CONDENA MILLONARIA CONTRA LA POLICIA

CONDENA MILLONARIA CONTRA LA POLICIA

La celebración de su primera audiencia como fiscal del Juzgado Tercero Superior de Tunja terminó en la muerte para el abogado Guillermo Alfonso García Fernández. El 27 de septiembre de 1988, y apenas unos pocos días después de haber sido designado para el cargo, García decidió compartir unos tragos con sus amigos, en el sector del Barrio Las Nieves de Tunja. Después de la conversación con sus amigos, los chistes, las risas y unos cuantos tragos, el fiscal salió a la calle con el própósito de dirigirse a su residencia.

28 de abril 1995 , 12:00 a.m.

A las diez de la noche y cuatro minutos, García fue atropellado por una motocicleta, marca Honda, color rojo y de propiedad de la Electrificadora de Boyacá. La moto había sido puesta a disposición de la Sijín y era conducida por el agente de policía Luis Carlos Duarte, adscrito al Departamento de Policía Boyacá.

En desarrollo de la investigación el agente Duarte explicó que en el momento del accidente cumplía con su servicio policial de inteligencia para prevenir atentados terroristas contra instalaciones y redes de la Electrificadora de Boyacá .

El fiscal García tenía 37 años de edad y estaba casado con Juliet Kure Kattah con quien procreó tres hijas: Lyda Zamira, Liliana Paola y Juliette Marcela. La demanda contra la Policía Nacional fue entablada por la esposa, los hijos y los hermanos del difunto La sentencia Seis años después de ocurrido el hecho, el Consejo de Estado, a través de la Sala de lo Contencioso Administrativo, acaba de ratificar una sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá que declara administrativamente responsable a la Nación- Policía Nacional de los perjuicios materiales y morales causados a Juliet Kure Kattah, esposa del Fiscal García, a sus hijas y a sus hermanos.

Sobre el accidente, y en desarrollo del proceso investigativo, la Policía Nacional propuso la culpa de la víctima o su compensación en virtud del estado de embriaguez de la misma. El Tribunal dijo sobre el particular que si bien es cierto que diferentes pruebas indican que el abogado García había ingerido licor con sus amigos Marco Julio Sánchez, Miguel Díaz Vaca y Jorge Pedraza, no se estableció que el licor ingerido y detectado en la prueba técnica hubiese determinado el fatal desenlace.

También dijo el Tribunal era absolutamente necesario que la demandada, en este evento la Nación Policía Nacional, hubiese demostrado que la conducta de la víctima decidió y determinó el accidente en que pereció. Pero nada de eso se hizo. Se limitó a decir que como el doctor García se había tomado unos tragos esa tarde, tenía tufo y se le halló muestras de alcohol en su sangre, entonces fue el culpable de su muerte.

Absurdo planteamiento que implica que cuando el ciudadano por el simple hecho de ingerir licor, o por encontrarse en alguna situación de posible trastorno o liquidación sicosomática, sufre una especie de capitis diminutio máxima de sus derechos a la vida y a la integridad física .

El alegado de los demandantes estuvo sustentado en el hecho de que la víctima no estaba tan embriagada mientras que la Policía Nacional argumentaba que el alcohol causó graves transtornos en la persona de García, lo que provocó el accidente.

Con base en el análisis de medicina legal, las autoridades judiciales indicaron que la alcoholemia de 207 mgr% de alcohol etílico corresponde a una embriaguez clínica grado dos, cuyos límites son entre 150 mgr% a 249 mgr%. En este grado de embriaguez se encuentra usualmente: aliento alcohólico severo, disartría, nistagmus postural evidente, incoordinación motora severa, aumento del polígono de sustentación y romberg: positivo .

El grado de embriaguez de la víctima contribuyó -dice la sentencia- en un 20 por ciento de culpa al accidente en el cual perdiera la vida. Así, entonces, se modificó en tal sentido la condena, reduciéndola en tal proporción.

El Consejo de Estado falló que la Nación, a través de la Policía Nacional, debe indemnizar por perjuicios morales a la esposa y a las hijas con nueve millones seiscientos mil pesos para cada una. Para los cinco hermanos de la víctima se asignó el equivalente a 240 cuarenta gramos oro.

Además, por perjuicios morales, 70 millones de pesos para la esposa y 40 millones para las hijas.

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