Van 20 líderes de víctimas asesinados

Van 20 líderes de víctimas asesinados

A Juan, el campesino de Urabá que tomó el liderazgo de 1.200 desplazados que reclaman cuatro fincas que los ‘paras’ les quitaron hace más de una década, lo están rondando los mismos que mataron al hombre que él reemplazó. La mujer que llama a amenazarlo también le había advertido a Benigno Gil Valencia que se iba a arrepentir por encabezar el grupo de campesinos que recuperó a la fuerza los predios.

22 de febrero 2009 , 12:00 a.m.

Los dos sicarios que lo mataron por la espalda el 22 de noviembre pasado, en Chigorodó (Antioquia), le apuntaron también al corazón de un movimiento que reclama reparación en los procesos contra poderosos jefes ‘paras’ como Vicente Castaño, Raúl Hazbún y ‘Cuco’ Vanoy.

El de Gil no fue el primer golpe contra ese grupo de víctimas. A Jaime Antonio Gaviria lo asesinaron 13 días después en Chigorodó. Y en agosto ya habían matado a Juan Jiménez, uno de los que habían demandado por la propiedad de las fincas.

Urabá, según la Comisión Nacional de Reparación, es una de las zonas del país donde las víctimas de los ‘paras’ están sintiendo con más fuerza la presión para que no reclamen sus derechos.

En casi tres años ya van 20 líderes asesinados y en todos los casos aparece un elemento en común: los reclamos de antiguos desplazados por lo que les quitaron los violentos a sangre y fuego.

Ahora, lo que temen los que trabajan en la Reparación es que la violencia contra las víctimas se dispare. En un solo departamento, Antioquia, se habla de 525 amenazados y el Ministerio del Interior y de Justicia recibió, tan solo en el 2008, 463 solicitudes de protección. Más de 100 fueron concedidas porque el riesgo era inminente.

“Nos estamos acercando a las primeras condenas en Justicia y Paz –explica Eduardo Pizarro, presidente de la Comisión Nacional de Reparación–. Ante una pena máxima de ocho años, muchos desmovilizados aspiran a salir de prisión para gozar de los bienes que adquirieron ilegalmente y que están en manos de testaferros, de familiares o que están ocultos”.

Uno de los requisitos que impuso la Ley de Justicia y Paz para conceder la pena alternativa de 8 años fue entregar todos los bienes ilícitos para reparación, y en ese orden de ideas, cada persona que aparezca a reclamar lo que muchos ex Auc escondieron se convierte en una amenaza potencial de pasar 40 años preso. Y algunos están haciendo lo que sea para evitar ese riesgo.

Carmen, presidenta de la Asociación de Víctimas de Turbo, lo sabe bien. A ella la cuidan dos guardaespaldas, una camioneta blindada y las veladoras que enciende “para contar también con la protección divina”.

Bajo su liderazgo hay 180 familias que reclaman 1.100 hectáreas que, dice, están en manos de un testaferro. Lleva cuatro atentados: el más grave la tuvo dos meses en coma en el Hospital San Vicente de Paúl, de Medellín. Ella dice que tiene 20 años lidiando con la violencia, desde que los ‘paras’ asesinaron a su esposo en Valencia (Córdoba), y que el miedo no va a alcanzar a matarle las fuerzas para pelear porque se haga justicia.

Atlántico, Antioquia, Córdoba, Cauca, Valle y Caquetá aparecen como los departamentos donde más se siente la presión. Pero incluso en Bogotá hay víctimas que están con esquema de protección. Aunque las nuevas bandas aparecen en reportes de Fiscalía y Policía como supuestos responsables, son viejos victimarios los beneficiados por el silencio forzado de las víctimas: el desaparecido Vicente Castaño y ‘El Alemán’, entre otros.

Esperan por protección Entre las personas que están en lista de espera por protección hay 12 víctimas del occidente del país. Allí han asesinado a cuatro líderes.

Uno de ellos era Julio César Molina, quien había recibido junto con otras 20 familias desplazadas 447 hectáreas de las fincas ‘La Indiana’, ‘Túnez’ y ‘El Edén’ cerca de Ansermanuevo (Valle).

