron reabiertas de inmediato. Finalmente, se diseñó un plan de investigación tomado como eje el grupo armado del posible autor de los abusos.
Así se ha llegado a establecer en 41 casos que las víctimas son menores de edad, que 24 son indígenas y que en 27 procesos los abusos sexuales investigados terminaron en homicidio. También se indaga sobre 11 casos de esclavitud sexual y seis de prostitución forzada.
En todo caso, se trata apenas de un vistazo inicial a una historia callada por las víctimas. Muchas veces las mujeres piden que no se pregunte por ellas a los desmovilizados, señala un fiscal de Justicia y Paz. Alias El Oso, jefe paramilitar de Sucre, se convertirá en el primer acusado en esa jurisdicción por casos de abuso.
Los crimenes .
de la guerrilla .
Por haber sostenido una relación sentimental con un policía, las Farc asesinaron el 19 de agosto del 2006 a una joven de 15 años.
Este es uno de los 10 casos en que la Fiscalía ha encontrado como responsable a grupos guerrilleros.
Su cuerpo apareció a dos kilómetros de Toribio (Cauca) el 29 de agosto del 2006. El cuerpo de la menor tenía cercenados los senos y con otros signos de tortura.
La denuncia del caso la hizo la Organización Nacional Indígena de Colombia (Onic) en un foro un mes después de su muerte. En abril del 2008 se convirtió en una de las 80 denuncias presentadas a la Corte Constitucional.
El caso fue encontrado después por la Fiscalía en su base de datos. Lo había asumido un fiscal seccional del Cauca que lo archivó.
El 12 de septiembre del 2008 fue reabierto y se encuentra en fase previa.
En Miraflores, Guaviare, la violación de una niña de 13 años fue la advertencia que le dieron las Farc a a los padres de la menor para que abandonaran de inmediato el pueblo.