Lo mataron en La Germania, la finca que recibió como reparación, en mayo pasado. Para ese momento ya le habían hecho un atentado y habían torturado frente a él a uno de sus niños.

- ‘Les regalamos 4 años para esconder los bienes’ Eduardo Pizarro Leongómez, el presidente de la Comisión Nacional de Reparación, no duda en afirmar que el Estado se dejó coger ventaja de los ex Auc en la carrera por descubrir los bienes que las Auc despojaron en la guerra.

Pizarro, reconocido entusiasta del proceso, se duele del engaño de los ex jefes ‘paras’: “Duré un año negociando con ‘Macaco’ y solo entregó bienes por un millón de dólares. Después de que lo extraditaron le han quitado US$ 20 millones”.

¿Qué está pasando con la entrega de bienes? En este momento hay una tensión fuerte porque este año arrancan las Comisiones Regionales de Restitución de Bienes. Las 20 víctimas asesinadas habían liderado la reclamación de tierras. ¿Desde qué sectores están golpeando de nuevo a las víctimas? La restitución de bienes toca un tema muy sensible: hay entre 2 y 4 millones de hectáreas que le fueron expropiadas a la población desplazada y que están en manos de grupos armados ilegales, de testaferros o de sectores de élites regionales. En la medida en que avanzamos en la restitución de tierras, estamos tocando intereses de sectores interesados en defender sus propiedades a sangre y fuego. La protección a víctimas va a tener que fortalecerse. Mi punto es muy claro: el tema de tierras es el más complejo que vamos a afrontar en el 2009.

¿Está satisfecho con los bienes que han entregado los ex ‘paras’ para la reparación? Hagamos una cuenta: Acción Social tiene bienes entregados por 25.000 millones de pesos. Pero la parte realmente importante es la que está en manos de la Dirección Nacional de Estupefacientes, que cuadruplica esa cifra. Son bienes que la Fiscalía y la Policía les han quitado.

¿Por qué les han descubierto más bienes ahora que no están en Colombia? Yo duré un año negociando con jefes paramilitares en la cárcel de Itagüí la entrega de bienes. Por ejemplo, el señor Carlos Mario Jiménez, ‘Macaco’, mientras estuvo en Colombia entregó bienes por un millón de dólares; hoy le han ocupado bienes por 20 millones. Debo decirlo: la entrega voluntaria de bienes ha sido muy decepcionante.

¿Por qué esta situación? La Ley de Justicia y Paz no determinó en qué momento del proceso debían entregar los bienes. Y la famosa sentencia de la Corte Constitucional, que todo el mundo ha aplaudido, dejó un vacío que han aprovechado. Nosotros y la Fiscalía entendíamos que los jefes paramilitares debían entregar los bienes para hacerse partícipes de Justicia y Paz. Pero de acuerdo con la interpretación de los abogados de ellos, pueden entregar bienes hasta un minuto antes de la condena penal. Qué ocurrió? Que les regalamos dos, tres, cuatro años para desaparecer lo que arrebataron. Entonces, en muchas regiones las propiedades han cambiado cuatro veces de dueño. Están borrando origen de los bienes con ventas ficticias.

- Desmovilizados, también en riesgo Luis González, jefe de los fiscales de Justicia y Paz, advierte que también hay una escalada violenta contra los desmovilizados que están colaborando para esclarecer los crímenes de las autodefensas.

La presión también la sienten sus familias, especialmente en los departamentos de Antioquia y Santander.

“Esas personas han ayudado a saber la verdad sobre muertes y desapariciones que llevaban años en la impunidad, y los están presionando para que no sigan hablando. La reparación no es solo entregar los bienes, si los tienen; ayudar a encontrar a un desaparecido y poder entregarlo a su familia, eso también es reparación”, dice el fiscal González.

Con cerca de 500 imputaciones contra los ex Auc, en los próximos meses arrancará en firme la etapa de juicios en Justicia y Paz. Salvatore Mancuso será uno de los primeros acusados.

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